El docente Eduardo Pintore, pone el foco sobre los informes requeridos a la casa de altos estudios. En una entrevista con MI VALLE detalla la necesidad de conocer la transparencia en los resultados de etas instancias.
¿Qué presentación fue la que realizó ante el máximo órgano de gobierno de la Facultad de Derecho de la UNC?
Se trata de una solicitud dirigida al Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UNC de información y su publicación sobre a) los dictámenes de los tribunales de concurso desde el año 2000 hasta la actualidad y, paralelamente b) los cargos o funciones que ocupaban las personas que participaron en dichos concursos, especialmente quienes salieron beneficiados en ellos.
¿Y qué lo que lo motivó a solicitar esa información?
Lo que me movió a presentar esta solicitud ante el máximo órgano de gobierno de la Facultad de Derecho es mi experiencia personal: En el concurso docente para un cargo de Profesor Adjunto en Derecho Internacional Público en el cual tomé parte en octubre de 2017, el aspirante que quedó posicionado anteúltimo en puntaje de antecedentes académicos de ocho participantes que éramos fue colocado por el tribunal de concurso en tercer lugar en el orden de mérito general, 0,25 puntos delante mío. En efecto, el Ab. Benítez no poseía título de posgrado alguno, siendo que había comenzado desde hacía más de trece (13) años una diplomatura prevista para dos. A la par de ello, a diferencia del que suscribe, tampoco tenía/tiene libro escrito de su autoría. Para ese entonces yo contaba con dos títulos de posgrado realizados en idioma alemán, esto es, una Maestría (LL.M) y un Doctorado en Derecho ambos por la Universidad Libre de Berlín, Alemania, obteniendo en el doctorado la nota magana cum laude, la segunda calificación más alta que expiden las universidades alemanas. A la par de ello yo ya tenía dos libros publicados de mi autoría, junto a otros antecedentes académicos tales como el cargo de Director de un proyecto de investigación SeCyT (UNC), docente invitado a cursos de posgrado en las universidades nacionales de Tucumán y La Rioja, artículos escritos, ponencias y clases dadas en Argentina, Alemania e Italia, entre otros. Ahora bien, no obstante que los reglamentos de la Universidad exigen tener un doctorado para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, el tribunal de concurso aplicó con Benítez la excepción de título y lo colocó en tercer lugar. El problema es que, de algún modo, este concurso tiene algunas vinculaciones con la política de la Facultad de Derecho.
¿Pero qué vinculación tendría esa situación con la política de la Facultad de Derecho?
Bueno, al momento de su presentación a concurso el Ab. Benítez se desempeñaba como Coordinador del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la UNC, nombrado durante el gobierno del por entonces Decano de dicha Facultad y actual Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, el Dr. Yanzi Ferreira. A su vez, quienes resultaron primera, la Dra. Sticca, y segundo, el Dr. Sommer, en el orden de mérito de Profesores Adjuntos, resultaron también primera y segundo en el orden de mérito en el concurso para dos cargos de Profesores Titulares, realizado al día siguiente por el mismo tribunal que el del concurso de Profesores Adjuntos que venimos comentando. Ahora bien, quien salió primera en el concurso de Titulares se desempeña desde el 2007 como Coordinadora Académica del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de nuestra Facultad nombrada durante el gobierno del entonces Decano y hoy Vicerrector Dr. Yanzi Ferreira, mientras quien salió segundo tanto en el concurso de Titulares como Adjunto fue Consejero Docente desde el 2016 hasta el 2019, esto es al momento de realizarse ambos concursos, por la agrupación política del entonces Decano y actual Vicerrector, la cual gobierna nuestra Facultad desde hace 25 años.
