Una vez más todos esperan la definición del asesor letrado municipal, en un proyecto que fue bastante manoseado. Los bloques buscan la beña del funcionario con más espalda.
El proyecto de Ficha Limpia que está tratando el Concejo Deliberante, es atravesado por internas políticas y argumentos endémicos de todos los bloques.
La presentación que llevo adelante el concejal Manuel Ortiz, dicen, que por expreso pedido del intendente Marcos Torres, piso a dos proyectos anteriores, uno presentado por la oposición y otro por vecinos de la localidad.
Lo cierto, es que, si bien la norma parece tener una búsqueda en la transparencia de quienes ejercen cargos públicos, revisando sus antecedentes, está plagada de vicios y zonas grises.
Uno de los temas centrales en la discusión es la inhabilitación para ejercer cargos públicos, donde no logran acordar, si esto se generara después de la primera sentencia o en alguna instancia superior, quizás agotado todos los pasos de apelación, cuando una posible condena fuese firme.
Esta mirada carece de sentido común, ya que los tiempos de la justicia nacional, prevé varias instancias de apelación, permitiendo que ningún acusado sea sentenciado de forma definitiva durante un mandato de cuatro años.
Ante este vacío, es el ingreso de Daniel Villar a la discusión. El abogado histórico del municipio, buscará saldar una idea empantanada, por la propia impericia de quienes discuten la ordenanza.
En los último tiempos, el Asesor Legal fue central en los temas que, los diferentes ejecutivos buscaron destrabar en decisiones propias para la gestión, claramente esta es una de ellas.
Muchos sostienen que la idea de esta ordenanza no es solo buscar la excelencia para los actores que participen en la vida política de la ciudad, por el contrario, su principal objetivo es poder vetar a un candidato que se escucha cada vez con más fuerza para enfrentar a Marcos Torres el próximo año, Mario Bonfigli.
Superando las especulaciones, Villar deberá ponerse al frente del conflicto y tratar de encaminar nuevamente una prioridad para el ejecutivo, que sabe cuándo debe poner a jugar al letrado.