La gestión de Natalia Contini redobla su ofensiva sobre la Cooperativa de Anisacate. Un nuevo proyecto de ordenanza busca abrir el camino para que EPEC asuma la prestación eléctrica, facilitar el ingreso de otros operadores de internet y avanzar sobre la infraestructura existente. La iniciativa contempla auditorías, denuncias, fiscalizaciones y hasta estudios preparatorios para eventuales expropiaciones. Todo bajo el argumento de garantizar los servicios esenciales.
El proyecto será tratado este miércoles 28 de octubre en el Concejo Deliberante de Anisacate, donde el oficialismo cuenta con mayoría para impulsar su aprobación. De obtener los votos necesarios, la gestión de Contini sumaría una nueva herramienta normativa en su prolongada confrontación con la Cooperativa. Sin embargo, el punto más controvertido no es solamente el alcance político de la iniciativa, sino la combinación de atribuciones que efectivamente corresponden al municipio con otras que dependen de organismos provinciales o de decisiones judiciales.
Lo que comenzó con audiencias públicas y planteos sobre el futuro del servicio eléctrico en Anisacate ahora adquiere una dimensión mucho mayor. El municipio impulsa un proyecto de ordenanza de 38 artículos que no se limita a reclamar mejores prestaciones para los vecinos, sino que despliega una batería de herramientas para intervenir sobre los servicios que actualmente brinda la Cooperativa, su infraestructura y su funcionamiento institucional.
No se trata de un episodio aislado. Desde el inicio de la gestión de Natalia Contini, los enfrentamientos con la entidad cooperativa han sido recurrentes y se han desarrollado en distintos frentes. A los cuestionamientos públicos, las controversias administrativas y las audiencias convocadas para discutir el servicio eléctrico se sumaron los intentos de disputar espacios de representación dentro de la propia institución.
En las elecciones cooperativas de 2025 y 2026 participó la agrupación opositora Nuevo Espacio Cooperativa, vinculada públicamente por distintos sectores con el entorno político de la intendenta. Ninguno de esos procesos consiguió desplazar a la actual conducción, aunque en 2026 la lista opositora obtuvo representación al imponerse en uno de los distritos.
Ahora la confrontación suma un nuevo capítulo desde el propio Estado municipal, mediante una iniciativa legislativa que podría habilitar actuaciones administrativas y eventuales acciones judiciales sobre aspectos centrales del funcionamiento cooperativo.
Uno de los artículos más reveladores es el 16, que autoriza al Ejecutivo a impulsar municipalizaciones, privatizaciones, expropiaciones y otros modelos de gestión. Pero además incorpora expresamente la posibilidad de solicitar el traspaso del servicio eléctrico a EPEC. Es decir, el proyecto deja por escrito una intención que ya había sido planteada públicamente: promover la sustitución del actual esquema de prestación eléctrica.
La avanzada no termina en la electricidad. Los artículos 12 y 13 pretenden facilitar el acceso de nuevos operadores a infraestructura privada existente, estableciendo incluso que la negativa de los prestadores a colaborar podría considerarse una falta grave. Esta disposición abre otro frente sobre las redes, postes y demás instalaciones que sostienen los servicios, incluido el acceso a internet por fibra óptica.
A esto se suma el artículo 23, que promueve solicitar investigaciones sobre libros contables, documentación, actos de los órganos sociales y actividades de la Cooperativa, contemplando incluso la posibilidad de requerir una intervención judicial si se verificaran las condiciones legales. El artículo 24 habilita denuncias ante organismos de defensa del consumidor y de la competencia, mientras que el 29 autoriza relevamientos patrimoniales, mensuras, inventarios y tasaciones destinados a preparar eventuales procesos de expropiación.
Pero hay una cuestión que atraviesa todo el proyecto y que merece una explicación mucho más profunda: la superposición de competencias. Algunas de las medidas contempladas forman parte de las atribuciones que puede ejercer legítimamente un gobierno municipal. Otras, en cambio, corresponden a la Provincia, a sus organismos regulatorios o requieren procedimientos judiciales específicos.
