El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba hizo lugar de manera total a una acción de amparo colectiva presentada contra el programa Incluir Salud y el PAMI, ordenando a ambos organismos la regularización y continuidad de los pagos correspondientes a prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas.
La resolución fue dictada este martes por el juez federal Miguel Vaca Narvaja, quien dispuso que ambas entidades deberán normalizar de manera urgente e ininterrumpida la cadena de pagos que, según consta en el expediente, registraba importantes demoras que afectaban a miles de beneficiarios, así como a instituciones, centros de día y profesionales encargados de brindar asistencia.
La acción judicial fue promovida por la abogada Marta Lastra, referente de Defendamos Córdoba en temas vinculados a discapacidad. El amparo posee alcance colectivo, por lo que la sentencia beneficia a todas las personas que se encuentran en una situación similar y que dependen de estas prestaciones para garantizar tratamientos, atención médica y servicios esenciales.
En los fundamentos del fallo, el magistrado fue contundente respecto de la responsabilidad estatal. “No puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado en varios casos constatados, desatendiendo derechos fundamentales de un colectivo sumamente vulnerable como el de las personas con discapacidad”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que la persistencia de estas conductas podría derivar en responsabilidades civiles y penales para quienes resulten responsables de los incumplimientos.
“El Estado de Derecho implica el sometimiento de los gobernantes a la ley”, expresó Vaca Narvaja en la resolución, donde además afirmó que el Ministerio de Salud debe cumplir de manera inmediata con la legislación vigente y poner fin a las demoras injustificadas que afectan a las personas con discapacidad.
El fallo destaca además que la asistencia integral a este sector constituye una política pública fundamental del país y remarca que los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud no pueden quedar limitados a una mera declaración formal, sino que deben garantizarse de manera efectiva.
La resolución judicial aborda un conflicto que se venía profundizando desde finales de 2025 debido a cortes e irregularidades en la cadena de pagos estatales. Según se desprende de la sentencia, se constataron demoras de hasta cinco meses en la cancelación de servicios ya prestados por instituciones y profesionales.
En ese sentido, el juez sostuvo que los mecanismos burocráticos y las políticas de control fiscal no pueden aplicarse a costa de la continuidad de tratamientos de salud crónicos destinados a sectores especialmente vulnerables de la población.
Con esta decisión de primera instancia, la Justicia Federal ordenó a Incluir Salud y a PAMI garantizar la normalización inmediata de las prestaciones, con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención y proteger los derechos de miles de personas con discapacidad en todo el país.