La aparición pública de la ONG Residencia Familiar volvió a poner sobre la mesa un debate tan sensible como controvertido: el de las denuncias que sus integrantes consideran falsas, las consecuencias judiciales que derivan de esos procesos y el impacto que, según afirman, termina recayendo sobre familias enteras y, especialmente, sobre los niños.
La organización se presentó como una entidad de alcance nacional integrada por personas que aseguran haber atravesado situaciones de este tipo en carne propia. Según explicaron, el espacio busca brindar asistencia legal, acompañamiento psicológico y contención a madres, padres y familiares que se sienten vulnerados en causas donde, sostienen, hubo acusaciones infundadas o cortes arbitrarios del vínculo con sus hijos.
En ese marco, uno de los testimonios que más resonó fue el de Luciano Gimeno, secretario de la ONG, quien sostuvo que su caso personal fue uno de los que ayudó a dar origen a la entidad. Durante la entrevista, aseguró haber recibido 38 denuncias, que calificó como falsas, en el marco de un conflicto con su ex pareja, a quien identificó como concejal de Bouwer, abogada e hija de un ex intendente de esa localidad. Según su relato, esa situación derivó en una profunda disputa judicial y en la interrupción del vínculo con su hija.
Desde la ONG plantearon que la problemática va mucho más allá de una disputa entre adultos. Según expresaron, el foco debe ponerse en el modo en que estos conflictos impactan en los menores, a quienes consideran los principales damnificados cuando las causas derivan en enfrentamientos prolongados, restricciones de contacto y resoluciones judiciales cuestionadas por una de las partes.
Gimeno sostuvo además que el objetivo de la organización es impulsar cambios que permitan sancionar a quienes hagan un uso malicioso de la ley, aunque reconoció que se trata de un tema delicado, en un contexto donde también existen denuncias reales de violencia que deben ser atendidas con seriedad y protección efectiva. En ese punto, la ONG insiste en que su planteo no apunta a deslegitimar las denuncias verdaderas, sino a visibilizar aquellos casos en los que, según sostienen, se recurre a acusaciones falsas con consecuencias devastadoras.
Durante la entrevista también se explicó que la organización ya mantuvo contactos con dirigentes y legisladores nacionales para exponer esta problemática y buscar respaldo institucional. A la vez, señalaron que continúan intentando abrir canales de diálogo en Córdoba para instalar una discusión que, aseguran, todavía incomoda a muchos sectores.
Con esta presentación pública, Residencia Familiar intenta convertir historias personales en una bandera colectiva. Y en ese mapa de testimonios, uno de los casos que ayudó a conformar la ONG tiene un anclaje concreto en Bouwer, donde una disputa de alto voltaje familiar y judicial terminó proyectándose hacia un debate mucho más amplio: el de los límites de la Justicia, el uso de las denuncias y el daño que dejan los vínculos rotos cuando los expedientes avanzan más rápido que las respuestas.
Compartimos la entrevista con la ONG en «El Doce»