Se trata de la ampliación del ejido en la zona este de la localidad que permitirá aplicar la ordenanza que prohíbe el uso de agroquímicos.
En sesión extraordinaria de este lunes, el Concejo Deliberante de Anisacate aprobó por mayoría la ampliación del ejido en la zona Este de la localidad, lo que permitirá aplicar sin mayores sobresaltos la ordenanza N° 14 que impide el uso de agroquímicos cerca de las viviendas; un reclamo que viene desencadenado juntada de firmas, presentaciones al municipio, entre otras cosas por parte de los vecinos.
Es bueno aclarar que, si bien la aprobación del Concejo es un paso más en este trámite que inició el Ejecutivo municipal ante el gobierno provincial, es la Unicameral la encargada de aprobarla para que se ponga en marcha.
Este reclamo tanto de Ayres de Anisacate como de Parque Carrasco y Satyta, entre otros, se viene llevando adelante hace tiempo. Le pedían a la municipalidad que tome medidas en el asunto ya que hay una ordenanza vigente de fumigación 0; sin embargo Anisacate no tenía jurisdicción en los campos de esa zona próximos a las viviendas, lo que hacía imposible aplicar las ordenanzas, “y solo podíamos pedirles de buena manera a los propietarios de esas porciones de terreno que respetaran las normas en el uso de agroquímicos, nada más”, dijo un alto funcionario al respecto al momento de esos reclamos.
Debido a esto, desde el municipio tomaron la decisión de pedir la ampliación del radio a la provincia (lugar que en este momento es zona gris) con el acompañamiento de los vecinos del sector; sin embargo, la oposición no acompañó, y “los concejales votaron en contra de una ordenanza que busca preservar la salud e la gente del lugar, es una cosa de locos“, dijo uno de los vecinos al enterarse de lo ocurrido; y agregó: “hace años que venimos pidiendo que se dé, estos chicos no tienen idea de lo que pasa en la localidad”, sentenció.
Lo cierto es que los concejales del PRO que no adhirieron aducen que lo que el municipio hace es fomentar “el negocio inmobiliario”; una cuestión, al menos, discutible, ya que está regulado, mediante ordenanza 181, el ordenamiento territorial en esa localidad, que establece las obligaciones de aquellos que decidan asentarse en la zona. “Era la única manera que teníamos de preservar la salud e la gente de la zona que ya aduce patologías relacionadas al uso de agroquímicos. Es una obligación que teníamos como funcionarios públicos”, explicó al momento de presentarla uno de los ediles del oficialismo.