El proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada, que propone modificar el Código Penal en materia de falsas denuncias y aumentar las penas en determinados casos, finalmente no será tratado este jueves 6 de agosto, al no reunir el respaldo necesario para su tratamiento.
La iniciativa, que desde su presentación despertó un amplio rechazo por parte de organizaciones feministas, de derechos humanos y distintos sectores vinculados al acceso a la justicia, había sido modificada en un intento por conseguir los votos necesarios. Sin embargo, las modificaciones tampoco alcanzaron para obtener consenso.
En las últimas horas, además, se sumaron críticas desde el radicalismo y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
Qué propone el proyecto
La propuesta plantea modificar el Código Penal para aumentar las penas por falsas denuncias y falsos testimonios, incorporando agravantes cuando las denuncias se refieran a delitos dolosos graves o tengan como víctimas a menores de edad o personas consideradas vulnerables.
La nueva versión elimina las referencias explícitas a la violencia de género y las reemplaza por conceptos más amplios como “delito doloso grave” o “personas vulnerables”, una modificación que, según organizaciones feministas y de derechos humanos, podría ampliar el margen de interpretación judicial.
Además, prevé penas de entre uno y tres años de prisión para el delito de falsa denuncia, acompañadas por una multa equivalente a 75 salarios mínimos, vitales y móviles.
Entre los agravantes también se contempla que la denuncia haya derivado en la detención de la persona denunciada o en restricciones sobre sus derechos patrimoniales o familiares.
Las críticas al proyecto
Diversas organizaciones sostienen que tanto el proyecto original como la nueva versión refuerzan prejuicios históricos sobre las mujeres y podrían convertirse en una barrera adicional para quienes buscan denunciar situaciones de violencia por motivos de género.
Desde la Asociación Con Voz, organización que acompaña y orienta a mujeres que atraviesan situaciones de violencia machista, advirtieron que muchas víctimas ya enfrentan importantes obstáculos antes de decidir denunciar.
Melisa y Guadalupe, integrantes del equipo de orientación y primera escucha de la organización, señalaron que, si bien actualmente existen más canales de denuncia y una mayor visibilización de estas problemáticas, también hubo recortes presupuestarios en programas nacionales de asistencia, prevención y acompañamiento.
“Muchas mujeres llegan asustadas, sin información suficiente o con experiencias previas de desconfianza institucional, y el recorrido hasta obtener una respuesta suele ser complejo y desgastante”, explicaron.
También remarcaron que la víctima no tiene la obligación de probar los hechos denunciados y advirtieron que instalar la idea de que deberá demostrar la violencia para no ser cuestionada puede incrementar el temor y desalentar el acceso a la justicia.
Según expresaron, una legislación específica sobre falsas denuncias podría provocar que muchas mujeres opten por no denunciar por miedo a eventuales consecuencias penales.
“Quienes acompañamos estas situaciones sabemos que denunciar ya implica enfrentar miedos, dependencia económica, manipulación, culpa y desconfianza hacia las instituciones”, señalaron.
Las organizaciones consideran que el debate debería enfocarse en fortalecer el acceso a la justicia, mejorar la calidad de las investigaciones, reforzar los equipos interdisciplinarios y ampliar las políticas públicas de prevención y acompañamiento.
El origen de la iniciativa
El proyecto original fue redactado por Andrea Guacci, esposa de Diego Guacci, entrenador de la selección femenina de fútbol que fue denunciado en 2021 por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras y que actualmente acumula ocho denuncias.
Qué indican los datos
De acuerdo con datos del Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, las falsas denuncias representan un fenómeno marginal y equivalen al 0,09% del total de las causas penales registradas.
Además, organizaciones que cuestionan la iniciativa remarcan que resulta complejo sostener la existencia de un crecimiento exponencial de falsas denuncias cuando, solo en Córdoba, tres de los siete femicidios registrados durante 2026 tenían antecedentes de denuncias y condenas previas contra los agresores.