En el mes de junio se había pedido la elevación a juicio, pero la defensa apeló. Finalmente se le dio el Ok al pedido de la Fiscalía. Ya tiene asignada la Cámara donde se realizará. Serían unas 12 motos las robadas, o al menos, eso es lo que pudo descubrirse.
Finalmente tiene Cámara asignada y próximo juicio la causa del empleado municipal de Alta Gracia que robó motos del depósito y luego vendió los rodados. Si bien en junio de este año la Fiscalía pidió la elevación a juicio, el pedido fue apelado por la defensa, pasó a otras instancias judiciales y este semana se conoció la decisión.
Cabe recordar que el hombre se encuentra alojado en la cárcel de Bouwer desde el año pasado. Estaba prófugo luego de que la fiscalía ordenara su detención. Hay también otra persona imputada imputada de “Encubrimiento”.
El jucio -que seguramente se concretará antes que termine el año- será presidido por la Vocal de Cámara, Dra. Graciela Inés Lucero.
LA FUGA Y LA DETENCIÓN
Mientras la Justicia emitía la orden de detención, el hombre de 45 años huía de Alta Gracia y se alojaba en la casa de un familiar en el departamento de San Alberto.
Cabe recordar que en el mes de mayo, el municipio secuestró una motocicleta que fue ubicada en el Corralón Municipal de la ciudad, hasta que su dueña lo retirase. Los meses pasaron si que los propietarios puedieran sacarla de allí, pero, para su sorpresa, la mujer notó que su motocicleta se encontraba en la puerta de una vivienda de barrio Cafferatta.
Al denunciarlo, la policía llegó al lugar y el dueño de casa que aseguró que la moto fue comprada “de buena fe” a un inspector de tránsito.
Fue allí que comenzó la investigación a la que se le agregó también la filmación del hecho, donde se puede ver cómo el empleado y el supuesto comprador de la moto sacan el vehículo de la planta municipal, rompiendo los candados.
La Policía logró detenerlo en la casa de este familiar y desde ese momento permanece alojado en Bouwer.
En cuando a la investigación, logró saberse que fueron unas 12 las motos que vendió. La primera causa (la del robo y venta que tomó estado público y desencadenó la investigación) la tiene el fiscal Alejandro Peralta Otonello, y la segunda (el resto de las motos vendidas) su par Diego Fernández.