Javier y Nelly, vecinos de barrio Los Cerritos —ubicado detrás del barrio Tiro Federal en Alta Gracia— atraviesan una delicada situación habitacional y legal que afecta directamente su derecho a una vivienda digna. En diálogo con Mi Valle Medios, relataron la odisea que vienen atravesando desde hace más de un año, pese a haber adquirido el terreno en 2021 y haber habitado el lugar desde entonces sin conflictos.
La pareja compró el lote a una heredera de una posesión, mediante una escribana, e inició la construcción de su hogar. Durante tres años vivieron en el lugar sin inconvenientes, hasta que en 2023 surgió otro presunto poseedor, lo que desató un conflicto legal.
Desde febrero de este año, tienen vigente una medida judicial de no innovar, que les impide continuar con cualquier tipo de obra: no pueden colocar ventanas, cerrar la vivienda ni siquiera protegerse del ingreso de agua. “Pasamos el verano con las lluvias entrando por todos lados y ahora el invierno con el frío tremendo. No podemos seguir así”, expresaron con angustia.
A pesar de haber presentado en marzo una solicitud para levantar la medida judicial, todavía no obtuvieron respuesta. Mientras tanto, explican, la casa sigue en condiciones precarias, sin cerramientos y con materiales expuestos al clima.
Además, aseguran que la policía fiscal visitó su vivienda en mayo, junto a la abogada de la parte contraria, acusándolos de haber incumplido la medida judicial por rellenar con tierra un sector de la vereda. “No entendemos por qué la justicia responde rápido a eso, y no a nuestra necesidad básica de cerrar la casa para poder vivir dignamente”, señaló Javier.
La pareja también denunció haber sido víctima de tres robos, lo que agrava su preocupación por la falta de seguridad. “Las aberturas las tenemos, las compramos con un crédito del Banco Córdoba, que estamos pagando a cuatro años. Están ahí, apoyadas en la pared, y la justicia no nos deja colocarlas”, lamentó Nelly.
Junto a ellos, más de 60 familias habrían adquirido terrenos en condiciones similares en el mismo barrio. Sin embargo, explican que son los únicos que enfrentan esta medida restrictiva, aunque todos comparten el mismo origen en la compra.
“Sí, nos sentimos estafados, aunque no sepamos exactamente por quién”, expresaron. “Queremos seguir el proceso legal, pero mientras tanto, pedimos que se nos permita simplemente cerrar nuestra casa. Es por salud, por seguridad, por dignidad”.
Los vecinos esperan que la justicia acelere los tiempos y contemple la urgencia de la situación. “Confiamos en que se va a solucionar, pero la justicia es muy lenta. Mientras tanto, seguimos esperando, viviendo entre el frío, el agua y la incertidumbre”.
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