En Anisacate familiares de funcionarios y asesores son también proveedores municipales: ingresa denuncia a la Justicia

El médico Daniel Giovanoni, actual integrante del Tribunal de Cuentas de Anisacate denunciará ante la Justicia “hechos graves y falta de transparencia” del gobierno municipal. Ya presentó una nota en el municipio donde enumera, al menos, 10 hechos contrarios a la Constitución y normativa vigente “y hay muchos más”, resalta.

Entre ellos menciona que existen parientes de funcionarios que a la vez son proveedores, asesores que también son proveedores, la existencia de –por lo menos- 25 asesores del Ejecutivo con sueldos que van de los 400 a los 800 mil pesos, “cargos que nunca pasaron por el Concejo como establece la ley, entre muchas cosas más. Esto es gravísimo institucionalmente, y parece que nadie lo ve”, reclama y advierte que en pocos días pondrá todo en manos de la Justicia. “La Fiscalía luego verá qué hacer con todo el material. Es mi deber hacerlo”.

Giovanoni, quien es un reconocido vecino de la localidad muy respetado profesionalmente y con vasta trayectoria política, dialogó con Mi Valle explicó de que se trata su reclamo y/o denuncia que está amparada con pruebas.

¿Es la primera vez que hace una presentación de este tipo en la Municipalidad?

No, he presentado notas en un principio a la Presidenta del Tribunal, como corresponde a los carriles normales, y luego también a la Secretaría de Economía y a la Intendenta. Pero, últimamente se me ha sido vedada la presentación de toda nota de pedido a la Presidenta del Tribunal, así que, presento esta nota notificando lo que acontece en el Tribunal a la señora Intendenta del Municipio.

¿Qué cosa le ha sido vedada?
Se me prohibió el pedido de toda documentación. Como vocal del Tribunal tengo derecho a pedirle a la Presidenta del Tribunal alguna documentación faltante o copia, o algo que nos sea de utilidad para controlar la legalidad de toda la documentación.

¿Y cuál sería la función, entonces, si no puede pedir documentación faltante ni hacer ninguna observación?
Justamente…en nada se parece a un Tribunal, es un simulacro de Tribunal. En realidad hay numerosas falencias. No permiten sacar copias de la documentación, a pesar de que es un documento público, ni tampoco presentar esta nota de pedido que hacía referencia. Todo esto es en contra de la ley porque en ningún lado dice que se impide sacar copia a la documentación. De hecho, lo pude hacer durante los primeros siete meses. Momento en que trascienden a la opinión pública algunas facturas non santas, y ahí deciden, en vez de corregir la situación, deciden que no se saquen más copias. Como estas anormalidades, también hay otras cantas. La función del Tribunal es controlar la legalidad de todo pago. Por lo tanto, hay que ver la documentación previa al pago. Eso lo exige la Ley 8102. Es un procedimiento que se puede hacer, a pesar de que siempre se argumenta que es un municipio chico…. No, ya no es un municipio chico. Se puede fijar un día de pago y que el Tribunal de Cuentas pueda verlas antes de que se efectivice el pago. Entonces…visado previo, no existe, asesores del municipio que son a sus vez proveedores….

Eso es gravísimo…porque todo lo otro que está mencionando es más bien el administrativo, pero esto ya tiene otro nivel de importancia. Esta presentación que hizo, ¿piensa llevarla también a la Justicia?
Mi deber es notificar a la Fiscalía de las anormalidades. Fiscalía decidirá luego si investiga o no.

Esto no lo hizo todavía.
No. Ese es el próximo paso. Yo notifico al Ejecutivo y el próximo paso es ese. Estamos viendo facturas del mes de agosto. 90, 100 días de retraso cuando la ley dice que hay que verlas previamente al pago porque se sabe que el acto de corrupción más común son sobreprecios. ¿Cómo controlar eso? es imposible saber los precios que tenía la mercadería 90 días atrás. Hay cosas que se escapan del control. Además…familiares directos de personas con cargo electivo que también son proveedores del Estado. Todo esto infringiendo una ordenanza municipal, la ordenanza 54, ¿no? Y hay una ordenanza, la 365, también, que es un proyecto elaborado por la señora Contini cuando era concejal de la oposición. Hay un sinnúmero de situaciones. Las actas…las actas por ejemplo. Todos sabemos que se redactan durante la sesión, no? Bueno. Acá ya vienen hechas, impresas, con la leyenda “visadas” en un claro acto de…premonición?, porque no saben si van a salir visadas o no. Ya saben de antemano que van a ser visadas contando con mayoría, por más que el segundo local observe, bueno, cursa como visado Claro. Por otra parte hay facturas de reparaciones de vehículos, uno en particular que no existe en la flota municipal. Solamente Dios sabe a quién le arreglamos un vehículo “con la nuestra”!. Cuando consulté no supieron responderme lo que si me aseguraron es que ese vehículo no existe en la flota. Pareciera que estamos haciendo un turismo contable, vamos los martes. La única legalidad es que vamos una vez por semana y nos reunimos. Pero la presidenta no se hace cargo de su responsabilidad institucional, no me recibe notas, me prohíbe arbitrariamente sacar copias, etc…todo lo que conté anteriormente.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, para la gente que no conoce de quiénes estamos hablando, era compañera de la intendenta en el Banco Provincia de Córdoba, verdad? ¿sigue trabajando en esa institución?
Si, así es. Pero además…tenemos dos asesores en el Tribunal.

¿Dos asesores?
Sí. El primer día se presentaron como asesores del Cuerpo, pero su parcialidad e inacción es bien manifiesta. No aparecen, no se los ve. Esto está presentado en la municipalidad y Fiscalía resolverá qué va a hacer. Realmente para nosotros es preocupante porque se pierde la transparencia.

Lo extraño es que, más allá de la cuestión meramente administrativa y de la importancia que tiene esto en toda gestión municipal, uno de los estandartes de la campaña de Contini fue la transparencia…
Por supuesto, fue una de las principales banderas. Pero tenemos más de 25 asesores que no pasaron por el Concejo, por ejemplo.

¿De qué sueldos estamos hablando aproximadamente?
Entre cuatrocientos y ochocientos mil pesos. Asesores que, como marca la Ley provincial 8102, deben ser aprobados por el Concejo y tener un contrato. El contrato no se ve y por el Concejo no han pasado. Se ve poco apego a la ley, realmente es una pena esta pérdida de transparencia. La documentación pública no es pública. Hay doble discurso…es todo realmente anárquico lo que pasa en Anisacate.