Impulsan proyecto que prevé multas económicas y hasta la prisión a quienes nieguen la dictadura con discursos negacionistas

La avanzada negacioncita reavivó la discusión sobre qué debe hacer la dirigencia política ante estos discursos que tratan de borrar la historia, minimizar las atrocidades cometidas durante la última dictadura o directamente negar el terrorismo de Estado. Ahora, el Gobierno busca darle impulso a un proyecto de ley presentado el año pasado por un diputado del Frente de Todos que busca castigar las declaraciones que nieguen “toda conducta de negación, apología o reivindicación” respecto a crímenes de lesa humanidad.

La iniciativa es impulsada por el diputado por el Frente de Todos Eduardo Fernández, quien esta semana se reunió con el ministro de Justicia, Martín Soria, con el objetivo de avanzar en el proyecto, el último presentado desde el oficialismo, hace ya un año. 

El propósito del proyecto es castigar con penas económicas y sanciones que podrían incluso disponer penas de prisión los discursos negacionistas que en los últimos años adquirieron mayor representación: cuando era presidente, el propio Mauricio Macri habló de una “guerra sucia” y negó que hubiera 30 mil desaparecidos. A pesar de tratarse de una minoría, el ruido es amplificado mediante las redes sociales y los medios de comunicación.

Si bien ya fueron presentados varios proyectos para sancionar penalmente a quienes nieguen o hagan apología del terrorismo de estado en la Argentina, hasta ahora ninguno llegó al recinto. El de Fernández fue uno de los últimos en ser impulsado y ahora, según se informó, se busca “actualizar la legislación argentina en materia de negacionismo y apologías respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad”.

Las últimas declaraciones negacionistas

“No soy ningún negacionista de la dictadura. A lo sumo estoy convencido de que hubo dos demonios. Sí niego que hayan sido 30 mil desaparecidos”, dijo este lunes el diputado libertario José Luis Espert, a modo de cierre de una oleada de exclamaciones reivindicacioncitas de la dictadura por parte de distintos dirigentes de la derecha argentina.

En la semana de la Memoria la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reclamó una “memoria real” de lo sucedido durante el golpe de Estado que inició en 1976. Militantes del PRO vandalizaron la estación de subte Rodolfo Walsh.

En paralelo, legisladores porteños que responden a Javier Milei y Ricardo López Murphy se negaron a acompañar el repudio al terrorismo de Estado, mientras que intendentes en Córdoba y Mendoza salieron a declamar que no hay 30.000 desaparecidos, como fue le caso de Nelly Morales en Villa Los Aromos, lo que generó ola de repudio en diferentes niveles.

Un vocero libertario tomó fotografías frente a la Ex Esma posando en un falcón verde. “Ni terrorismo de Estado. Ni terrorismo subversivo”, salieron a reclamar el senador radical Lisandro Enrico y del diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz.

Sanciones al discurso negacionista

El proyecto de Fernández fue presentado en marzo de 2021, aunque no fue el primero, sino que se tratóp de una continuidad a iniciativasd impulsadas previamente por Nilda Garré (2017) y Horacio Pietragalla Corti (2019).

El proyecto fija un régimen de sanciones a los delitos de negacionismo y apología del genocidio y crímenes de lesa humanidad, a través de su incorporación como tales al Código Penal.

“Estos sectores que no solo son negacionistas, si no que son reivindicacioncitas. Hacen apología a políticas de genocidio o crímenes de lesa humanidad”, dijo Fernández en comunicación con AM750.

“Tratan de banalizar lo fue una dictadura tremenda”, agregó el diputado. Fernández señaló que los que tienen expresiones negacionistas son funcionarios, el hecho es “mucho más grave”. Es por eso que su proyecto de ley contempla la destitución y la inhibición a un cargo público por 10 años.

“En el fondo tratan de ocultar para qué vino la dictadura. Tratan de poner en duda la cifra de los desaparecidos pero no hablan de cómo el golpe afectó a la democracia. Disolvieron el Parlamento, prohibieron los partidos políticos y los sindicatos. Resintieron los derechos laborales. Duplicaron la deuda y destruyeron la industria nacional haciendo desaparecer más de 20.000 empresas”, indicó.

“Por supuesto que reconocemos que lo principal de la educación y seguir profundizando la democracia, en su profundización.

Las claves del proyecto

  • Incorpora al Código Penal los delitos de negacionismo y apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
  • Fija, respecto a ellos, sanciones como las prescriptas para delitos de similar naturaleza: penas de prisión leves y sanciones económicas, según correspondiere.
  • A su vez, establece obligaciones específicas para funcionarios y funcionarias públicas de todas las jerarquías y jurisdicciones: la comisión, por su parte, de delitos de negacionismo y apología de crímenes de lesa humanidad y genocidio, resulta agravada por su responsabilidad pública, carácter que profundiza las sanciones previstas, inhabilita a sus autores a ocupar cargos públicos durante el tiempo de la condena e incluso los conmina a la realización de una capacitación en materia de derechos humanos, regímenes autoritarios y crímenes de lesa humanidad.

Qué pasa con los negacionistas en otros países

En Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Gracia, República Checa y Suiza, entre otros países, negar el Holocausto se considera un delito.

En el caso de Alemania, la norma contempla específicamente los crímenes cometidos por el régimen nazi. Si alguien llegara a negar el genocidio nacionalsocialista, la justicia alemana puede llegar sancionar con una multa o una pena privativa de hasta cinco años.

En Francia, la ley Égalité et citoyenneté (Igualdad y ciudadanía) prevé penas de hasta un año de prisión y una multa de hasta 45.000 euros para aquellos que nieguen públicamente genocidios reconocidos por Francia, como es el caso del Genocidio Armenio o los cometidos por la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

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