Y allí aparece una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿esa mezcla de facultades responde a deficiencias en la elaboración jurídica de la ordenanza o existe una intención de presentar ante los vecinos como potestades municipales decisiones que, en realidad, el Ejecutivo local no puede adoptar por sí mismo? La diferencia es sustancial. Porque una cosa es que un municipio pueda solicitar una investigación, presentar una denuncia o gestionar ante la Provincia una modificación en la prestación de un servicio, y otra muy distinta es que tenga autoridad para disponer directamente esas medidas.
Solicitar no es ordenar. Denunciar no es intervenir. Y promover un traspaso no significa tener facultades legales para concretarlo. Son distinciones elementales que deberían quedar absolutamente claras en cualquier proyecto de semejante trascendencia institucional. Hay, además, un límite que no puede ignorarse. La autonomía municipal no otorga facultades ilimitadas. La prestación de energía eléctrica está sujeta al marco regulatorio provincial y al control del ERSeP. El municipio puede formular reclamos, promover gestiones y ejercer sus competencias sobre el espacio público, pero no puede decidir unilateralmente la sustitución de un concesionario provincial ni intervenir una cooperativa.
Aunque el propio proyecto reconoce que no dispone de manera inmediata la municipalización, el traspaso del servicio ni la expropiación de bienes, sí pretende habilitar una serie de actuaciones preparatorias para avanzar en esas direcciones. Y esa diferencia no es menor: no se trata todavía de una transferencia efectiva, sino de un intento de construir herramientas políticas, administrativas y jurídicas para promoverla.
La discusión tampoco puede separarse del contexto en el que se produce. La relación entre el municipio y la Cooperativa viene atravesada por un conflicto persistente desde hace años, profundizado durante la actual gestión. Primero fueron las disputas públicas y administrativas, después los enfrentamientos alrededor de los procesos electorales cooperativos y las audiencias por el servicio eléctrico. Ahora, el Ejecutivo lleva al Concejo Deliberante un instrumento que amplía considerablemente el alcance de sus iniciativas sobre la entidad.
El interrogante es inevitable: ¿se busca garantizar mejores servicios o avanzar sobre el esquema de prestación y los bienes de la Cooperativa? Porque una cosa es exigir calidad, transparencia y cumplimiento de las obligaciones, y otra muy distinta es utilizar una ordenanza municipal para impulsar medidas que pueden comprometer concesiones, inversiones, infraestructura y derechos de una institución cooperativa.
Detrás de esta discusión existen inversiones, patrimonio cooperativo, puestos de trabajo, miles de usuarios y una estructura de servicios que trasciende ampliamente los límites municipales de Anisacate. Cualquier modificación de semejante magnitud exige fundamentos técnicos, respeto por la legislación vigente y garantías concretas para la comunidad.
La mejora de los servicios públicos no puede convertirse en una justificación para desconocer competencias provinciales ni para avanzar sin los procedimientos correspondientes sobre una institución cooperativa. Mucho menos cuando el proyecto pretende reunir bajo la órbita del Ejecutivo municipal una amplia variedad de instrumentos de inspección, fiscalización, denuncia y promoción de cambios en la prestación.
El tratamiento de este miércoles abre, por lo tanto, una discusión que va mucho más allá de la mayoría con la que cuenta el oficialismo en el Concejo Deliberante. La aprobación de una ordenanza no convierte automáticamente en facultades municipales aquellas que la legislación reserva a otros organismos, y tampoco impide que sus disposiciones puedan ser cuestionadas ante las autoridades competentes.
La gestión de Natalia Contini deberá explicar por qué considera necesario avanzar con un instrumento de semejante alcance, cuáles son sus fundamentos jurídicos y qué consecuencias reales podría tener para los usuarios, el patrimonio cooperativo y la continuidad de los servicios.
Claramente lo que está en juego no es solamente quién presta la electricidad o internet en Anisacate, también se discute hasta dónde puede llegar el poder político municipal frente a una institución cooperativa y cuáles son los límites que deben respetarse para garantizar seguridad jurídica, derechos y continuidad de las prestaciones. Una mayoría legislativa puede aprobar una ordenanza, lo que no puede hacer es modificar, por sí sola, la distribución de competencias que establece la ley.