Los concejales de Toledo, Ivana Toledo, Andrés Vacari, Marcelo Márquez, Marisel Marín y Pablo Burgos, participaron del programa Stream Abierto de Mi Valle Medios junto a Lux Producciones, donde brindaron su versión sobre la controversia generada en torno a las dietas.
Durante la entrevista, los ediles aseguraron que hubo una “mala interpretación” de una ordenanza que buscaba únicamente “dejar clara la norma” sobre las liquidaciones, y negaron de manera contundente haber intentado fijar sueldos millonarios. “En ningún momento quisimos ganar doce millones”, remarcaron.
Según explicaron, el incremento de las dietas ya estaba contemplado dentro del presupuesto 2026, aprobado en conjunto con el oficialismo. Sin embargo, al detectar diferencias en las liquidaciones mensuales, impulsaron una nueva ordenanza para ordenar y transparentar los criterios.
La polémica se desató tras un error en la redacción de algunos artículos, que —según denunciaron— fue utilizado con “mala intención” para instalar mediáticamente una versión distorsionada de los hechos. En ese sentido, apuntaron contra el intendente Sergio Marín, a quien acusaron de “difamar” y de romper el diálogo institucional.
“No tenemos diálogo con el intendente”, afirmaron, y aseguraron que la situación generó un fuerte impacto en la comunidad y en sus propias familias, en una localidad donde “todos se conocen”.
En una sesión calificada como “movida”, el Concejo Deliberante avanzó en la rectificación de los artículos cuestionados para evitar nuevas interpretaciones erróneas. La iniciativa fue impulsada por la oposición, que cuenta con cinco de los siete concejales.
En cuanto a los ingresos, detallaron que hasta diciembre de 2025 la dieta bruta de un concejal rondaba los 297 mil pesos, mientras que con la actualización prevista podría alcanzar aproximadamente 1,2 millones brutos (unos 833 mil netos), lejos de las cifras difundidas.
Además, denunciaron irregularidades en los pagos, asegurando que «algunos concejales no han cobrado en tiempo y forma, e incluso percibieron montos significativamente menores a los establecidos».
Los ediles también defendieron el rol social de sus funciones, señalando que gran parte de sus ingresos se destina a ayudar a vecinos en situaciones de necesidad, en un contexto económico complejo.
Finalmente, pese al conflicto, manifestaron su voluntad de retomar el diálogo institucional: “Tenemos que trabajar para la gente, más allá de las diferencias”, expresaron, aunque advirtieron que la relación con el Ejecutivo atraviesa uno de sus momentos más tensos.