Por aquel entonces el Ab. Benítez había comenzado un doctorado siendo su Director de tesis el entonces Prof. Titular Dr. Pagliari, quien fue Consejero del claustro Profesores Titulares entre el 2014 y 2016 por la agrupación política del entonces Decano Dr. Yanzi Ferreira y de la cual el Dr. Pagliari fue uno de sus principales referentes. Es de notar, que justamente fue en esta época en la que el Dr. Pagliari se desempeñó como Consejero oficialista que se determinó el tribunal de concurso, el mismo para Titulares y para Adjuntos, por resoluciones Res. HCD 520/2014 y Res. HCD 323/2015 y Res. 305/2016.
¿Y Ud. cree que la pertenencia política pudo haber influido en la decisión del tribunal de concurso?
Es algo que debemos aún investigar, lo que sí es claro es que el desempeño del tribunal de concurso fue lamentable. En cuanto al concurso para dos cargos de Profesores Titulares, éste fue declarado nulo el 14 de septiembre de 2021 por la Cámara Federal de Córdoba en autos Touriño, José Marcelo c/ Universidad Nacional de Córdoba s/ Recurso Directo Ley de Educación Superior Ley 24.521, por arbitrario apartamiento de las normas relativas a la sustanciación de los concursos docentes (considerando IV de dicho fallo). Este fallo de la Cámara Federal fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el 16 de junio de 2022 que denegó los recursos extraordinarios que habían interpuesto la Universidad y una docente.
En cuanto al concurso de Adjuntos, realizado por el mismo tribunal de concurso que el anterior citado, el HCD por Res. HCD 360/2020 dictaminó la nulidad parcial, ya que rechazó la excepción de Título Máximo que hiciera el tribunal por insuficiencia en la motivación, confirmó la inexistencia del cargo de “Coordinador de Adscriptos” afirmada por el Ab. Benítez en su presentación a concurso docente (declaración jurada) ya que la misma “no acredita ninguna tarea concreta y específica” (Res. HCD 360/2020). La Res. HCD 360/2020 fue recurrida sin embargo por mí ya que no valoró jurídicamente la conducta de invocar en un concurso docente una función inexistente, constatada por la misma resolución en base a prueba producida en el mismo procedimiento de impugnaciòn, a la par de que no valoró las demás irregularidades en la presentación del Ab. Benítez, probadas en el proceso, y declaró la nulidad parcial del concurso afectando, no sólo al participante impugnado sino a todos los concursantes salvo el primer y segundo lugar correspondiente a la Dra. Sticca y el Dr. Sommer, los cuales fueron dejados firmes.
El tercer puesto en este concurso de Adjuntos era de fundamental importancia ya que, recayendo la primera y la segunda posición en las mismas personas, tanto en el concurso de Titulares como de Adjuntos, el tercero en este segundo concurso quedaría como Adjunto por concurso y, por lo tanto, el candidato natural a ocupar el cargo de Titular de la Cátedra C de Derecho Internacional Público que quedó bacante por jubilación, el año pasado, de su Titular. Esto es tan así que baste mencionar que, a causa de la impugnación, la titularidad de la Cátedra C está bacante desde el año pasado.
Con los hechos aquí expuestos, es claro que de no haber sido impugnados ambos concursos, las titularidades de las tres cátedras de Derecho Internacional Público hubieran quedado en manos de personas que son/fueron funcionarios y consejeros de la agrupación política que gobierna nuestra Facultad desde hace 25 años. Esto hubiera sido una feliz coincidencia para el oficialismo perpetuado en el poder de la Facultad de Derecho, ¿no lo cree?
