La ONG de Alta Gracia fue una de las primeras en reparar en esta «acción que, mínimamente, es poco inclusiva», sostuvieron.
El INDEC finalmente respondió a ODis (Observatorio para el cuidado de la dignidad de las personas con discapacidad en nuestra comunidad), ONG de Alta Gracia que cuestionó mediante una carta que el CENSO 2022 no incluye a las personas con discapacidad. Si bien la respuesta no fue del todo «formal» y evitó repensar estos cuestionamientos, para el Observatorio no deja de ser positivo que hayan contestado la misiva.
De todas maneras, cuando los integrantes de ODis van al fondo de la cuestión, lamentablemente observan que la iniciativa sigue adelante con un sola pregunta en el cuestionario que apela a «dificultad o limitación» y no especifica si la person tiene o no certificado de discapacidad, alguna pensión, etc.
«Dado que las encuestas específicas constituyen la fuente de datos más idónea para la medición de la discapacidad, mediante los datos recogidos en el Censo y la obtención del universo completo de hogares que declaren dificultades o limitaciones, el INDEC podrá realizar un nuevo Estudio sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad en la Argentina, que se está planificando junto a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El diseño de la encuesta específica prevé no solo cuantificar a la población con dificultad sino también caracterizarla a través de preguntas como acceso a la educación común, a los puestos de trabajo, a los servicios de rehabilitación y a la detección precisa de los obstáculos que deben enfrentar, necesidades de ayuda, etc. El Censo no busca captar si la población posee o no un Certificado Único de Discapacidad (CUD), ni solo a las personas con certificado de discapacidad», dice en parte del texto enviado.
Es bueno recordar que desde ODis, plantearon algunsa observaciones; entre ellas «en esta oportunidad, las Personas con Discapacidad estaremos excluidas del censo, y que el plan a seguir es la realización de un censo en el año 2023 exclusivamente para censarnos. Que, desde este Observatorio, nuestra opinión es que el hecho de “desdoblar” el censo implicará un nuevo gasto que podría perfectamente evitarse, censando a todos los ciudadanos a la vez, sin ningún tipo de diferenciación. (…) creemos que el censo debería contemplar el relevamiento de información en relación a si estas personas en situación de discapacidad, tienen acceso a la educación común, a los puestos de trabajo, a los servicios de rehabilitación y a la detección precisa de los obstáculos que deben enfrentar día a día. Que, por otra parte, pensamos, también, que, más allá de las personas con discapacidad que han de sido declaradas como tales y que poseen el recomendado Certificado de Discapacidad, hay una franja compuesta por ciudadanos que tienen diagnósticos que expresan condiciones claramente incapacitantes, aun cuando, por diferentes motivos (prejuicios, miedo a ser estigmatizadas, etcétera) no hayan tramitado ni deseen tramitar ese certificado. Estos ciudadanos, que parten de algún diagnóstico casi siempre neurobiológico o psiquiátrico (por ejemplo, es el caso de las personas bipolares, las disléxicas, las atento-dispersas, o las que poseen alguna condición dentro del espectro autista en forma muy leve, y también aquellas que siendo muy jóvenes sufren, por determinadas razones, algún tipo de depresión nerviosa severa, o tal vez, alguna secuela traumática irreversible que cercene sus posibilidades de crecimiento y de adaptación al medio social), deberían ser también censados convenientemente, a partir de preguntas capaces de develar la realidad de sus vidas».
Por eso, y más allá de este y otros cuestionamientos que llegaron al INDEC sobre este tema, el Instituto de Estadísticas y Censo, hace una diferencia entre la palabra «discapacidad», «dificultad» y «limitación» y aclara que los fines específicos planteados no deben reflejarse en el Censo particularmente.
Desede ODis, en tanto, aclararon que esta «acción que, mínimamente, es poco inclusiva».