El municipio de Alta Gracia advirtió sobre la grave situación que se vive en terrenos fiscales ocupados de forma ilegal camino a La Paisanita. Hay preocupación por estafas, riesgo ambiental, inseguridad y la falta total de servicios. El asesor letrado Dr. Daniel Villar encabezó una reunión con concejales para pedir respaldo político y avanzar con acciones judiciales.
El conflicto por la creciente ocupación de terrenos en la zona conocida camino a La Paisanita, entre Alta Gracia y esa localidad, suma tensión. Este lunes, el asesor letrado del municipio, Dr. Daniel Villar, mantuvo una reunión con concejales de todos los bloques para exponer la situación y solicitar acompañamiento político ante lo que definió como “un problema habitacional, legal y ambiental de magnitud”.
“Vamos a tomar cartas en el asunto sobre la ocupación en el camino a La Paisanita y por eso pedimos el apoyo del Concejo”, afirmó Villar tras el encuentro, acompañado por el viceintendente a cargo del Ejecutivo Jorge De Nápoli.
Según explicó, la ocupación actual no solo es ilegal, sino que está creciendo sin control. “No se están cumpliendo las leyes nacionales, provinciales ni nuestras propias ordenanzas. Hay personas que llegaron engañadas, estafadas, y otras que directamente están siendo utilizadas por punteros que venden tierras fiscales que no les pertenecen”, denunció.
Estafa, desinformación y riesgo social
Villar detalló que se detectaron ofertas de lotes con supuestos servicios de agua y luz que en realidad no existen. “Es una situación muy delicada. Hay una necesidad habitacional evidente, pero también hay picardía y negocios turbios que afectan a quienes más lo necesitan”.
Además, el municipio alertó por el impacto ambiental de la toma. “Esta era una gran reserva natural. Hoy está siendo depredada. Y tampoco hay condiciones mínimas de seguridad ni de control”, dijo. También mencionó la preocupación de los barrios cercanos como Horizonte, 8 de Agosto, El Golf y el trayecto a La Paisanita.
Censo en curso y facultades en análisis
Desde el Ejecutivo ya se inició un censo en el sector. “Muchas de las personas no son de Alta Gracia como se afirma. El número de ocupantes es mayor al que se dice públicamente y provienen de diferentes zonas. No se trata solo de una demanda local”, aseguró Villar.
Por eso, se solicitó al Concejo Deliberante que habilite legalmente al municipio para ejercer el poder de policía, avanzar con denuncias penales y frenar las maniobras de venta ilegal.
“El problema no es la gente que necesita un lugar donde vivir. El problema es que se está vendiendo lo que no se puede vender y se está generando un conflicto mayor para todos. Si no actuamos ahora, esto va a escalar”, advirtió.
Acompañamiento institucional
Según indicó Villar, los bloques opositores y oficialistas mostraron intención de acompañar al Ejecutivo. “La reunión fue generada por los propios concejales. Están preocupados. Nos pidieron informes y posiblemente en los próximos días se avance en una resolución o incluso sesiones extraordinarias para tratar esta urgencia”.
El objetivo del municipio, sostuvo, es claro: proteger a los vecinos, frenar a los estafadores y ordenar una ocupación que, de no regularizarse, solo traerá más desigualdad y conflicto.