Se conoció un grave hecho que involucra a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene que ver con la promoción a un cargo docente superior a un profesional que está imputado por la Justicia Federal debido a serias irregularidades que se suscitaron en el marco de un concurso docente. La denuncia fue efectuada por el abogado y docente Eduardo Pintore.
Mi Valle pudo dialogar con el profesional, quien dio detalles de la situación y de la instancia judicial en proceso.
Nos han llegado la versión de que una persona que reviste la calidad de imputada por la Justicia Penal Federal ha recibido hace poco el título de Doctor en Derecho y ha sido ascendido a un cargo suprior docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Es así como ha ocurrido?
Así es, el 27 de septiembre el Ab. Benítez ha podido defender su tesis doctoral y dos días después, el 29 de septiembre, es ascendido al cargo de Profesor Adjunto. Lo llamativo es que tanto el doctorando Benítez, como su Director de tesis, el Dr. Pagliari se encuentran ambos imputados por los delitos de falsedad ideológica, esto es insertar o hacer insertar en un instrumento público declaraciones falsas (art. 293 del Código Penal) y uso de un documento o certificado falso o adulterado (artículo 296 del Código Penal), por acción de la Fiscalía Nr. 1 a cargo de Dr. Enrique José Senestrari (“PINTORE, EDUARDO JOSÉ S/DENUNCIA” (CASO 46283/2023)). Lo incongruente de todo esto es, que los hechos que llevaron a la imputación del Benítez y Pagliari se realizaron en el marco de un concurso docente en la misma Facultad de Derecho, por lo tanto, en perjuicio del correcto funcionamiento de las instituciones de la misma Facultad que hoy le entrega el Título Máximo y promueve al imputado Benítez. Es de destacar, tal como lo hicimos en otro reportaje que me hiciera este medio (Piden informes sobre resultados de los concursos docentes y funciones de los participantes en el gobierno de la Facultad de Derecho de la UNC), que tanto el doctorando Benítez, el Director de tesis de doctorado como ambos miembros del tribunal de doctorado por la Facultad de Derecho de la UNC, estas cuatros personas, fueron/son funcionarios de la agrupación política que gobierna la Facultad desde hace más de 25 años (el “yanzismo”). Pagliari fue Consejero del claustro Profesores Titulares entre el 2014 y 2016, Benítez fue Coordinador del Departamento de Derecho Público desde el 2010 hasta el 2018 bajo el gobierno del entonces Decano de la Facultad y principal referente de esta agrupación política, el Dr. Pedro Yanzi Ferreira. En cuanto a los profesores Titulares que oficiaron de miembros del tribunal examinador del doctorado, la Dra. Alejandra Sticca es Directora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad, anteriormente Coordinadora académica del mismo Centro por varios años, mientras que el Dr. Christian Sommer fue Consejero Docente desde el 2016 hasta el 2019. Tanto Sticca como Sommer y Benítez fueron los que resultaron mejor posicionados en dichos concursos del año 2017, realizados por el mismo tribunal, Concursos que ya fue declarado nulo dos veces por la Justicia Federal uno y está en vía de serlo el otro. Muy bien, para ser miembros de un tribunal de doctorado se debe ser Profesor Titular o Profesor Adjunto por concurso docente. Tanto la Dra. Sticca como el Dr. Sommer fueron nombrados Profesores Titulares por el concurso docente del año 2017 que en la actualidad ya cuenta con dos sentencias de nulidad absoluta en la Justicia Federal (en autos Touriño, José Marcelo c/ Universidad Nacional de Córdoba s/ Recurso Directo Ley de Educación Superior Ley 24.521), por lo cual la legalidad del procedimiento doctoral mismo es dudosa por lo que lo estaré impugnando en los próximos días. Es de remarcar que el tribunal de concurso fue formado por el Secretario a cargo de Posgrado y Vicedecano de la Facultad de Derecho, el Dr. Edgardo García Chiple, según consta en