La presentación fue realizada por el actual presidente del Centro Vecinal y apunta contra uno de los candidatos de la Lista N.º 2 por una presunta incompatibilidad de funciones. La Municipalidad resolvió mantener, por el momento, las elecciones previstas para el 25 de octubre, mientras analiza el planteo.
La renovación de autoridades del Centro Vecinal de Barrio Sur, en Alta Gracia, sumó un nuevo capítulo de controversia luego de que Walter Federico Oviedo, actual presidente de la institución, presentara una impugnación contra la Lista N.º 2.
El cuestionamiento apunta particularmente a Federico Benegas, candidato a secretario de la Comisión Directiva, por su presunta vinculación laboral con tareas de coordinación de los programas FODEMEEP y PAICor. Según la presentación, esta situación podría configurar una incompatibilidad con lo establecido en la Ordenanza Municipal N.º 10.177.
La controversia surgió después de que, el pasado 7 de octubre, se firmara un acta acuerdo entre las listas participantes para establecer las condiciones de los comicios, previstos para el domingo 25.
Ante el planteo, la Secretaría de Gobierno, Salud y Desarrollo de la Municipalidad de Alta Gracia emitió este jueves 15 de octubre la Resolución N.º 3, mediante la cual dispuso dar tratamiento a la impugnación, aunque sin suspender las elecciones.
En sus fundamentos, el municipio sostiene que una eventual incompatibilidad individual no implica necesariamente la invalidez de una lista completa y que deben preservarse los derechos de participación tanto de los restantes candidatos como de los vecinos habilitados para votar.
Asimismo, la resolución establece que los integrantes de la Lista N.º 2 deberán tener la posibilidad de conocer los cuestionamientos, presentar su descargo y aportar las pruebas que consideren necesarias antes de que se adopte una decisión definitiva.
De esta manera, el cronograma electoral continúa vigente y la fecha del 25 de octubre se mantiene, mientras la autoridad municipal analiza si existen fundamentos legales suficientes para cuestionar la candidatura señalada.
La resolución no determina, hasta el momento, ninguna inhabilitación definitiva. El conflicto queda ahora sujeto a una nueva evaluación administrativa que deberá resolver la situación antes de la definición del proceso electoral.