La histórica frase de Arturo Jauretche, utilizada durante décadas para cuestionar la entrega de los recursos nacionales, volvió a instalarse en el centro del debate político ante el proyecto que el Gobierno nacional impulsa para modificar la Ley de Tierras Rurales.
El próximo 6 de agosto, el Senado tratará el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que, entre otros puntos, propone eliminar el límite del 15% de tierras rurales que actualmente pueden estar en manos de propietarios extranjeros, establecido por la Ley 26.737, sancionada en 2011.
La discusión excede ampliamente una cuestión inmobiliaria. Para quienes rechazan la reforma, se trata de un debate sobre la soberanía nacional, el control de los recursos naturales y el futuro de territorios considerados estratégicos para el país.
Qué cambios propone el proyecto
La iniciativa impulsada por el Gobierno busca derogar varios de los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Entre las principales modificaciones se encuentran:
•Eliminar el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal.
•Suprimir el límite para propietarios de una misma nacionalidad.
•Flexibilizar restricciones para adquirir campos ubicados en zonas de frontera y cercanos a cursos permanentes de agua.
•Eliminar diversas limitaciones vinculadas a bosques nativos, humedales, áreas protegidas y tierras afectadas por incendios.
•Modificar el concepto de “titularidad extranjera”, habilitando una mayor participación de personas físicas y empresas con capital internacional.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a eliminar trabas burocráticas y favorecer nuevas inversiones productivas.
La tierra en números
Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualmente alrededor de 13,2 millones de hectáreas pertenecen a propietarios extranjeros, lo que representa aproximadamente el 5% del territorio rural argentino.
Gran parte de esas superficies se encuentran en zonas de alto valor estratégico, como áreas de frontera, regiones con importantes reservas de agua dulce, bosques nativos, corredores logísticos y territorios con potencial minero.
Los principales propietarios extranjeros provienen de Estados Unidos, Italia y España, mientras que uno de los casos más conocidos es el del empresario británico Joe Lewis, dueño de miles de hectáreas en la zona de Lago Escondido.
Un debate que vuelve a poner la soberanía en el centro
La discusión llega en un contexto donde el reclamo por la soberanía argentina volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública, especialmente tras las recientes manifestaciones populares vinculadas a la causa Malvinas.
Para distintos sectores sociales, ambientales, académicos y políticos, la defensa del territorio no se limita al reclamo sobre las islas, sino que también implica preservar el control nacional sobre los recursos estratégicos existentes dentro del país.
Bajo esa mirada, la frase de Jauretche volvió a multiplicarse en redes sociales y en distintos espacios de debate: “Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”.
Convocatorias para rechazar la iniciativa
Diversas organizaciones sociales, ambientalistas y agrupaciones ciudadanas convocaron a manifestarse contra el proyecto.
La primera movilización está prevista para el 1 de agosto, en el marco del Día de la Pachamama, mientras que el 6 de agosto, fecha en la que el Senado debatirá la iniciativa, también se convocó una concentración frente al Congreso Nacional.
La votación promete convertirse en uno de los debates legislativos más importantes del año, al enfrentar dos visiones sobre el desarrollo del país: una que prioriza la apertura para atraer inversiones y otra que advierte sobre la necesidad de mantener límites para proteger la soberanía territorial y los recursos naturales argentinos.