resolución decanal RD 2021-642-E-UNC-DEC#FD. Con ello, el Secretario de Posgrado y Vicedecano de la Facultad, uno de los principales referentes de la agrupación política que gobierna nuestra Facultad desde hace 25 años, ha nombrado a una funcionaria y un exconsejero de esa agrupación, para que oficien de tribunal en la tesis doctoral de un exfuncionario de la misma agrupación, tesis doctoral dirigida por un exconsejero de esa misma agrupación. Recuerdesé que Benítez, Sticca y Sommer fueron los tres beneficiados en los dos concursos fallidos del año 2017 y ahora vemos a uno como doctorando y a los otros dos como miembros del tribunal evaluador. Pues bien, el resultado final fue la aprobación de dicha tesis doctoral y otorgamiento del título de Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba. En realidad, no fue una feliz elección que tuvo el Secretario a cargo de Posgrado y Vicedecano, el Dr. García Chiple, para la composición de dicho tribunal: No hubo en ese tribunal un miembro que revista la categoría de Profesor Emérito, como sí hubo en tribunales de doctorados de otros docentes, quizás porque no se encontró ningún Profesor Emérito que quisiera formar parte en ese tribunal. También es de destacar que, como en todos los casos en los últimos años en que el Director de un doctorado fue el Dr. Pagliari, los dos miembros por nuestra Facultad del tribunal son exclusivamente funcionarios del partido que la gobierna desde hace más de 25 años. El Secretario a cargo de Posgrado formó el tribunal de doctorado cuando en contra de Benítez se cursaba una solicitud de juicio académico en la Universidad, que aún continúa y, por último, la defensa oral de tesis doctoral no fue publicitada como se esperaría que deba ser, máxime cuando se trata de un docente de la Facultad. Cuando junto con otros colegas nos enteramos días después de ocurrida la defensa oral de Benítez a través de rumores, yo solicité formalmente al Secretario a cargo de Posgrado información sobre el asunto, recibiendo a cambio evasivas y dilaciones. Al final tuve que solicitar la vista del expediente, que en este caso fue más rápido que la información de Posgrado. Pero hay un punto significativo en todo esto: sería muy interesante preguntarle al Dr. García Chiple, como Secretario a cargo de Posgrado y responsable principal del procedimiento que cuestiono, si es la primera vez en toda la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba que una persona que reviste la calidad de imputado en la Justicia Penal Federal recibe el título de Doctor en Derecho. De ser así, realmente se estaría haciendo historia en nuestra Facultad de Derecho, si bien no de la mejor.
¿Nos puede hablar sobre la promoción de cargo del Ab. Benítez?
Si. También esa promoción está plagada de cuestionamientos y tintes políticos. La designación de Benítez como “Profesor Adjunto” se realizó sólo dos días después del examen de doctorado, el 29 de septiembre, por el Decano de la Facultad de Derecho, el Dr. Barrera Butler, a solicitud de la Titular de la Cátedra A de Derecho Internacional Público, la Dra. Sticca. Para su nombramiento, como era de prever y en base a una regulación muy cuestionable, se toma un concurso del año 2010, es decir de hace más de 13 años. De esta forma se deja de lado colegas que poseen más y mejores antecedentes académicos que el promocionado Benítez, y esto valorado objetivamente: por mi parte soy Magister Legum primero y Doctor en Derecho después por la Universidad Libre de Berlín, Alemania; tengo posgrado realizado en la Universidad de Bolonia, Italia, soy profesor encargado de la materia “Derecho Internacional Público” en la Universidad Libre de Berlín, he sido y soy Director de diversos proyectos de investigación, he escrito dos libros de propia autoría, etc. A la par mía hay otros colegas que poseen más y mejores antecedentes académicos que el efectivamente ascendido. Frente a esto hay que mencionar que Benítez, desde el 