Alberto Balduzzi, exgendarme, abogado y antiguo aliado político de la expresidenta comunal de Villa Los Aromos, Nelly Morales, fue apartado de la defensa de Pablo y Karina Díaz Mussi por el fiscal Diego Fernández. El letrado había declarado bajo juramento en la misma causa y reconocido haber invertido en RainbowEx. La Fiscalía consideró incompatibles ambos roles y ordenó remitir sus antecedentes al Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba.
La investigación por la presunta estafa piramidal de RainbowEx en Alta Gracia acaba de sumar un capítulo tan llamativo como delicado. Esta vez, el protagonista no es uno de los imputados, sino quien había asumido su defensa. Se trata de Alberto Balduzzi, un nombre conocido en los ámbitos políticos del Valle de Paravachasca, particularmente por su relación con la exjefa comunal de Villa Los Aromos, Nelly Morales, de quien fue procurador y compañero de fórmula en las internas del PRO.
Mediante un contundente decreto fechado el 13 de noviembre, al que tuvo acceso Mi Valle, el fiscal de Instrucción Diego Fernández resolvió revocar su designación como abogado defensor de Pablo y Karina Díaz Mussi, al advertir una incompatibilidad que podría tener consecuencias en el ámbito de la ética profesional. Y es que Balduzzi había sido inversor de RainbowEx, había declarado como testigo bajo juramento y, posteriormente, había asumido la defensa de dos de los imputados en la misma investigación.
De un lado al otro del expediente
El 23 de octubre de 2026, Pablo y Karina Díaz Mussi decidieron prescindir de los servicios de sus anteriores abogados, Oscar Zárate, Guillermo Dragotto y Roger Auad, para designar en su lugar a Alberto Balduzzi y a su esposa y colega, Silvina Boolsen, quienes aceptaron formalmente la defensa. Cuatro días después, los nuevos abogados presentaron dos escritos solicitando diversas medidas probatorias. Sin embargo, había un detalle que no pasó inadvertido para la Fiscalía: el propio Balduzzi ya formaba parte del expediente, aunque en una condición completamente diferente.
El 12 de junio de 2025 había sido ofrecido como testigo por la anterior defensa de Pablo Díaz Mussi y, el 27 de octubre de aquel año, había prestado declaración testimonial bajo juramento ante la Fiscalía de Alta Gracia. Es decir, prácticamente un año después de haber declarado como testigo, regresó al mismo expediente, esta vez como abogado defensor.
Y aquí aparece un aspecto fundamental: declarar bajo juramento no constituye una mera formalidad. Quien comparece ante la Justicia como testigo asume la obligación legal de decir la verdad sobre los hechos que conoce, mientras que faltar deliberadamente a esa obligación puede configurar el delito de falso testimonio, con las correspondientes consecuencias penales. Precisamente por eso, la condición de testigo tiene una relevancia procesal que no puede confundirse con la función de un abogado defensor.
Cabe aclarar que la resolución fiscal no acusa a Balduzzi de haber mentido en su declaración, lo que cuestiona es que, después de haber intervenido como testigo, asumiera la representación técnica de imputados en la misma causa.
Inversor de RainbowEx e integrante del grupo de Telegram
La declaración testimonial de Balduzzi contiene, además, otros datos de interés. Según consigna el decreto fiscal, el abogado reconoció haber invertido en RainbowEx, haber integrado el grupo de Telegram y conocer al hijo de Pablo Díaz Mussi, quien le había explicado cómo se operaba en esa plataforma. Asimismo, manifestó haber asistido junto a su esposa a una reunión de la Fundación Dream Team, realizada en un local de Luz y Fuerza, frente al Tajamar de Alta Gracia. Fue precisamente allí, según su propio relato, donde conoció a Pablo Díaz Mussi.
Todos estos antecedentes forman parte del testimonio que el profesional brindó bajo juramento y que ahora adquiere especial relevancia frente a su posterior incorporación a la defensa. De todos modos, haber invertido en RainbowEx no implica por sí mismo responsabilidad penal en los hechos investigados.
Lejos de considerar la situación una simple formalidad procesal, Fernández desarrolló una extensa fundamentación sobre las consecuencias que podría generar esta doble condición. En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que existe una «incompatibilidad absoluta» entre ambos roles y advirtió sobre posibles afectaciones al derecho de contradicción, la objetividad, el secreto profesional y los deberes éticos de la abogacía.
«No se puede ser un órgano de prueba (testigo) y, a la vez, el estratega legal que deba impugnar o valorar esa misma prueba», señala uno de los párrafos más contundentes del decreto. El fiscal también advierte que un testigo puede ser convocado nuevamente a declarar durante un eventual juicio oral y público, por lo que mantenerlo simultáneamente como defensor podría afectar la posibilidad de interrogarlo y controlar su testimonio.
