Así lo manifestó el representante del ReNaBap en la manifestación que realizan desde las 9 en la sede de Tribunales en Alta Gracia junto a referentes de los barrios: 1° de Mayo, San Juan anexo, La Perla, Buena Esperanza, Sabattini y el Cerro de la ciudad.
Desde las 9 de la mañana referentes de distintos barrios de Alta Gracia y uno de Anisacate se manifiestan frente a la sede de Tribunales (Sarmiento y Franchini) para pedir que cesen los procesos judiciales que se realizan sobre vecina/os y que tienen por finalidad el desalojo de las viviendas que habitan.
“Son casi 1500 familias del Valle de Paravachasca. Estamos reclamando que se aplique el artículo 15 de la ley de ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares) que es claro y pide la suspensión de todos los procesos judiciales tendientes al desalojo de los vecinos”, dijo Omar Urrutia, referente de ReNaBap de Santa María.
Están presentes vecina/os de barrios 1° de Mayo, San Juan anexo, La Perla, Buena Esperanza, Sabattini y el Cerro de la ciudad de Alta Gracia y Villa Río de Anisacate.
“Los más complicados son Villa Río y la Perla, que son los lugares donde se están concretando los juicios”, agregó Urrutia.
Por otra parte, explicó que están todos afectados, ya que las demandas siguen ingresando. “Venimos para reclamar ante Tribunales para que cesen los juicios y que se aplique la ley nacional”.
Por su parte, el abogado Martín Hissa, quien brinda asesoramiento a las familias, dijo que como primera medida era necesario reclamar y visibilizar lo que está pasando ante la sociedad, “sucede que en pocos temas en la Argentina hay acuerdos y consensos plenos en las fuerzas políticas, específicamente en Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, en muy pocos temas se ha podido llegar a la unanimidad. La ley ReNaBap, que es la ley de regularización de los barrios populares de la Argentina es uno de los pocos casos donde el Congreso de la Nación en pleno ha aprobado por unanimidad dos leyes. La primera fue en el año 2018 durante la gestión de Mauricio Macri y ahora, en el gobierno de Fernández, se ha prorrogado y modificado esa ley, ampliando los derechos el 28 de octubre pasado“, explicó el letrado.
En esa ley, cuenta, específicamente se declara una emergencia habitacional y se plantea, en su artículo 18, que deben cesar todas las medidas procesales y todos los juicios. “Lo que pretende hacer el Congreso es frenar la litigiosidad en relación a la tierra, que el Estado se haga cargo, como política pública de regularizar cada uno de los barrios populares. Concretamente eso se les manda a los jueces. Eso puede chequearlo cualquier persona. Al final dice que es de orden público, es decir, no discutible. Los jueces deberían aplicarlo directamente. En eso los Tribunales de Alta Gracia son renuentes, no contestan directamente, por eso la gente viene a pedir que se cumpla la ley, parece una locura decirle a un Tribunal que tiene que cumplir la ley, porque gracias a Dios los legisladores fueron muy claros en esta ley.“, manifestó Hissa.
“Específicamente queremos que cese la conflictividad en relación a la tierra porque el Estado ha dicho que va a hacerse cargo de resolver esa situación y uno de los organismos del Estado, que es el Poder Judicial, no está cumpliendo lo que dice el otro. Eso se plantea”, explicó el abogado sobre el reclamo.
¿Resolver la situación específicamente qué implicaría?
La ley del ReNaBap tiene un marco bastante amplio de regulación de los barrios populares. Lo primero que establece es declararlos sujeto de expropiación, es decir, reconoce… ¡ojo!, no en cualquier barrio, los barrios ReNaBap son barrios que están semiintegrados a las ciudades y que son, en principio, barrios históricos. En Buenos Aires, por ejemplo, la Villa 31 o Villa La Lonja en Córdoba. Aquí barrio la Perla, ya que los vecinos tienen más de 40 años viviendo en el lugar. Lo que dice el Estado es “nosotros vamos a regularizar, se le pagará al titular lo que valió la tierra”, no todo lo que puso el municipio y el Estado provincial en infraestructura urbana, porque una cosa es tener la tierra y otra valorarla como barrio. Y al mismo tiempo, el artículo 15, dice que deben cesar todas las acciones y medidas judiciales que tiendan a cualquier desalojo. Lo que está tratando de hacer es que las familias a partir de ahora gasten sus energías en mejorar sus viviendas, en alcanzar la regularización de la tierra y no pagar abogados y venir a Tribunales en un tema que el Estado dijo que lo va a resolver él. A veces no se toma dimensión de la magnitud de esto, pero estamos hablando de que el 10% de la Argentina está en esta situación.