Una nueva regulación que se discute en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba generó una fuerte reacción entre usuarios y conductores de aplicaciones de movilidad como Uber, DiDi y Cabify. A través de una campaña digital que circula masivamente por correo electrónico y redes sociales, miles de personas están sumando su firma para rechazar el proyecto oficial que busca restringir el funcionamiento de estas plataformas.
La iniciativa, tal como está planteada, limita a 4.000 la cantidad de vehículos autorizados para operar mediante apps en la ciudad, “excluyendo automáticamente a más de 15.000 conductores que hoy dependen de esta actividad como fuente de ingresos”, afirman los impulsores de esta campaña; y agregan: “Además, el proyecto contempla que los autos habilitados no sean anteriores al año 2015 y exige un cúmulo de trámites burocráticos que la misma Municipalidad demora meses en aprobar”
Desde las aplicaciones aseguran que la regulación impactará directamente en los usuarios, generando mayores tiempos de espera, menos disponibilidad y un incremento en las tarifas, al reducir drásticamente la oferta actual de vehículos.
“No a la regulación en Córdoba que deja afuera a 15.000 conductores de Uber, Didi y Cabify”, es la consigna principal de la campaña, que en pocas horas ya superó las 15.000 firmas. En la plataforma donde se promueve la petición se pueden ver decenas de adhesiones cada minuto.
La discusión de fondo: ¿regulación o restricción?
Para quienes se oponen a la normativa, el proyecto no respeta el derecho de las personas a elegir libremente cómo viajar, ni contempla las realidades laborales de miles de cordobeses que encuentran en estas apps una salida económica frente a la crisis.
Sin embargo, desde algunos sectores del Concejo argumentan que es necesario ordenar el servicio para garantizar la seguridad, la competencia leal y el cumplimiento de requisitos técnicos y legales.
Lo cierto es que la tensión entre regulación estatal y libertad de plataformas vuelve a instalarse en Córdoba, con el riesgo de dejar a miles de trabajadores fuera del sistema y encarecer un servicio que se ha vuelto esencial para muchas personas.
Una pregunta que late en la ciudad:
¿Debe el Estado poner un límite estricto a las apps de movilidad o encontrar un equilibrio que contemple el derecho al trabajo, la calidad del servicio y la libertad de elección?
La respuesta, como suele pasar, no es sencilla. Pero mientras tanto, la ciudadanía ya está haciendo oír su voz en change.org