El caso de Agostina Vega, la adolescente de Alta Gracia cuyo nombre cobró relevancia en los últimos días, volvió a poner en agenda el rol de las instituciones educativas frente a las inasistencias prolongadas de alumnos. Según trascendió, la joven no asistía a clases desde el pasado 8 de mayo, situación que abrió interrogantes sobre los mecanismos de seguimiento y los protocolos que deben aplicar las escuelas cuando un estudiante deja de concurrir.
En ese contexto, Mi Valle Medios dialogó con el inspector de Zona Edgardo Carandino, quien explicó cuáles son las herramientas institucionales previstas para el control de las inasistencias y las acciones que se implementan cuando existe una posible vulneración de derechos.
Carandino detalló que «las escuelas secundarias cuentan con un régimen académico que establece intervenciones progresivas ante las ausencias injustificadas». A partir de las tres faltas consecutivas sin justificar, la institución debe comunicarse con la familia, mientras que a las cinco, diez y veinte inasistencias se realizan nuevas actuaciones y seguimientos específicos.
El inspector señaló que «cuando un estudiante abandona la escolaridad o deja de asistir sin una justificación que garantice la continuidad educativa, la escuela tiene la obligación de confeccionar una ficha de vulneración de derechos y dar intervención a organismos como la SENAF».
En ese sentido, reveló cifras que reflejan la magnitud de la problemática. Durante 2025 se realizaron 107 fichas de vulneración de derechos, mientras que en lo que va del presente ciclo lectivo ya se confeccionaron 46, tanto por abandono escolar como por otras situaciones de riesgo que afectan a estudiantes.
Carandino remarcó que «la escolaridad secundaria es obligatoria y señaló que las familias tienen la responsabilidad de garantizar la asistencia regular de sus hijos». Además, «destacó que las escuelas trabajan de manera articulada con organismos estatales y equipos interdisciplinarios para acompañar cada caso».
Consultado sobre situaciones de mayor gravedad, explicó que «existen protocolos específicos para casos de abuso, acoso o violencia, que no solo implican la intervención de organismos de protección de derechos, sino también la realización de denuncias judiciales cuando corresponde».
El inspector manifestó una profunda preocupación por el contexto social actual y aseguró que «las problemáticas que llegan a las escuelas son cada vez más frecuentes y complejas». Entre los ejemplos recientes mencionó episodios vinculados al consumo de sustancias, situaciones de violencia y otros conflictos que requieren la intervención inmediata de los equipos educativos.
“Estamos viviendo una situación muy compleja como sociedad. Hay que escuchar más a los niños y jóvenes, acompañarlos y poner límites cuando corresponde. La escuela sola no puede”, expresó.
Finalmente, Carandino destacó el compromiso de docentes y directivos, aunque insistió en la necesidad de que las familias acompañen el proceso educativo. “La escuela pública hace un trabajo enorme. Muchas veces dedica gran parte de su tiempo a resolver situaciones sociales que exceden lo pedagógico. Necesitamos que cada actor asuma su responsabilidad para garantizar el derecho a la educación”, concluyó.
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