La decisión del Senado de rechazar la Ley de Ficha Limpia generó fuertes sospechas sobre presuntas presiones del Gobierno Nacional, alimentadas por el inesperado giro de los senadores del Frente Renovador de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Ambos legisladores, que inicialmente apoyaban el proyecto destinado a impedir candidaturas a personas con condenas por corrupción, terminaron votando en contra, lo que fue determinante para que la ley fracasara por solo un voto (36 a favor y 35 en contra).
Este giro inesperado no hizo más que reforzar los rumores sobre una posible intervención del Poder Ejecutivo para frustrar la iniciativa, a pesar de las manifestaciones públicas del presidente Javier Milei y varios legisladores oficialistas que habían mostrado un aparente respaldo.
Durante el prolongado debate de casi siete horas, se destacaron acusaciones cruzadas y señalamientos directos sobre presiones internas. Algunos legisladores opositores aseguraron que miembros del Gobierno intentaron introducir modificaciones de última hora para enviar nuevamente el proyecto a revisión y dilatar su aprobación definitiva.
Desde la oposición, senadores como Alejandra Vigo (Córdoba) y Mariana Juri (UCR-Mendoza) resaltaron la importancia ética de la iniciativa, denunciando indirectamente la interferencia del Ejecutivo. En contraste, desde el bloque oficialista, liderado por Juliana Di Tullio y José Mayans, argumentaron que la ley pretendía “proscribir” políticamente a Cristina Kirchner, generando así una marcada división y un intenso clima de tensión política.
Este escenario deja a la ciudadanía interrogantes abiertos sobre la verdadera independencia del Congreso frente al poder político y la capacidad del Estado para avanzar en normativas que fortalezcan la transparencia y la ética pública.