El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, José Bernardo «Pipo» Álvarez, cuestionó las interpretaciones surgidas tras la audiencia pública convocada por el municipio de Anisacate y advirtió que un eventual cambio de prestador debe respetar los procedimientos legales. También pidió definiciones concretas a EPEC, el ERSeP y el Gobierno provincial.
La discusión por el futuro del servicio eléctrico en Anisacate sumó un nuevo capítulo. Esta vez, fue la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) la que salió a fijar posición frente a la posibilidad de que la Cooperativa local deje de prestar el servicio y sea reemplazada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
A través de un pronunciamiento institucional, el presidente de FACE José Bernardo «Pipo» Álvarez, quien participó personalmente de la audiencia pública convocada por el municipio, manifestó su preocupación por las declaraciones posteriores al encuentro y advirtió sobre la necesidad de diferenciar la voluntad expresada por los vecinos de los procedimientos legales que deben cumplirse para avanzar con una modificación de estas características.
“Una audiencia pública no es una asamblea de asociados de la cooperativa, no constituye un plebiscito vinculante y tampoco otorga por sí misma facultades para modificar una concesión provincial”, sostuvo.
Desde la Federación reconocieron el derecho de los usuarios a reclamar tarifas razonables, calidad del servicio y respuestas concretas. Sin embargo, consideraron que la participación ciudadana en la audiencia no puede interpretarse automáticamente como una decisión definitiva de toda la comunidad.
En ese sentido, remarcaron que el servicio eléctrico está sujeto a un marco regulatorio provincial, con autoridades competentes, obligaciones contractuales y organismos de control que necesariamente deben intervenir ante cualquier modificación en la prestación.
El interrogante sobre EPEC y las tarifas
Uno de los puntos centrales del planteo de FACE está relacionado con las condiciones en las que podría concretarse un eventual traspaso del servicio a EPEC. La entidad sostuvo que, antes de presentar el reemplazo de la Cooperativa «como una solución al problema tarifario, deberían conocerse aspectos jurídicos, técnicos y económicos que todavía requieren definiciones».
Sobre el tema, manifestaron: “También sería importante conocer si EPEC está efectivamente dispuesta a asumir el servicio, bajo qué condiciones lo haría, qué ocurriría con el patrimonio cooperativo y, fundamentalmente, cuánto pagarían realmente los asociados y usuarios”, señalaron.
Para FACE, «anunciar avances hacia un cambio de prestador sin contar con esas precisiones puede generar expectativas entre los vecinos que aún no tienen el respaldo técnico e institucional necesario».
La Federación también reclamó la intervención del Gobierno de Córdoba, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) y EPEC, cada uno dentro de sus respectivas competencias, para aportar claridad sobre las posibilidades reales y las consecuencias de una eventual modificación.
La defensa de la institución cooperativa
Otro de los ejes del pronunciamiento fue la defensa del modelo cooperativo y del patrimonio construido por sus asociados a lo largo de los años. Reconocieron que las cooperativas deben atender los reclamos de los usuarios, corregir errores y mejorar su funcionamiento, pero advirtieron sobre el riesgo de que la discusión por las tarifas termine convertida en una disputa política.
“Una cooperativa no pertenece a un presidente ni a un Consejo de Administración. Pertenece a sus asociados, que durante décadas han construido una institución, desarrollado infraestructura y sostenido un servicio esencial”, expresaron. En esa línea, manifestaron -además- su preocupación ante la posibilidad de que el conflicto termine enfrentando a los propios vecinos con una institución de la que forman parte.
“Las gestiones municipales tienen sus tiempos y sus objetivos. Las cooperativas, en cambio, forman parte de un entramado social e institucional que trasciende a los gobiernos de turno”, señalaron. También insistieron en que «defender el cooperativismo no significa justificar errores o privilegios, sino preservar un modelo de organización que debe rendir cuentas y responder a las necesidades de sus asociados».
Un llamado al diálogo antes de avanzar con el cambio
En el tramo final del comunicado, FACE ratificó su disposición a participar de una mesa de diálogo con el municipio de Anisacate, las autoridades provinciales, los organismos reguladores y los vecinos. La entidad consideró que «el debate no debería plantearse como una disputa con ganadores y perdedores políticos, sino como una discusión sobre el futuro de un servicio público esencial».
“El verdadero primer paso no debería ser avanzar hacia la desaparición de una cooperativa, sino sentar a todas las partes en una mesa de trabajo, transparentar la información y construir soluciones concretas para los vecinos”, concluyeron.
La Federación se posiciona en defensa de la continuidad institucional del sistema cooperativo, aunque sin desconocer los reclamos de los usuarios ni cerrar la puerta a una discusión sobre el futuro de la prestación.