En Alta Gracia hay ordenanzas que avanzan con velocidad de autopista y otras que parecen haber quedado estacionadas en doble fila. La N.º 12.911, sancionada por unanimidad el 26 de junio de 2024 para regular la actividad de los cuidadores de vehículos, pertenece —al menos hasta ahora— al segundo grupo.
Pasaron más de dos años desde que el Concejo Deliberante aprobó la creación de un Registro Municipal de Cuidadores de Vehículos. La norma fue presentada como una herramienta para ordenar una actividad que existe, brindar seguridad a vecinos y visitantes, identificar a quienes trabajan en la calle y ofrecerles un marco de inclusión y capacitación.
El texto no era precisamente una declaración de buenas intenciones y que establecía responsabilidades concretas para el Departamento Ejecutivo y designaba a la Secretaría de Gobierno, a cargo de Mariano Agazzi, como autoridad de aplicación.
Debía ponerse en funcionamiento un registro, determinarse cuántas credenciales serían otorgadas, delimitarse las zonas de trabajo, asignarse sectores a cada cuidador, entregarse chalecos identificatorios y publicarse en la página web municipal el listado de personas habilitadas. También disponía que la contribución económica debía ser voluntaria, prohibiendo exigir una tarifa fija o anticipada. Además, contemplaba capacitaciones, requisitos de inscripción y sanciones ante situaciones de maltrato, cobros compulsivos, actividad sin autorización o trabajo bajo los efectos del alcohol o de sustancias. La ordenanza tenía artículos, autoridad de aplicación, requisitos, controles y hasta un sistema de sanciones. Lo único que, aparentemente, todavía no consiguió fue salir del papel.
¿QUIÉN DEJÓ LA ORDENANZA EN EL CAJÓN?
La pregunta es inevitable: ¿qué hizo durante estos dos años el área municipal encargada de implementarla? ¿Se abrió alguna inscripción? ¿Se realizó un relevamiento de quienes desarrollan esta actividad? ¿Existen credenciales otorgadas? ¿Se entregaron chalecos? ¿Se delimitaron sectores? ¿Hubo capacitaciones? ¿Está publicado en la web municipal el registro que ordenaba la norma? Y, fundamentalmente, si nada de esto ocurrió, ¿por qué?
Sancionar una ordenanza para después no aplicarla es una forma elegante de no resolver el problema; es hacer política con escenografía: se anuncia, se debate, se vota, se fotografía y finalmente se archiva. ¡Una especie de “ordenanza para la tribuna”, con muchos artículos y poca calle! Tampoco alcanza con responder que la norma “está vigente”. Una regulación puede estar jurídicamente vigente y políticamente muerta. Si no existe registro, identificación, capacitación ni control, la ordenanza se convierte en una pieza decorativa del Boletín Oficial.
UNA NORMA QUE BUSCABA ORDENAR, NO PERSEGUIR
El espíritu de la ordenanza no era —o no debía ser— criminalizar a quienes encuentran en esta actividad una fuente de ingresos; por el contrario, el escrito habla de inclusión, formalización, capacitación y prioridad para personas mayores de 40 años, personas con discapacidad y trabajadores con antigüedad en la actividad. Precisamente por eso… la falta de implementación perjudica a todos.
Perjudica al vecino, que continúa sin saber quién está autorizado para cuidar vehículos y quién no. Perjudica al comerciante, que necesita reglas claras en zonas de movimiento. Perjudica al turista, que muchas veces desconoce si la colaboración es voluntaria o está siendo presionado. Y perjudica también al cuidador que trabaja honestamente, porque sigue mezclado con quienes recurren a exigencias, amenazas o malos tratos.
LA PROVINCIA AVANZÓ Y ALTA GRACIA TODAVÍA DEBE EXPLICACIONES
El contraste político resulta todavía más incómodo porque Córdoba avanzó con una regulación provincial sobre cuidacoches y limpiavidrios. La nueva legislación prevé sanciones para quienes exijan dinero sin autorización, pero también contempla programas transitorios de inclusión sociolaboral, relevamientos, capacitación en oficios y acompañamiento a los municipios. Además, invita a las administraciones locales a informar quiénes están habilitados para ejercer la actividad.
Es decir, mientras la Provincia actualiza el marco general y vuelve a colocar el tema en agenda, Alta Gracia ya tenía desde 2024 una herramienta propia que, hasta ahora, no muestra resultados visibles. La ciudad llegó temprano a la discusión, pero parece haberse quedado dormida antes de ponerla en marcha.
¿FALTA DE DECISIÓN, DE GESTIÓN O DE CONVENIENCIA?
No estamos frente a un problema técnico imposible de resolver. El municipio realiza registros, entrega habilitaciones, organiza capacitaciones y controla actividades económicas de manera cotidiana; por eso cuesta creer que durante dos años no haya podido confeccionar una planilla, convocar a los trabajadores, entregar identificaciones y establecer sectores. ¿O si habrá ocurrido y aún nadie lo anunció? Porque hace cinco meses el funcionario a cargo decía en los medios ue estaba todo en la recta final ¿qué pasó entonces?. E este punto, las preguntas comienzan a ser políticas. ¿Falta decisión? ¿Falta presupuesto? ¿Hubo resistencia interna? ¿Existieron intereses que frenaron la implementación? ¿La ordenanza fue aprobada solamente para mostrar iniciativa frente a un reclamo social? ¿O nadie quiso asumir el costo de ordenar una actividad que, por momentos, genera conflictos?
El Ejecutivo municipal debería informar públicamente cuál fue el trabajo realizado desde junio de 2024, cuántas personas fueron relevadas, qué partidas se destinaron y cuál es el cronograma concreto para implementar la norma. También el Concejo Deliberante tiene responsabilidad ya que su tarea no termina cuando se levantan las manos para votar. Los concejales —oficialistas y opositores— deben controlar si aquello que sancionaron se cumple. De lo contrario, el recinto corre el riesgo de convertirse en una fábrica de normas sin garantía ni seguimiento.
LAS ORDENANZAS NO SE VOTAN PARA JUNTAR POLVO
Alta Gracia necesita saber qué ocurrió con la Ordenanza 12.911. No dentro de otros dos años, sino ahora. Por qué una norma que prometía identificación, inclusión, seguridad y reglas claras no puede permanecer indefinidamente guardada en un cajón; porque el problema no desaparece simplemente porque el municipio deje de hablar de él. Las ordenanzas no se aprueban para completar estadísticas legislativas ni para decorar boletines oficiales, se aprueban (o al menos eso creíamos) para aplicarlas.
Después de más de dos años, el Registro Municipal de Cuidadores de Vehículos continúa siendo apenas una promesa escrita. Y mientras la ordenanza sigue estacionada, alguien debería explicar quién se quedó con la llave.