La Justicia provincial avanzó con una nueva y gravísima imputación contra Ángel Alfredo Almada, conocido como el dueño del denominado “Circo del Horror”, en una causa que tiene como víctima a una joven oriunda de Alta Gracia y que llevaba más de diez años esperando avances judiciales.
La resolución fue dictada por el fiscal de Instrucción Alejandro Peralta Ottonello, quien ordenó imputar, fichar, prontuariar y detener a Almada como supuesto autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y aborto sin consentimiento de la persona gestante.
Actualmente, Almada continúa detenido.
Fuentes vinculadas a la causa explicaron que la Justicia Federal ya había intervenido anteriormente en la investigación vinculada a la reducción a la servidumbre y explotación laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad, expediente que terminó con una condena de cinco años de prisión contra el acusado.
Sin embargo, todo lo relacionado a los abusos sexuales, violencia de género y aborto sin consentimiento continuó bajo órbita de la Justicia provincial.
La causa es impulsada por la querella encabezada por el abogado Nicolás Calvi, quien confirmó que el expediente comenzó a avanzar con fuerza tras la intervención del fiscal Peralta Ottonello. Nicolás Calvi, Santiago Gamboa y Juan Martín Hissa Pepe, integrantes del espacio jurídico Deodoro Roca, representan a las dos víctimas tanto en la Justicia Federal impulsando el cobro de las indemnizaciones como en la Justicia provincial patrocinando las querellas
Según detalló Calvi, durante años la causa prácticamente no tuvo movimiento hasta que decidieron constituirse formalmente como querellantes particulares junto a la víctima y aportar como prueba la sentencia de la causa federal.
“Diez años después nos constituimos como querellantes con Laura, presentando como prueba la sentencia federal que había salido en 2024. Pudimos motorizar la causa diez años después y ahora llegó la imputación. Fue un avance para las chicas”, sostuvo.
La historia detrás del expediente judicial es estremecedora
La joven de Alta Gracia tenía apenas 21 años cuando llegó al Circo Unión de Córdoba atravesando una situación económica desesperante y con un hijo pequeño a cargo. Según acreditó la Justicia Federal en la causa previa, Almada se aprovechó de esa vulnerabilidad prometiéndole trabajo, comida y un lugar donde vivir.
Sin embargo, de acuerdo al fallo, terminó sometida a jornadas laborales interminables, amenazas, violencia psicológica y condiciones de vida inhumanas dentro del circuito itinerante del circo.
La investigación federal ya había determinado que la víctima realizaba tareas durante todo el día, vivía en casillas precarias y sufrió retención de documentación personal tanto de ella como de su hijo.
Además, el expediente describe episodios de violencia física y abusos sexuales que ahora son materia de esta nueva imputación provincial.
Uno de los puntos más graves de la acusación sostiene que Almada obligó a la joven a realizar tareas pesadas mientras cursaba un embarazo y la forzó a ingerir pastillas para interrumpir la gestación.
Finalmente, ese embarazo se perdió. La resolución judicial también ordenó oficiar al Tribunal Oral Criminal Federal N°3 para coordinar la disposición conjunta del acusado mientras continúa avanzando la investigación provincial.
Para la querella, esta nueva imputación no sólo implica un avance penal, sino también un reconocimiento para las víctimas que sostuvieron sus denuncias durante más de una década.