Un fallo reciente de la Justicia de Córdoba vuelve a poner bajo la lupa el rol de los productores de seguros y marca un precedente fuerte en materia de defensa del consumidor. El Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de 31ª Nominación, a cargo del Dr. Aquiles Julio Villalba, condenó a una productora de seguros por incumplir sus deberes profesionales en un caso que expone una situación tan insólita como alarmante: un cliente pagó durante meses… pero nunca estuvo asegurado.
La sentencia se dictó en la causa “Pizarro, Rubén Darío c/ Organización Centro SRL”, donde el demandante descubrió, tras el robo de su vehículo, que la compañía aseguradora informada no tenía registro de ninguna póliza vigente a su nombre, pese a haber abonado regularmente las primas.
Un fallo que marca un antes y un después
El tribunal fue contundente al analizar la responsabilidad de la empresa demandada, destacando varios puntos clave que refuerzan la protección de los consumidores:
- Responsabilidad en la cadena de comercialización
El fallo ratifica que los productores asesores de seguros son considerados “proveedores” en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, lo que implica que deben responder solidariamente por los daños derivados de un servicio defectuoso. - Deber de información y asesoramiento
La Justicia dejó en claro que el productor no es un mero intermediario. Tiene la obligación profesional de asesorar al cliente durante toda la relación contractual. En este caso, se comprobó que la empresa no gestionó correctamente la póliza ni brindó información veraz al asegurado. - Indefensión y trato indigno
El fallo describe un escenario de “indefensión absoluta” para la víctima, quien debió atravesar un verdadero peregrinaje de reclamos e intimaciones sin obtener respuestas. - Sanción ejemplar: daño punitivo
Además de ordenar el resarcimiento por el valor del vehículo y el daño moral, el tribunal aplicó una multa civil por daño punitivo, al considerar que hubo una conducta de “grave desaprensión” hacia los derechos del consumidor. Este tipo de sanción busca desalentar prácticas abusivas en el mercado.
La resolución también refuerza el principio de la “teoría de la apariencia”: las empresas deben hacerse responsables por la confianza que generan en sus clientes. No alcanza con cobrar: deben garantizar transparencia, cumplimiento y respaldo real. La causa fue llevada adelante por el Estudio Jurídico de Alta Gracia «Paladino y Asociados», a cargo de los doctores Nicolás Priotto y Andrés Paladino.
