Una investigación judicial iniciada a partir de la desaparición de una adolescente en Villa de María del Río Seco derivó en una causa de gran magnitud por presuntos hechos de grooming, abuso sexual y posibles situaciones de explotación sexual de menores. Con el avance de las medidas, el expediente ya alcanza a 16 personas detenidas y tiene cuatro adolescentes identificadas como presuntas víctimas.
La investigación está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, y comenzó a tomar otra dimensión luego de que una adolescente que había sido reportada como desaparecida fuera localizada en Santiago del Estero junto a otra menor. A partir del análisis de teléfonos celulares, mensajes, contactos y otros elementos incorporados al expediente, la Justicia comenzó a reconstruir los vínculos que las adolescentes habrían mantenido con distintos adultos.
Los primeros procedimientos se realizaron a fines de julio en Villa de María del Río Seco. En aquella instancia fueron detenidos siete hombres y la investigación apuntaba a posibles delitos de grooming, abuso sexual y explotación sexual de dos adolescentes de 13 y 14 años. Con el correr de las semanas, nuevas declaraciones y pericias permitieron ampliar considerablemente el expediente.
Actualmente, la causa reúne a cuatro adolescentes como presuntas víctimas. Una de ellas, de 16 años, aportó un testimonio que permitió avanzar sobre nuevos sospechosos. Según explicó la fiscalía, esa declaración derivó en nuevas órdenes de detención y permitió incorporar a la investigación a un efectivo de la Policía de Córdoba que se encontraba en actividad. El policía fue detenido e imputado por grooming y abuso sexual con acceso carnal.
Un exasesor legislativo, entre los principales imputados
Uno de los nombres que adquirió mayor relevancia dentro del expediente es el de José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor vinculado al legislador oficialista Ramón “Cañito” Flores.
Villarreal está acusado en la causa y la Fiscalía agravó posteriormente su imputación, incorporando también el delito de promoción de la corrupción de menores. La investigación sostiene que habría sido señalado por hechos relacionados con varias de las adolescentes involucradas en el expediente.
La situación generó además consecuencias políticas. Flores dejó su banca en la Legislatura provincial en medio del escándalo y de la investigación que alcanzó a quien había trabajado como asesor vinculado a su estructura política. La Justicia, a su vez, analiza circunstancias relacionadas con el entorno del exlegislador, entre ellas la posibilidad de que algunos de los hechos investigados hayan ocurrido en un campo de su propiedad.
En las últimas semanas también tomó estado público un audio atribuido a Villarreal e incorporado a la causa. El contenido generó fuerte repercusión por las expresiones utilizadas para referirse a mujeres durante una campaña política. La grabación es analizada dentro del expediente y constituye otro de los elementos que rodean al exasesor.
Una denuncia de 2021 que quedó en una comisaría
Uno de los puntos que más interrogantes genera en torno a la respuesta institucional es el antecedente que surgió al revisar los registros de Villarreal.
La Fiscalía detectó que en 2021 había existido una denuncia contra él por presuntos hechos de abuso sexual con acceso carnal y reducción a la servidumbre. La investigación de aquel momento no llegó a la Fiscalía de Deán Funes: el expediente quedó en la comisaría de Villa de María del Río Seco y nunca fue remitido para continuar con el trámite judicial correspondiente.
La fiscal Analía Cepede explicó que el expediente fue encontrado cuando se revisaron los antecedentes de los actuales imputados. Según la reconstrucción realizada por la Justicia, la denuncia había derivado en una imputación, pero el sumario quedó en la dependencia policial.
La situación derivó en una investigación sobre el funcionamiento institucional y en el desplazamiento de autoridades de la Unidad Regional Departamental Río Seco. Las nuevas autoridades fueron designadas por la Policía de Córdoba mientras se analiza qué ocurrió con aquella denuncia y por qué no siguió su recorrido judicial.
También se investiga la circulación de los contactos de las adolescentes
Otro de los aspectos centrales de la investigación es determinar cómo se producían los contactos entre los adultos y las adolescentes.
La Fiscalía analiza mensajes, teléfonos, comunicaciones y otros elementos secuestrados durante los allanamientos. Parte de la investigación apunta a establecer si existía circulación de información entre algunos de los hombres involucrados respecto de las adolescentes y si los contactos se producían de manera individual o respondían a algún mecanismo más amplio.
Sin embargo, la propia Fiscalía aclaró que hasta el momento no se encuentra acreditada la existencia de una organización criminal estructurada. Por eso, el término “red” debe ser utilizado con cautela mientras continúa la investigación.
La causa permanece abierta y la Justicia no descarta nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas. Las pericias sobre dispositivos electrónicos, comunicaciones y testimonios continúan siendo parte central del expediente.
Una investigación que vuelve a poner el foco en la respuesta del Estado
Más allá de las responsabilidades individuales que deberá determinar la Justicia, el caso abrió un debate sobre las respuestas institucionales frente a situaciones de violencia y abuso contra niñas y adolescentes.
La existencia de una denuncia previa que, según la Fiscalía, permaneció durante años en una dependencia policial sin llegar al ámbito judicial constituye uno de los puntos que deberá ser esclarecido. También deberá determinarse si existieron otras señales que podrían haber permitido detectar antes las situaciones que ahora están bajo investigación.
El caso involucra además a personas vinculadas a distintos ámbitos: entre los imputados aparece un exasesor legislativo y un policía en actividad, mientras que la investigación alcanzó a integrantes de la estructura policial de la zona a partir de las dudas surgidas sobre el tratamiento de una denuncia anterior. Esto no implica que exista responsabilidad penal de las instituciones o de otros funcionarios que no estén imputados, pero sí plantea interrogantes sobre los mecanismos de prevención, control y actuación frente a denuncias de esta gravedad.
La investigación de Villa de María del Río Seco se desarrolla, además, en un contexto provincial atravesado por otros casos que generaron preocupación social en torno a la violencia contra niñas y adolescentes. Entre ellos se encuentra el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, por cuyo crimen Claudio Barrelier permanece imputado.
En ese caso también surgieron cuestionamientos relacionados con el funcionamiento de organismos estatales y con personas vinculadas al ámbito público. Barrelier había trabajado para la Municipalidad de Córdoba y posteriormente la gestión municipal reconoció fallas en sus mecanismos de control.
Sin embargo, se trata de investigaciones diferentes y no existe, hasta el momento, evidencia judicial que permita afirmar que ambos expedientes formen parte de una misma estructura.
La causa de Villa de María del Río Seco continúa avanzando y mantiene abiertas varias preguntas: qué ocurrió con cada una de las adolescentes, cuál fue la participación concreta de cada imputado, qué mecanismos utilizaron para establecer los contactos y, especialmente, si hubo fallas institucionales que permitieron que determinadas situaciones se prolongaran o no fueran investigadas oportunamente.
Mientras la Justicia intenta reconstruir los hechos y determinar responsabilidades, el caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: la necesidad de que las denuncias que involucran a niñas y adolescentes sean escuchadas, investigadas y acompañadas con rapidez, independientemente de quiénes sean las personas señaladas o qué vínculos tengan dentro de una comunidad.