Reformas en el Consejo de la Magistratura, un tema que no despierta interés pero que perjudica a toda la ciudadanía

El Poder Judicial se enfrenta al Legislativo en una pelea que define la vida institucional democrática.

Para entender un poco lo que pasa en el 2022 hay que remitirse al año 1994 a un evento político que se llamo El Pacto de Olivos.

Cuando Carlos Menem buscaba su reelección, acordó con el líder del otro partido mayoritario, Raul Alfonsín, quien presidía la Unión Cívica Radical, sellar un acuerdo permitiendo la aprobación de una Reforma Constitucional con el voto del dos tercios del Poder Legislativo.

Para aprobar un segundo mandato, la UCR solicitó ampliar los senadores por provincia, pasando de dos a tres, permitiendo que, en la Cámara, el ganador de cada distrito se quede con dos lugares y el segundo con uno. Esto cambió su composición para siempre, debido a la mayoría peronista que se sostenía, prevaleciendo sobre todo los números del interior.

Esta posición dominante del Justicialismo, le daba la posibilidad de elegir los Jueces, por mayoría propia.

Al cambiar los representantes, se buscó un modelo de elección para los jueces de forma colegiada, donde 20 miembros formaban el Consejo de la Magistratura, por el cual se iban a designar o sancionar a los magistrados, siempre con mayoría agravada de dos tercios.

Con la Reforma del 94, el presidente del Consejo le pertenecía a la Corte Suprema, es decir, el Poder Judicial, que en cierta forma controlaba al Poder Judicial.

En el año 2006, se decide cambiar la composición del Consejo, pasándolo a 13 miembros y quitándole a la Corte Suprema, la presidencia, ante esta ley aprobada se plantea la inconstitucionalidad, llevándole al Superior Tribunal 16 años para expedirse.

El dictamen determinó que se le daba 6 meses de plazo al Senado para presentar una nueva ley o cumplido el plazo volvía a regir la reforma de 1994.

Consultado por Mi Valle, el abogado constitucionalista Antonio Maria Hernandez (H), sostiene que el fallo de la Corte Suprema “Se ajusta a derecho; al reducir a 13 los miembros, se rompe con el equilibrio que proponía la Reforma del 94”.

Es por esto que Daniel Alonso, Juez Federal de Paraná, quiso designar a dos Senadores como miembros del Consejo, acto que fue anulado por la Corte que solicitó se evalúe la conducta del magistrado. Sobre esto Hernández destacó, “celebro este fallo, porque que un Juez Federal se oponga a la Corte, significa que no hay respeto por las instituciones”.

Ante esta situación se plantean dos visiones: una es la técnica, la que el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti esta en condiciones de asumir y la “ética” (podría llamarse) donde se alerta sobre una concentración de poder, debido a que una sola persona tendrá el criterio de asignación y sanción de Magistrados, poniendo en la subjetividad el condicionante de sus fallos.

Es decir, Horacio Rosatti, miembro del Corte designado por decreto, (algo que esta fuera de la constitucionalidad claramente) y que se autovotó Presidente de la Corte Suprema, suma una nueva presidencia en el Consejo, sin creer que existe en todos estos hechos ninguna irregularidad técnica, ni ética.

Desde el otro lado, una clase dirigente que no logra construir consensos básicos parlamentarios, reclama un lugar que dejó escapar por propia impericia, sin hacer lo básico: generar acuerdos.

Lo cierto que un Poder Judicial desprestigiado por la ciudadanía, se enfrenta en una disputa palaciega con el Poder Legislativo, jugando al TEG en una sociedad que cada vez, los siente más lejanos.

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