2010 en adelante, aprobó en el 2018 su primer título de posgrado, Diplomatura en Derecho Público, después de más de catorce (14) años de cursado, siendo que dicho estudio está previsto para ser realizado en dos (2) años. En cuanto al título de “Doctor en Derecho”, el mismo fue finalizado luego de trece años de iniciado, habiendo sido rechazado en su primera presentación por deficiencias que no lo hacían admisible para su defensa oral. También en el lapso de tiempo que venimos tomando en consideración Benítez tomó parte en un concurso para un cargo de Profesor Adjunto, concurso donde presentó certificados de contenido falso, razón por la cual hoy se encuentra imputado por la Justicia Penal Federal, remarcando aquí que por aquel entonces Benítez era funcionario de la agrupación política que gobierna nuestra Facultad desde hace más de 25 años ya que ocupaba el cargo de Coordinador del Departamento de Derecho Público cuando el Dr. Yanzi Ferreira era el Decano de la Facultad. Benítez nunca dio cursos de posgrado, nunca fue Director en proyecto de investigación alguno, etc., por lo que su acervo académico de ningún modo es el mejor actualmente en las cátedras de Derecho Internacional Público. Esto es un dato objetivo de la realidad. Pero el nombramiento de Benítez no es lo único problemático, sino las circunstancias que lo rodean y las decisiones tomadas: En la actualidad hay cinco (5) cargos vacantes de Profesor Adjunto en la materia Derecho Internacional Público. Sin embargo, y sin ningún tipo de justificación para ello, sólo se cubre uno (1) y eso es con Benítez. Con ello se le otorga a este docente la ventaja de que queda mejor posicionado para ocupar el cargo de Profesor Titular apenas surja una nueva bacante, primero, y tendrá la posibilidad de generar antecedentes académicos como “Profesor Adjunto” en vistas a un futuro concurso docente. Ni una ni otra posibilidad poseemos los otros docentes de las tres cátedras de Derecho Internacional Público siendo que, en algunos casos, detentamos más y mejores antecedentes académicos que el promocionado y, sobre todo, no contamos con una imputación penal en la Justicia Federal. Con la negativa a cubrir los restantes cargos vacantes se nos excluye de forma absolutamente arbitraria, e intencionada, de la posibilidad de progresar en la carrera docente. Ahora bien, si se analiza objetivamente la situación creada, todas estas medidas producen un mismo efecto: los cargos superiores en las cátedras se van cubriendo con funcionarios o allegados a la agrupación política que gobierna la Facultad desde hace más de 25 años lo cual le asegura una masa electoral que posibilita, actualmente, una mayoría abrumadora en el máximo órgano de gobierno, esto es el Consejo Directivo. Esta situación se agrava con la triste decisión de la otrora oposición política que desde la última elección decidió formar parte de un frente común con el yanzismo. Con ello, las posibilidades de control democrático se han reducido a casi cero: En la Facultad de Derecho hay cuasi un régimen de partido único y, como lo demuestra este caso, los cargos se van ocupando con personas pertenecientes a la misma agrupación política de gobierno.
En ese sentido, tal como informé en la entrevista anteriormente aludida, yo solicité información en la Facultad sobre los resultados de los concursos docentes y los cargos ocupados por quienes participaban en los mismos y, en especial, quienes salieron beneficiados. Es de notar una tendencia que a los funcionarios y allegados a la agrupación gobernante en nuestra Facultad le va desproporcionadamente bien en los concursos docentes. El expediente en cuestión se encuentra infundadamente estancado desde hace ya más de un año y nunca llegó siquiera al Consejo Directivo de la Facultad para su tratamiento.
¿Ud. sostiene que en el otorgamiento de cargos docentes consideraciones de carácter político prevalecen sobre las consideraciones de carácter académico?
