Tenía 17 años. Había salido a una fiesta con sus compañeros de colegio y nunca regresó a su casa. Treinta y seis años después, el nombre de María Soledad Morales sigue atravesando generaciones y permanece ligado a una de las páginas más dolorosas, pero también más movilizadoras, de la historia argentina reciente. Este 8 de septiembre se cumplen 36 años de aquella madrugada de 1990 en Catamarca en la que fue vista con vida por última vez. Dos días después, el 10 de septiembre, su cuerpo apareció abandonado al costado de la Ruta Nacional 38, en cercanías de Parque Daza, a pocos kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca.
El crimen conmocionó rápidamente a toda la provincia. María Soledad cursaba quinto año en el Colegio del Carmen y San José y aquella noche había participado de una fiesta organizada por estudiantes para recaudar fondos para el viaje de egresados. Después de despedirse de sus amigas desapareció. Cuando encontraron su cuerpo, la brutalidad de lo ocurrido comenzó a dimensionarse. La investigación determinó que había sido drogada, abusada sexualmente y sometida a una violencia extrema. Sin embargo, lo que en un primer momento parecía ser un homicidio aberrante comenzó muy pronto a mostrar una trama mucho más compleja.
Entre los nombres que aparecieron en la investigación surgió el de Guillermo Luque, hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque, un dirigente muy cercano al poder político catamarqueño de aquellos años. A partir de ese momento comenzó a instalarse una expresión que quedaría para siempre asociada al caso: “los hijos del poder”. Ya no se trataba solamente de determinar quién había participado del crimen. La pregunta que empezó a recorrer Catamarca y luego todo el país era hasta dónde podía llegar el poder para proteger a los suyos.
La causa quedó rápidamente rodeada de sospechas. Hubo cambios de jueces, funcionarios apartados, declaraciones contradictorias, elementos probatorios cuestionados y denuncias permanentes de encubrimiento. El expediente pasó por numerosos magistrados y durante años creció la sensación de que había sectores interesados en impedir que se conociera toda la verdad. Esa percepción fue uno de los elementos que terminó convirtiendo el caso María Soledad en algo mucho más grande que un expediente judicial.
Frente a ese escenario apareció una reacción social que marcaría un antes y un después. Las compañeras de María Soledad, sus padres, Ada Rizzardi y Elías Morales, y la entonces directora del colegio, la religiosa Martha Pelloni, comenzaron a encabezar las históricas Marchas del Silencio. Miles de personas salieron a caminar por las calles de Catamarca sin bombos, sin consignas partidarias y prácticamente sin hablar. El silencio se convirtió en una forma de protesta extraordinariamente poderosa. Algunas de aquellas marchas llegaron a reunir decenas de miles de personas y pusieron a la provincia en el centro de la escena nacional.
Aquel reclamo ya no pedía solamente justicia por una adolescente asesinada. También cuestionaba el funcionamiento de las instituciones, la relación entre política, Policía y Justicia y la posibilidad de que determinadas familias pudieran encontrarse por encima de la ley. El caso comenzó a erosionar seriamente al gobierno provincial, encabezado entonces por Ramón Saadi, integrante de una familia que durante décadas había tenido un enorme peso político en Catamarca.
La crisis fue creciendo hasta trascender los límites de la provincia. En abril de 1991, el entonces presidente Carlos Menem dispuso la intervención federal de Catamarca. Ramón Saadi dejó el gobierno y, poco tiempo después, el saadismo perdió las elecciones provinciales. El crimen de una adolescente había terminado provocando una de las mayores crisis políticas de la historia catamarqueña y demostrando que una movilización social sostenida podía poner en jaque a una estructura de poder que hasta entonces parecía prácticamente intocable.
La investigación judicial fue larga, sinuosa y estuvo atravesada por innumerables controversias. Recién en 1996 comenzó el primer juicio oral, casi seis años después del crimen. Todo el país lo siguió por televisión. Las audiencias se convirtieron en un acontecimiento mediático diario, pero el proceso terminó en escándalo. La actuación de integrantes del tribunal generó fuertes cuestionamientos y el juicio terminó anulándose. Después de años de espera, había que empezar nuevamente.
El segundo juicio comenzó en 1997 y finalmente, el 28 de febrero de 1998, llegaron las condenas. Guillermo Luque recibió 21 años de prisión por violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes, mientras que Luis Tula fue condenado a nueve años como partícipe de la violación. Años después, la Corte Suprema dejó firmes ambas condenas. Sin embargo, ni siquiera ese fallo logró cerrar completamente todos los interrogantes que habían acompañado al caso desde el comienzo.
Durante décadas sobrevivió una pregunta central: si todas las personas que pudieron haber participado del crimen o de su posterior encubrimiento llegaron realmente a responder ante la Justicia. Hubo otros nombres investigados, versiones sobre reuniones y encuentros posteriores y distintas hipótesis que nunca alcanzaron el nivel probatorio necesario para traducirse en condenas. La familia de María Soledad sostuvo durante años que todavía quedaban aspectos por esclarecer.
Vista desde el presente, la dimensión social del caso resulta todavía más profunda. En 1990 la palabra femicidio no formaba parte del lenguaje cotidiano ni existía como figura penal en Argentina. Tampoco existían las redes sociales ni movimientos como Ni Una Menos. Sin embargo, miles de mujeres, adolescentes y familias ocuparon las calles detrás de la fotografía de María Soledad y transformaron su muerte en un reclamo colectivo contra la violencia, la impunidad y los privilegios.
Las Marchas del Silencio fueron, en ese sentido, uno de los grandes antecedentes de las movilizaciones sociales que décadas después volverían a poner en el centro de la escena la violencia contra las mujeres. Cambió el lenguaje, cambió la legislación y cambió también la manera en que la sociedad observa estos crímenes. Pero la historia de María Soledad sigue funcionando como una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder intenta interferir en la búsqueda de justicia.
Han pasado 36 años desde aquella noche de septiembre de 1990 y María Soledad continúa siendo mucho más que un nombre dentro de un expediente judicial. Su historia representa el dolor de una familia, la lucha de una comunidad y el momento en que una provincia decidió romper el silencio. También recuerda que las instituciones pueden fallar, que el poder puede intentar protegerse y que, aun frente a esas estructuras, la presión social puede cambiar el curso de una historia.
María Soledad tendría hoy 53 años. Ese dato, quizás más que cualquier otro, devuelve la historia a su dimensión más humana. Detrás de las marchas, los juicios, las condenas, los nombres políticos y las disputas de poder había una adolescente a la que le quitaron violentamente toda una vida por delante.
Treinta y seis años después, su nombre sigue siendo símbolo de justicia, memoria y de una sociedad que aprendió que, a veces, el silencio puede convertirse en el grito más fuerte.