A ello se suma la consideración del fiscal respecto de una posible grave falta ética, al entender que la alteración de estos roles procesales afecta la transparencia del servicio de Justicia, la dignidad de la abogacía y la confianza pública en la profesión. Por otra parte, Fernández fundamentó su decisión en la necesidad de evitar futuras nulidades que pudieran comprometer el desarrollo de la investigación penal. Por todas estas razones, no solamente resolvió apartar a Balduzzi de la defensa, sino que, además, ordenó remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba para que analice su conducta profesional.
En cuanto a la situación de Silvina Boolsen, el fiscal resolvió mantenerla como abogada defensora de los Díaz Mussi, aunque le solicitó que informe a la brevedad si existe alguna incompatibilidad que pudiera afectar la continuidad de su intervención profesional. En este contexto, adquiere interés la propia declaración de Balduzzi, quien reconoció haber concurrido junto a ella a aquella reunión de la Fundación Dream Team. De acuerdo con lo dispuesto en el decreto del 13 de noviembre, Boolsen fue mantenida en el ejercicio de la defensa, mientras que los imputados conservan la posibilidad de designar un nuevo codefensor.
El pasado político: mucho más que el abogado de Nelly Morales
Para quienes siguen de cerca la política regional, el apellido Balduzzi no resulta desconocido. Tanto el abogado como su esposa fueron colaboradores de Nelly Morales durante los primeros años de su gestión al frente de la Comuna de Villa Los Aromos. Sin embargo, aquella relación excedía ampliamente el asesoramiento jurídico y tenía un claro componente político y partidario.
En marzo de 2021, Morales y Balduzzi compartieron fórmula en las elecciones internas del PRO del departamento Santa María, representando a la lista Alternativa. Mientras la entonces presidenta comunal aspiraba a conducir el partido a nivel departamental, Balduzzi era su candidato a vicepresidente. Ambos enfrentaron a la fórmula integrada por Ignacio Sala y Miguel Cantarini, que finalmente se impuso en las urnas. Así, el abogado que hoy está en el centro de una controversia procesal en la causa de las criptomonedas tenía, por entonces, aspiraciones de conducción política en el departamento.
Una salida conflictiva y un reclamo millonario
No obstante, la alianza política entre Morales y Balduzzi no duró demasiado. El 28 de enero de 2022, Mi Valle daba cuenta del alejamiento del procurador comunal en una nota titulada «Sigue la sangría, el procurador de Los Aromos abandona a Morales», en medio de una crisis interna que atravesaba la gestión comunal. Por entonces, fuentes cercanas al gobierno de Morales atribuían la renuncia a fuertes diferencias políticas y a una presunta deuda de honorarios que superaba el millón de pesos, una cifra considerable para las arcas comunales de aquella época. Sin embargo, no se pudo establecer posteriormente si aquel reclamo fue saldado o si derivó en alguna presentación judicial.
La trayectoria de Balduzzi tampoco se limita a su paso por la política de Villa Los Aromos. El abogado cuenta con antecedentes en Gendarmería Nacional, fuerza de la que egresó en 1993, y desarrolló actividades profesionales vinculadas a empresas de seguridad privada, en cuyos trámites de habilitación aparece mencionado como director técnico o propuesto para ocupar ese cargo. Asimismo, tras su alejamiento de Villa Los Aromos, se desempeñó como asesor jurídico de la Comuna de Villa Parque Síquiman.
Junto a Boolsen intervino, además, en una de las causas judiciales de mayor repercusión nacional de los últimos años: la investigación por espionaje ilegal y extorsión que tuvo como principal acusado al falso abogado Marcelo D’Alessio. En aquella oportunidad, ambos ejercieron la defensa del oficial de la Prefectura Naval Argentina Franco Pini, quien resultó absuelto en julio de 2025. Cabe aclarar que, en ese proceso, los dos profesionales intervinieron exclusivamente en calidad de abogados defensores.
Una causa que sigue sumando capítulos
A dos años de que estallara el escándalo de las criptomonedas en Alta Gracia, la investigación por la presunta estafa que involucró a numerosos ahorristas continúa generando novedades. Ahora, una decisión de la propia Fiscalía coloca bajo análisis del Tribunal de Disciplina la actuación de uno de los profesionales que habían asumido la defensa de los acusados.
Será precisamente ese organismo el encargado de determinar si corresponde aplicar alguna sanción. Por el momento, la resolución fiscal no constituye una sanción disciplinaria ni una imputación penal contra Balduzzi con los hechos investigados en RainbowEx. Resta conocer, además, el descargo del profesional y si la decisión fiscal fue recurrida. Lo cierto es que el exprocurador de Villa Los Aromos, antiguo compañero de fórmula de Nelly Morales, inversor y testigo de RainbowEx, pasó a ejercer la defensa de los Díaz Mussi. La Fiscalía le puso un límite: no podía ocupar los dos lugares en el mismo expediente.
