Luego del video difundido este jueves por la intendenta de Anisacate frente a la Cooperativa, donde afirmó que “es mentira” que el incremento en el servicio de Internet esté relacionado con una tasa municipal, el presidente de la institución, Carlos Ríos, salió públicamente a desmentir esas afirmaciones y pidió “seriedad” al momento de informar a la comunidad.
Según explicó Ríos, el punto central de la discusión no es un aumento de la tarifaria en sí, sino la incorporación del servicio de Internet dentro de una categoría alcanzada por la Tasa de Comercio e Industria del municipio.
“El problema no es un relato ni una interpretación. Los datos están en los boletines oficiales y cualquier vecino puede comprobarlo”, sostuvo.
De acuerdo a la documentación mencionada, en el Boletín Oficial N° 122 del año 2024, que establecía la tarifaria correspondiente al año 2025, el servicio de Internet no figuraba dentro de la categoría 64 20 20.2.
Sin embargo, en el Boletín Oficial N° 135, publicado el 10 de diciembre de 2025 y que regula la actividad correspondiente al año 2026, el servicio de Internet sí fue incorporado dentro de esa categoría junto a otros servicios de comunicación.
“No se modificó la tarifaria. Lo que se hizo fue incorporar nuevas actividades dentro de la misma categoría, y eso genera un impacto económico concreto sobre el servicio”, explicó el titular de la Cooperativa.
Ríos también cuestionó el tono utilizado en el video difundido por la mandataria municipal y pidió llevar el debate “con responsabilidad y sin desinformar”.
“Frenemos con las mentiras. Hablemos claro y compartamos datos reales, porque cuando se habla de aumentos hay que decir la verdad”, expresó.
Además, invitó a los vecinos a consultar directamente la página oficial de la Municipalidad de Anisacate y revisar los boletines publicados para despejar cualquier duda.
“Los números están, los datos existen y son públicos. Cualquier persona puede ingresar y verificar lo que estamos diciendo”, agregó.
La situación volvió a abrir el debate sobre el impacto que tienen determinadas decisiones tributarias municipales sobre los servicios y cómo esos costos terminan repercutiendo en los usuarios.