Mientras que taxis y remises deben cumplimentar rigurosos requisitos para trabajar, en la calle crece una pregunta incómoda: ¿quién controla a los que trabajan desde afuera y ocupan paradas oficiales que deberían ser para el servicio habilitado de la ciudad?
En Alta Gracia, el transporte está dejando una imagen cada vez más difícil de disimular. De un lado, choferes de taxis y remises que aseguran estar “sometidos a exigencias permanentes”: seguro, ITV, carnet profesional, reloj homologado, libreta sanitaria, certificado de buena conducta, impuestos al día. Del otro, la percepción —cada vez más extendida entre los trabajadores del sector— de que durante la noche y, sobre todo, los fines de semana, “hay vehículos de aplicaciones y taxis/remises de otras localidades que operan con total naturalidad, incluso ocupando lugares oficiales, paradas oficiales, sin que nadie intervenga”, reclama uno de ellos en diálogo con Mi Valle.
El reclamo no nace de un capricho ni de una guerra contra la tecnología. Nace del hartazgo. Porque el problema no es solamente Uber, Didi o cualquier app. El problema es otro: “la falta de una vara pareja. Si a unos se les exige todo y a otros se les permite casi todo, entonces no hay regulación: hay desorden con sello oficial”, explica otro titular de remis.
La contradicción se vuelve más evidente porque la propia Municipalidad de Alta Gracia impulsó en 2025 una ordenanza para regular el transporte por aplicaciones, con inscripción obligatoria, requisitos de seguridad, documentación, antigüedad máxima de los vehículos y controles regulares. Incluso desde el Municipio se afirmó luego que los controles se hacían “todos los días” y “sin distinción” entre taxis, remises, colectivos y aplicaciones.
Sin embargo, en marzo de 2026 el Concejo Deliberante otorgó una prórroga de 60 días para la inscripción de las aplicaciones y de sus choferes, con el argumento de facilitar la adecuación al nuevo sistema. Al mismo tiempo, comenzó un proceso de notificación e información, mientras los trabajadores tradicionales seguían denunciando desigualdad de condiciones.
Ahí está el corazón del conflicto. Porque si hay norma, pero no se ve en la calle; si hay controles, pero el fin de semana nadie los nota; si hay lugares oficiales para un servicio habilitado, pero terminan siendo usados por vehículos de otras ciudades como si fueran tierra de nadie, entonces la pregunta ya no es qué falta regular. La pregunta es quién está haciendo cumplir lo que ya se aprobó.
No se trata de defender privilegios. Se trata de defender reglas porque entonces…¿cumplir no conviene?.
Y cuando cumplir no conviene, el que pierde no es solo el chofer habilitado. Pierde el usuario, que queda expuesto a un sistema donde no siempre sabe quién lo lleva, desde dónde opera, bajo qué cobertura circula o qué control real existe sobre ese servicio. La seguridad vial y la transparencia no pueden depender del azar ni del horario en que uno pida un viaje.
El problema, entonces, no es la modernización. El problema es la modernización sin autoridad. Alta Gracia avanzó en una regulación y anunció operativos de control en distintos sectores urbanos, incluso nocturnos. Pero si en la práctica los testimonios del sector formal siguen describiendo las mismas escenas de siempre —autos levantando pasajeros sin fiscalización, remises de afuera trabajando en la ciudad y espacios oficiales ocupados sin consecuencias visibles—, lo que falla no es el diagnóstico: falla la decisión política de hacer cumplir la norma.
A esta altura, ya no alcanza con reuniones, promesas ni prórrogas. Hace falta control real, presencia en la calle y una política pública que deje de mirar para otro lado. Porque una ciudad no ordena su transporte con discursos. Lo ordena cuando demuestra que la ley vale lo mismo para todos.