La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente de 13 años en la localidad de Laboulaye, ha conmocionado recientemente no solo a los habitantes de dicha comunidad sino también a toda la provincia y el país. Las características generales del hecho, los resultados preliminares de la autopsia y principalmente, la identidad de quien sería el autor del homicidio, otro menor compañero y amigo íntimo de la víctima, están despertando no solo la atención de los medios periodísticos nacionales e inclusive internacionales, sino también de una ciudadanía que desde hace años viene reclamando la necesidad imperiosa de un debate integral sobre la temática de la minoridad y el delito.
Cuestiones como la edad de la imputabilidad, una legislación penal y procesal acorde a nuestros tiempos, los centros de detención para menores, entre otras tantas temáticas, conforman una gran deuda pendiente de quienes nos gobiernan con la sociedad que padece cada día más hechos delictivos graves protagonizados por menores inimputables. El régimen penal de minoridad que está vigente en nuestro país, aunque ha tenido modificaciones posteriores, tiene más de cuarenta años ya que data del año 1980, en plena dictadura y con la firma de Videla (Ley 22.278, 25/08/1980).
Decíamos en una nota que publicamos hace varios años que “quienes nos dedicamos a estudiar y escribir sobre estos temas, muchas veces no encontramos respuestas para quienes, desde la posición de víctimas, han padecido su accionar, su comportamiento delictivo, su violencia, su falta absoluta de respeto por la vida. ¿Qué le podemos explicar desde el conocimiento criminológico a una anciana que ha sido golpeada salvajemente por un menor?, ¿qué le podemos decir a quién sufrió la violencia de un casi niño que armado estaba dispuesto a todo?”.
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No hay palabras, teorías ni explicaciones científicas que hoy se le puedan brindar a esa madre que debe sufrir el asesinato de su hijo en manos de un menor de 14 años, el que según la ley “no comprendió la criminalidad de sus actos ni pudo adecuar su conducta a esa comprensión”.
Según las declaraciones de los padres de Joaquín, que murió como consecuencia de numerosos golpes en el cráneo, el adolescente era víctima de bullying permanentemente en la escuela donde asistía. Aunque la directora del establecimiento escolar negó que existieran situaciones de acoso, la madre afirmó que hubo diversas reuniones en el colegio e inclusive actas donde se dejó constancia de las denuncias realizadas.
Resulta indispensable que se profundicen los trabajos para elaborar programas y estrategias, especialmente en las instituciones educativas y sus equipos docentes, para la efectiva prevención y abordaje de esas situaciones de violencia comprendidas en los casos de bullying y su modalidad tecnológica conocida como ciberbullying. Los docentes, directivos y sus equipos de trabajo, deben comprender cabalmente la gravedad de esas conductas de acoso, maltrato y hostigamiento, y actuar en consecuencia, mucho más allá de cumplir con la simple formalidad de un par de reuniones y sus actas respectivas.
En nuestro país, según la ONG “Bullying sin Fronteras”, siete de cada diez niñas, niños y adolescentes sufren bullying y otro tipo de maltratos en entornos escolares, lo que nos posiciona en el triste ranking de ser uno de los países con más casos de bullying y ciberbullying en el mundo.
Aunque el amigo de Joaquín, de 14 años, haya confesado la brutal autoría del homicidio, luego de una serie de mentiras e intentos para desviar las actuaciones, el proceso se encuentra en plena etapa investigativa, por lo que pueden surgir novedades sobre algunas cuestiones de sospecha, como la verdadera motivación y demás circunstancias del victimario, la presunta participación de otras personas en el crimen, deficiencias en el primer proceder policial, responsabilidad por inacción de las autoridades escolares, etc.
Las manifestaciones de violencia por parte de menores, adolescentes y hasta niños, son cada vez más preocupantes, de ahí la necesidad de un profundo debate nacional sobre la minoridad y el régimen penal aplicable, haciendo especial hincapié en las acciones preventivas que se pueden implementar para combatir las verdaderas causas de la criminalidad y toda conducta antisocial.
Por Eduardo Castillo Páez: Abogado. Criminólogo y Diplomado en Derecho Penal, Ciencias Forenses y Perfilación Criminal