El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei incluye modificaciones en distintos aspectos vinculados al sistema de discapacidad. Las propuestas alcanzan al régimen de pensiones por invalidez, la compatibilidad de esas pensiones con el trabajo formal y el esquema de aranceles de las prestaciones básicas.
Los cambios todavía no están vigentes: forman parte del proyecto enviado al Congreso y deberán atravesar el correspondiente tratamiento legislativo.
Uno de los puntos centrales se encuentra en el régimen de prestaciones establecido por la Ley 24.901. Actualmente, la normativa establece que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad son iguales para las entidades obligadas y contempla su actualización vinculada al índice de movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones. También establece un estudio anual de costos para contemplar componentes que no estén incluidos en el IPC.
El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar ese esquema. De acuerdo con el análisis publicado sobre el texto de la iniciativa, el artículo 39 elimina el principio de un arancel único y modifica el mecanismo de actualización de los valores, estableciendo un esquema en el que los montos podrían diferenciarse según el ente obligado.
Esto significa que, de aprobarse el proyecto tal como fue presentado, dejaría de regir el esquema actual de valores iguales para todas las entidades obligadas y también se modificaría el mecanismo automático de actualización vigente.
Cambios en las pensiones por discapacidad
El proyecto también plantea modificaciones sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Entre los cambios señalados en el Capítulo VI del proyecto se encuentra el regreso a un esquema vinculado a la imposibilidad para trabajar y la modificación de las reglas de compatibilidad entre la pensión y el empleo formal.
Según el análisis del proyecto publicado por distintos medios, la iniciativa establece una incompatibilidad entre la pensión y el trabajo formal, modificando el régimen que actualmente permite compatibilizar la percepción de la pensión con determinados niveles de ingresos laborales.
Se trata de una modificación que todavía forma parte de la discusión legislativa y que, por lo tanto, podría sufrir cambios durante el tratamiento parlamentario.
Qué hay detrás de los cambios
Más allá de los artículos, los cambios propuestos impactan sobre un sistema que involucra a personas con discapacidad, familias, prestadores, profesionales, instituciones y trabajadores que forman parte cotidianamente de los procesos de atención y acompañamiento.
Las prestaciones pueden incluir tratamientos, terapias, apoyos, traslados y distintos servicios destinados a favorecer la autonomía y la participación de las personas con discapacidad.
La discusión presupuestaria no se limita entonces a los números asignados para un determinado ejercicio. También involucra las reglas mediante las cuales se financian y determinan los valores de las prestaciones y las condiciones de acceso y permanencia en determinados beneficios.
En este sentido, organizaciones y representantes del sector ya expresaron cuestionamientos a las modificaciones propuestas. Desde el sector de prestadores, por ejemplo, se advirtió sobre el impacto que podría tener la eliminación de valores universales en el sistema de prestaciones.
El debate se desarrolla mientras el Congreso analiza tanto el Presupuesto 2027 como las distintas cuestiones vinculadas con la emergencia en discapacidad.
Un debate que continúa en el Congreso
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo deberá ser debatido por diputados y senadores antes de convertirse, eventualmente, en ley.
Por eso, las modificaciones incluidas en el texto deben entenderse como propuestas y no como cambios ya implementados.
La discusión involucra aspectos presupuestarios, pero también cuestiones relacionadas con el acceso a prestaciones, el funcionamiento del sistema, las condiciones de las pensiones y la posibilidad de compatibilizar determinados beneficios con el empleo formal.
Detrás de cada uno de esos puntos hay personas y familias que dependen de tratamientos, apoyos y servicios para desarrollar su vida cotidiana con mayores niveles de autonomía.
La discusión sobre el Presupuesto 2027 deberá definir, en el ámbito legislativo, qué modificaciones finalmente serán aprobadas y bajo qué condiciones.