Hackeo al Poder Judicial: el daño o sabotaje informático

Nadie puede negar que en el mundo actual la informática ocupa un lugar muy importante en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, mucho más desde la Pandemia producida por el Coronavirus, ya que se tornó indispensable la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación e información (TIC) para llevar adelante cualquier tipo de actividad económica, social o personal. La necesidad de mantener medidas preventivas de aislamiento y distanciamiento, concluyeron también en una utilización masiva de una nueva modalidad contractual como lo es el teletrabajo o trabajo a distancia.

Lamentablemente, no solo se incrementó el uso de estas nuevas herramientas sino también la delincuencia informática que creció en nuestro país un 300 % con diversas figuras delictivas, especialmente, las referidas a defraudaciones y estafas. En Estados Unidos durante el año 2020 los casos de robo de identidad (phishing) se duplicaron, produciéndose pérdidas económicas por más de 3.300 millones de dólares.

En Córdoba, el pasado sábado 13 de agosto la infraestructura tecnológica del Poder Judicial fue víctima de un ciberataque por un “ransomware” que ha comprometido seriamente el acceso y disponibilidad de sus servicios informáticos. El “ransomware” es uno de los numerosos tipos de procedimiento de la ciberdelincuencia, consistente en un programa malicioso que encripta los archivos e información almacenada, impidiendo el acceso del titular o propietario de esos datos. El ciberdelincuente se apodera de toda esa información, exigiendo un rescate generalmente en dinero (criptomonedas) para liberar o devolver el acceso.

Hoy, todos los servicios informáticos del Poder Judicial de Córdoba están gravemente afectados en su integridad y funcionamiento, incluyendo el SAC (Sistema de Administración de Causas) que es un prototipo de gestión judicial donde se registran todos los expedientes que se tramitan y sus sucesivos trámites procesales.

Todavía no hay demasiada información para precisar el alcance real de lo sucedido, pero no cabe dudas que el ataque informático sufrido en el Poder Judicial de Córdoba tiene las consecuencias típicas de lo que se ha definido como “daño informático” o “sabotaje informático”, es decir, afectar la “libertad de disposición” de los datos, y muy posiblemente, la pérdida efectiva de información. Como consecuencia de la maniobra, se “alteran, destruyen o inutilizan” datos, documentos, programas o sistemas informáticos, conductas que están previstas en el artículo 183 de nuestro Código Penal. La figura agravada o calificada, estipulada en el artículo 184, se produce cuando el código malicioso afecta datos, programas o sistemas informáticos públicos o destinados a servicios de salud, comunicaciones, energía, medios de transporte, etc.

El “ransomware” es una modalidad que combina el daño informático con la conducta extorsiva, ya que impide el acceso a los datos almacenados en el sistema, y por otro lado, exige una determinada suma de dinero para devolver o habilitar nuevamente ese acceso.

Es una modalidad de extorsión online (“online extortion”), que ha evidenciado un enorme crecimiento en el mundo de la ciberdelincuencia, generando su incorporación positiva como figura penal en el derecho de numerosos países como Estados Unidos, Alemania, España, etc. con penas de entre cinco y diez años. En nuestro país, la figura actual de extorsión del artículo 168 del Código Penal, no la regula de modo expreso, por lo que será necesaria la inmediata incorporación de esta modalidad extorsiva.

Eduardo Castillo Páez, Abogado. Criminólogo y Diplomado en Ciencias Forenses