Mientras el escándalo de Defensa Civil de Villa La Bolsa trascendió las fronteras del Valle de Paravachasca y llegó a los medios provinciales, en Anisacate otra denuncia por presunta violencia de género abre interrogantes sobre el accionar del municipio. Una mujer dejó de trabajar, el hombre denunciado habría continuado en funciones y la intendenta aparece mencionada en la presentación judicial en conocimiento pleno de lo sucedido.
Dos localidades vecinas, denuncias que involucran a personas vinculadas a estructuras de seguridad y una pregunta que incomoda: ¿qué pasa con las mujeres después de que se animan a denunciar?
En Villa La Bolsa, las denuncias contra el coordinador de Defensa Civil provocaron una fuerte repercusión pública y el hombre involucrado solicitó una licencia. En Anisacate, en cambio, una situación denunciada judicialmente no alcanzó la misma exposición.
Según documentación judicial y testimonios, la mujer trabajaba en una estructura de seguridad vinculada al municipio y denunció a este hombre que estaba a cargo de esa área por presunta violencia de género y acoso.
La Justicia dictó medidas de protección y dispuso notificar a la Municipalidad para garantizar su cumplimiento sin perjudicar las tareas de la denunciante; pero lo que vino después es lo que llama la atención: ella dejó de trabajar y él, quien habría sido apartado inicialmente, regresó a sus funciones.
Hay otro dato sensible: según la presentación judicial descripta en el informe, la intendenta conoció la situación antes de que llegara a la Justicia. Pero la historia no termina ahí. La estructura de seguridad está vinculada a contrataciones municipales bajo la denominación Seguridad y Socorrismo AG, con facturaciones millonarias y dudas sobre las habilitaciones provinciales de sus prestadores. Hay pagos actuales, por ejemplo, cercanos a los seis millones de pesos mensuales.
Mientras la gestión Contini manifiesta públicamente supuesta “transparencia y mayores controles de antecedentes para empleados y contratistas”, aparecen preguntas difíciles de esquivar: ¿qué controles se realizaron sobre quienes prestan servicios de seguridad? ¿Qué hizo el municipio ante la denuncia? ¿Por qué la mujer dejó de trabajar y el denunciado continuó?
Las responsabilidades judiciales deberán determinarse en los tribunales. Las explicaciones sobre las decisiones municipales, en cambio, corresponden a quienes gobiernan. Sin dudas, denunciar debería significar acceder a protección, no quedar en una situación de mayor vulnerabilidad….y el silencio tampoco puede ser la respuesta del Estado.