Pero fíjese que hay más: el Secretario de Posgrado y actual Vicedecano de nuestra Facultad, y uno de los principales referentes de la agrupación política oficialista, el Dr. García Chiple, en pleno procedimiento de solicitud de juicio académico en contra del Ab. Benítez por las irregularidades cometidas en su presentación a concurso, procedimiento que se está aún desarrollando en la actualidad, formó un tribunal de tesis para dicho Abogado y que fuera aprobado por Resolución Decanal RD 2021-642-E-UNC-DEC#FD del 30 de junio de 2020. Lo interesante es que se nombraron como miembros de ese Tribunal, a la par de un Docente extra-Facultad tal como lo exige el reglamento, a aquellos que salieron primero y segundo en ambos concursos docentes aquí mencionados, esto es, la Dra. Sticca y el Dr. Sommer. Esto significa que el Secretario de Posgrado y uno de los principales referentes de la agrupación política que gobierna nuestra Facultad desde hace 25 años ha nombrado a una funcionaria y un exconsejero de esa agrupación, para que oficien de tribunal en la tesis doctoral de un exfuncionario de la misma agrupación, tesis doctoral dirigida por un exconsejero de esa agrupación.
Por otro lado, esto no es nuevo en la conformación de los tribunales doctorales cuando el Director de tesis es el Dr. Pagliari, ya que en cuanto a los miembros locales de dichos tribunales doctorales en los últimos años fueron todos ocupados por funcionarios de la agrupación política que gobierna nuestra facultad, incluido el tribunal que juzgará la tesis del Ab. Benítez, tal como ya expuse. El obtener el título de Doctor en Derecho es claramente importante para poder participar en futuros concursos con mayores ventajas.
Pero lo que Ud. relata aquí puede tratarse sólo de un caso aislado y puntual….
Mire, a la par de los hechos que le acabo de narrar, todos hechos absolutamente comprobables, me he enterado de situaciones parecidas en concursos docentes en otras cátedras de la Facultad, en los cuales personas cercanas a la agrupación política que gobierna nuestra facultad desde hace 25 años habrían resultado desproporcionadamente valoradas con respecto a personas que no lo eran. Esto es un dato importante que debe ser clarificado, ya que de comprobarse el hecho de que docentes cercanos a la estructura que gobierna la Facultad de Derecho desde hace 25 años obtengan sistemáticamente los cargos en los concursos docentes, sobre todo cargos superiores, ciertamente que repercute en la formación de la mayoría dentro del Consejo Directivo petrificando, o quizás incluso ampliando aún más, la mayoría absoluta que la agrupación gobernante posee desde hace décadas.
¿Y qué es lo que persigue concretamente con la solicitud que realizó entonces?
Yo solicité la publicación de los dictámenes de todos los concursos desde el año 2000 hasta la actualidad, como así también la publicación de qué cargos o funciones desempeñaban/desempeñan las personas que tomamos parte en esos concursos. Con toda esa información a disposición se podrá corroborar, si algunas sospechas son fundadas o no. Se trata de elaborar una estadística en base al resultado de los concursos docentes y los cargos que ocupaban quienes resultaron favorecidos en los mismos. Se trata también el derecho que tenemos los ciudadanos de ser informados sobre la cosa pública.
¿Y cree que su solicitud será atendida?
Sinceramente no creo que el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho vaya a negarse a recopilar y publicar esta información, primero, porque el ser informados como ciudadanos y tener esa información al alcance de nuestras manos es un derecho de los ciudadanos y una obligación de la administración y, segundo, si el trabajo solicitado no se realiza o su ejecución se dilata en el tiempo, se estarían levantando aún mayores sospechas de que, efectivamente, se quiere ocultar alguna realidad incómoda para las estructuras de gobierno de nuestra Facultad. No se olvide que nuestra Facultad provee no sólo los abogados, sino también los fiscales y jueces del sistema judicial de nuestra provincia, como así también varios de los políticos que la gobiernan. Por todo ello es de suma importancia lo que está pasando en la Facultad de Derecho.
Muchas gracias por la entrevista y seguiremos este tema de cerca.
El agradecido soy yo, ya que la prensa es un factor decisivo en el buen funcionamiento de las instituciones republicanas, llevando a conocimiento de la ciudadanía situaciones que de otro modo quedarían ocultas, fuera del alcance de las personas que con sus impuestos mantienen también a nuestra Facultad y a nuestra Universidad.