En los últimos días comenzaron a multiplicarse en redes sociales publicaciones de madres que exponen situaciones de incumplimiento de cuotas alimentarias y reclaman a los padres que asuman sus responsabilidades. Algunas piden información sobre sus lugares de trabajo para avanzar con embargos, mientras otras apelan directamente al escrache como una forma de visibilizar reclamos que, aseguran, llevan años sin respuesta.
Las redes sociales se convirtieron en escenario de un fenómeno que genera cada vez más repercusión: madres que hacen públicos sus reclamos contra progenitores que, según denuncian, no cumplen con las obligaciones alimentarias establecidas para sus hijos.
A través de placas, fotografías y publicaciones con ironías, algunas mujeres comenzaron a identificar públicamente a los padres y a contar sus historias. El objetivo, según expresan, es dejar de afrontar en soledad los gastos de crianza y ejercer presión para que se cumplan acuerdos o resoluciones judiciales.
Uno de los ejemplos que circuló en redes invita directamente a “pagar la cuota alimentaria de tus hijos” y utiliza una fotografía del padre junto con los nombres y edades de los niños. La publicación, además, solicita que quienes conozcan dónde trabaja el hombre aporten esa información para intentar avanzar con un embargo.
La frase que acompaña la imagen resume el sentimiento de quienes recurren a este mecanismo: “A veces la justicia social y el escrache trabajan más rápido que la justicia de este país”.
“Estoy cansada de luchar sola”
Entre los testimonios publicados aparece el de una madre que relató que desde 2021 existe un convenio judicial que establece una cuota alimentaria equivalente al 27,5% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Según contó, el acuerdo no se habría cumplido de manera regular y asegura que es ella quien afronta prácticamente todos los gastos de sus hijos: medicamentos, ropa, alquiler, servicios y alimentación.
“No estoy pidiendo que nadie me regale nada. Estoy pidiendo que se respete un convenio y que se cumpla con la responsabilidad que corresponde como padre”, expresó.
La mujer también planteó que el reclamo no se limita al aspecto económico y reclamó mayor presencia en la vida cotidiana de los hijos: compartir tiempo, cuidarlos y acompañarlos.
“Yo no quiero vivir exponiendo estas cosas ni estar hablando de esto públicamente. Pero estoy cansada de luchar sola”, escribió.
Reclamos que llevan años
Otro de los testimonios difundidos plantea una situación similar. La madre asegura que inició una demanda de alimentos en 2023 y que el proceso demoró aproximadamente un año.
Según su relato, el progenitor habría realizado depósitos durante menos de un año y posteriormente habría dejado de hacerlo tras perder su trabajo en julio de 2025.
La mujer cuestiona que, pese a esa situación laboral, el hombre continúe —según afirma— manteniendo determinadas actividades y cobertura médica, mientras ella continúa afrontando las necesidades de su hija.
En su publicación también recordó una conversación en la que, según sostiene, el padre habría manifestado que no le interesaba hacerse cargo de la niña. Incluso compartió audios como respaldo de sus dichos.
Su conclusión refleja el nivel de hartazgo que atraviesa: “Solo busco que los progenitores (…) caigan como tiene que ser”, escribió.
Del reclamo privado al escrache público
Las publicaciones muestran cómo un conflicto que tradicionalmente quedaba circunscripto al ámbito familiar y judicial comienza a trasladarse a las redes sociales.
En algunos casos, las madres no solamente cuentan sus historias sino que solicitan a sus seguidores información sobre los padres denunciados: dónde trabajan, quiénes son sus empleadores o cómo ubicarlos para avanzar con medidas destinadas al cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
También aparecen pedidos para compartir masivamente las publicaciones con la intención de que lleguen a familiares, compañeros de trabajo o empleadores.
La situación plantea, al mismo tiempo, un debate sobre los límites de la exposición pública. El incumplimiento de una obligación alimentaria puede y debe canalizarse por las vías judiciales correspondientes, pero el hartazgo frente a procesos que las denunciantes consideran lentos o insuficientes está llevando a algunas madres a utilizar las redes como una herramienta de presión social.
Una problemática que excede la cuota
Detrás de cada publicación hay una discusión más profunda: quién sostiene económicamente la crianza cuando uno de los progenitores no cumple con lo acordado.
Alimentos, medicamentos, vestimenta, vivienda, educación y actividades forman parte de los gastos cotidianos que recaen sobre las familias. Cuando uno de los responsables deja de aportar, la carga puede terminar concentrándose en el otro progenitor.
Por eso, más allá del tono utilizado en cada publicación, los testimonios tienen un punto en común: el reclamo de que la responsabilidad parental no termine dependiendo únicamente de quien convive con los hijos.
Las redes, en este contexto, aparecen como un nuevo escenario de denuncia y visibilización. Para algunas madres son una manera de hacer escuchar un reclamo que sienten que no obtuvo respuesta durante años. Para otras, una forma de ejercer presión cuando las herramientas institucionales parecen no alcanzar.
Mientras el fenómeno comienza a multiplicarse, el debate queda abierto: ¿hasta dónde puede llegar el escrache como herramienta de reclamo y dónde comienza el riesgo de vulnerar derechos?
