En un clima político cada vez más tenso, el Ejecutivo Municipal de Anisacate presentó esta semana un proyecto al Concejo Deliberante que busca reglamentar —y en la práctica limitar— el proceso de revocatoria popular que fue iniciado para remover de sus cargos a la intendenta Natalia Contini, a los tribunos de cuentas y a los concejales oficialistas.
El intento del oficialismo se sustenta en una propuesta de legislación local que contradice la normativa provincial vigente. La concejal Carla Petrello, referente de la minoría, cuestionó la maniobra sin reparar demasiado en ella por lo “absurdo de la medida”: “Votamos en contra porque una ordenanza municipal no puede ir en contra de una ley provincial. Nos rige la Ley 8102 porque somos un municipio con menos de 10.000 habitantes, y en esa ley están establecidos los procedimientos para la revocatoria. No hay margen para reinterpretaciones locales”, sostuvo.
La sesión ordinaria del Concejo se realizó este miércoles y abordó un total de cuatro proyectos. Entre ellos, se aprobaron por unanimidad un plan de moratoria 2025, un pedido de fondo permanente por $50 millones para afrontar el pago de sueldos, y la modificación de nombres de calles en un sector de la localidad. Sin embargo, el foco estuvo puesto en el cuarto punto del orden del día: el polémico proyecto para regular la revocatoria ciudadana.
Según explicó Petrello, la iniciativa oficialista busca imponer restricciones al ejercicio de un derecho que está claramente regulado a nivel provincial, por lo que advirtió que podría ser judicializado. “No tenemos carta orgánica. Nos regimos por la ley provincial. No se puede limitar un mecanismo de participación ciudadana con una ordenanza que va en contra de esa norma superior”, subrayó.
El debate se produce en el contexto de una solicitud formal presentada semanas atrás por un grupo de vecinos, quienes activaron el mecanismo de revocatoria contemplado en la Ley 8102. Este procedimiento —aunque poco frecuente— está previsto para situaciones de profunda crisis de representatividad o conflictos institucionales, y requiere superar una serie de requisitos formales y porcentuales para avanzar.
El envío del proyecto por parte del Ejecutivo es visto por algunos sectores como un intento de blindaje político ante el avance de esa iniciativa popular. “Lo que se está buscando es impedir que el proceso avance, generando obstáculos desde lo normativo. Pero los derechos ciudadanos no se pueden frenar con ordenanzas a medida”, concluyó la concejal opositora.
Mientras tanto, la comunidad de Anisacate observa con atención el desenlace de esta disputa institucional, que podría escalar a instancias provinciales o incluso judiciales si el Concejo insiste en avanzar con esta reglamentación local.