El caso que conmocionó a Alta Gracia suma un capítulo decisivo: la Justicia resolvió elevar a juicio la causa por las graves lesiones sufridas por una niña de 2 años, quien presentó fracturas en ambas piernas mientras se encontraba bajo el cuidado de su padre y la pareja de éste.
El requerimiento fue formulado por el Ministerio Público Fiscal, que imputó a O. G. M. y N. P. como probables autores del delito de lesiones culposas agravadas, en calidad de coautores. Con esta decisión, la investigación penal preparatoria quedó formalmente concluida y será en el juicio oral donde se determinarán las responsabilidades.
Pero el eje más fuerte del caso se traslada ahora al juicio. Mientras la Fiscalía encuadró los hechos como culposos, la querella sostiene una posición diametralmente distinta y anticipa que buscará demostrar la existencia de dolo.
En ese sentido, la abogada Daniela Ferrari, representante de la madre de la niña, fue categórica:
“Respetamos la decisión técnica del Ministerio Público Fiscal de dar por cerrada la investigación y elevar la causa a juicio. Sin embargo, como representantes de la víctima, mantenemos nuestra postura firme: aquí no hubo un simple descuido o un accidente. Si bien el requerimiento llega bajo la calificación de lesiones culposas, nuestra tarea en el juicio oral será demostrar el dolo. Vamos a probar que hubo una intención clara de dañar, o al menos, un desprecio total por la integridad física de la víctima que supera la mera negligencia. El juicio será el escenario donde la verdad de los hechos termine de imponerse sobre las calificaciones provisorias”.
La causa llega a esta instancia con elementos que podrían resultar determinantes. Los estudios médicos incorporados durante la investigación descartan enfermedades óseas y confirman que las lesiones corresponden a fracturas traumáticas de origen externo, compatibles con un cuadro de maltrato infantil.
En ese marco, el debate oral no será solo sobre qué ocurrió, sino sobre cómo debe interpretarse lo ocurrido. Si se trató de un hecho culposo, como sostiene la acusación fiscal, o si existió dolo —es decir, voluntad de causar daño o una aceptación consciente del mismo— como plantea la querella.
La diferencia es sustancial. No se trata solo de una discusión técnica, sino de la calificación jurídica que definirá la gravedad del hecho y las eventuales penas.
El juicio oral será ahora el escenario donde esa tensión se resuelva. Allí se pondrá a prueba la evidencia reunida y se definirá si el caso queda encuadrado en la negligencia o avanza hacia una imputación más severa, en un expediente que, por la edad de la víctima y la gravedad de las lesiones, sigue generando un fuerte impacto en la comunidad.