Mire, yo le respondo con otra pregunta: ¿Qué sentido tiene nombrar a un docente que, además de haber sido funcionario del yanzismo, no es el que presenta para nada los mejores antecedentes académicos frente a otros colegas en las cátedras de la misma materia, y que a la vez está imputado por la Justicia Penal Federal? Le doy un dato objetivo: en el ranking de las universidades a nivel mundial, nuestra Universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, se encuentra ubicada entre los puestos 801 y 1000, repito, en el ranking mundial de universidades la UNC se encuentra en algún lugar entre el puesto 801 y 1000 (QS World University Rankings 2023, ver: QS World University Rankings 2023: las mejores universidades del mundo). Muy bien, las autoridades de nuestra Facultad de Derecho omiten mencionar este dato y en su lugar hablan de “excelencia académica”, con lo cual ellos mismos alagan su propio trabajo que, como en el caso que nos ocupa, realmente deja mucho que desear. Los rankings de universidades a nivel mundial hablan un lenguaje totalmente distinto al que hablan las autoridades de nuestra Facultad y nuestra Universidad y se entiende: objetivamente, hoy la Facultad de Derecho de la UNC otorgó el título de Doctor en Derecho y promovió a Profesor Adjunto a un docente, que ni presenta actualmente los más y mejores antecedentes académicos y que está imputado en la Justicia Penal Federal. Eso si, la contundente mayoría en el Consejo Directivo de la Facultad a favor del yanzismo se mantiene inconmovible.
¿Tomará alguna vía de acción al respecto?
Por mi parte estaré en los próximos días impugnando tanto el doctorado como el nombramiento como Profesor Adjunto de Benítez ya que, entiendo, ambos procedimientos se realizaron de manera irregular, amén de querer ahorrarle a mi Facultad de Derecho, a mi Universidad Nacional de Córdoba y a mi Estado que es el que las mantiene, el bochornoso hecho que venimos relatando. Como le digo, creo que es clara la cercanía de Benítez, al igual que Pagliari, con el yanzismo, agrupación que a su vez tiene la mayoría en el Consejo Directivo, sin embargo esperemos que este cuerpo de gobierno atienda como corresponde las impugnaciones que estoy introduciendo, máxime si se tiene en cuenta que uno de los miembros del Consejo es la Ministra de Justicia de la Provincia de Córdoba, Dra. Laura Echenique, que ocupa el cargo de Consejera Titular por el claustro Profesores Auxiliares.
Y cree Ud. que estos hechos pueden afectar el procedimiento en sede penal
federal?
Esperemos que no. Pero el hecho que la Facultad de Derecho en estos días haya promocionado a un cargo docente de Profesor Adjunto y haya otorgado el título máximo de Doctor en Derecho a una persona que, junto al Director del mismo doctorado, están imputados por la Justicia Federal Penal por hechos sucedidos en el ámbito de la misma Facultad de Derecho, puede ser entendido como un apoyo por parte de las autoridades de la Facultad de Derecho a favor de los imputados por haber cometido delitos graves, justamente, en contra de la misma Facultad.
Muchas gracias
Al contrario, el agradecido soy yo. Le confieso que no me gusta acudir a la prensa publicitando problemas como el que nos ocupa, pero cuando las instituciones de la Facultad, al igual que aquellas de la Universidad, funcionan de manera francamente deficitarias, no me queda más remedio que acudir a los medios para visibilizar la problemática que vive nuestra Facultad y nuestra Universidad. Podría realmente no hacer nada y llevar una vida más tranquila, pero no estaría tranquilo con mi consciencia y creo firmemente que en una República es deber ineludible de cada ciudadano de luchar de la forma más tenaz posible frente a las irregularidades que nos rodean, máxime cuando estos hechos pasan en la orbita del Estado. Cada ciudadano debe ser un militante del sistema republicano y democrático de gobierno, porque su sostenimiento no depende sólo de los políticos y gobernantes, sino de cada uno de nosotros, los ciudadanos. En especial, en la Facultad de Derecho no debe primar una pedagogía del jurista sumiso ante la arbitrariedad del poder de turno, el jurista del “hacete amigo del juez”, sino debe primar una pedagogía del jurista libre y digno, del jurista que lucha por la vigencia del Derecho en nuestra sociedad, el cual nos asegura nuestra libertad y nuestra dignidad como personas. Por ello, el agradecido soy yo.