Al ajuste anunciado por estas horas para ese sector, se le suma un atraso de pago por parte de las prestadoras de salud, teniendo más de seis meses de atraso.
“No solo pedimos por nuestra demora en los pagos de seis meses, sino también para que no haya más recortes en las prestaciones básicas por discapacidad”, resume de forma cruda Sylvia Andrada, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Kamay de Alta Gracia.
“Iniciamos jornadas de Paros Activos, esto significa mantener las instituciones abiertas, recibir a los pacientes, para no perjudicar su situación, pero buscamos visibilizar nuestro problema y no permitir más la vulneración de derechos a las personas con discapacidad”.
La demanda todas las instituciones que asisten a personas con esta problemática, hace foco en la gran demora que se evidencia en los pagos recibidos por sus servicios.
Está claro que la demora, atravesando un proceso inflacionario entre el 6 y 8 % mensual, atenta contra el poder adquisitivo de los profesionales y desvaloriza su trabajo.
Sobre el tema, también tomó posición Odis, el Observatorio para Personas con Discapacidad, y advirtió que apoyaba todas las marchas que se iban a llevar adelante en torno a esta situación.
Explicando un poco de qué se trata, Miryam Flamand, promotora de derechos de personas con discapacidad e integrante de Odis, manifestó: “esto afecta directamente a las personas con discapacidad que es una franja que está en total situación de vulnerabilidad. Cuando no se le paga a los profesionales, cuando se hace recorte, cuando se le quiere sacar a las obras sociales el manejo y quiere manejarlo el Estado, sabemos que esto los afecta a ellos y estamos todos con miedo ante esta situación“, dijo; y agegó: “las personas con discapacidad tienen sus derechos consagrados, con un tratado internacional, con jerarquía institucional en el país, así que todo esto es muy preocupante. Apelo a que con todas estas movilizaciones el gobierno reflexione, que no haga los cambios que quiere hacer, que las personas con discapacidad puedan seguir recibiendo sus rehabilitaciones y que la gente que trabaja en este ámbito siga cobrando”.
Voces relacionadas a las instituciones, advierten que las facturas que presentaon el año pasado aún no han sido abonadas. “Opino que se pueden hacer recortes en cualquier otro lugar, menos en Salud y Educación como se ha hecho. Bajar las partidas presupuestarias de Salud en 10 mil millones de pesos es una locura”
Ante esta problemática que se vive a nivel nacional, Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, declaró esta mañana que “el atraso de una semana que se generó en las prestaciones que se financian desde la SSS y obras sociales se debió a inconvenientes administrativos y ya fueron solucionados”. El funcionario explicó que la cadena ya “se encuentra en curso” para “acreditar la suma total a cada obra social y se efectúen los pagos de las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad”.
Por el momento los profesionales no recibieron ningún aviso de pago, lo cual hace prever que el conflicto continuara hasta que esto se haga efectivo.
Al mismo tiempo, se advierte sobre un recorte en las prestaciones básicas que se brindan a los afiliados, poniendo en crisis no solo la asistencia médica, sino fuentes laborales en el sector, que mantiene su mayor ingreso por las facturaciones de las obras sociales.
Este miércoles 31 de agosto, las fundaciones que tiene sus sedes en Alta Gracia, realizaran un encuentro para decidir cuáles serán las medidas a tomar en los próximos días.