Nuevo frente judicial en Toledo: denunciaron penalmente al intendente Sergio Marín

En medio de las controversias que han puesto a Toledo en el centro de la atención pública, una nueva denuncia penal apunta directamente al intendente Sergio Alejandro Marín. Esta vez, la presentación judicial surge de un conflicto por el emprendimiento urbanístico Balcones del Sur y plantea posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada el 16 de septiembre de 2026 por la Asociación Mutual Cordobesa de Prestaciones y Servicios en la República Argentina, representada por Juan Carlos Ledesma, con el patrocinio de la abogada Sofía María Gómez Velázquez.

La entidad acusa a la administración municipal de haber demorado o impedido injustificadamente la continuidad de un trámite vinculado al desarrollo inmobiliario denominado Balcones del Sur, ubicado en jurisdicción de Toledo.

Según consta en la presentación judicial, el proyecto contaba con un plano firmado por la gestión municipal anterior. Sin embargo, cuando la mutual solicitó actualizar la fecha de esa documentación para continuar los trámites ante organismos provinciales, comenzó una sucesión de requerimientos administrativos que, de acuerdo con los denunciantes, nunca derivó en una solución concreta.

Un conflicto que lleva más de un año

La documentación presentada ante la Justicia reconstruye una serie de actuaciones que comenzaron en julio de 2025.

La mutual sostiene que presentó documentación, respondió exigencias municipales, remitió cartas documento e interpuso recursos administrativos sin obtener una resolución de fondo sobre lo solicitado.

Uno de los momentos centrales del conflicto ocurrió el 2 de enero de 2026, cuando, mediante el Decreto Municipal N.º 005/26, se rechazó el planteo por una presunta insuficiencia de representación legal de la entidad.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que posteriormente aportaron nueva documentación certificada para acreditar su personería y que, pese a ello, el trámite continuó sin resolverse.

En agosto de este año presentaron un recurso de reconsideración con apelación en subsidio y, en septiembre, reiteraron formalmente el pedido de una respuesta.

La mutual sostiene que nunca recibió una explicación técnica, urbanística o jurídica concreta que justificara la falta de actualización del plano.

Piden investigar la actuación del intendente y otros funcionarios

Uno de los aspectos más relevantes de la denuncia es que no se limita a cuestionar una demora administrativa.

La presentación solicita expresamente que se investigue si existieron omisiones, negativas o retardos ilegítimos en el cumplimiento de las funciones públicas.

También pide determinar si hubo órdenes o comunicaciones internas destinadas a paralizar o demorar el expediente y cuál fue la intervención personal del intendente Sergio Marín en las decisiones adoptadas.

En ese sentido, los denunciantes solicitan que se investigue la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, vinculados al abuso de autoridad y al incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia también alcanza a otros funcionarios municipales cuya eventual participación deberá ser determinada durante la investigación.

Reclaman por presuntos perjuicios económicos

Otro punto de la presentación judicial está relacionado con las consecuencias que, según la mutual, habría provocado la paralización del trámite.

La entidad asegura que la situación impide avanzar ante la Mesa de Entradas Única de Loteos (M.E.U.L.) y Catastro Provincial, y que ya generó reclamos de asociados y adquirentes de terrenos.

Además, menciona gastos de defensa, honorarios, costas y otras erogaciones económicas, por lo que deja abierta la posibilidad de iniciar acciones civiles para reclamar los daños y perjuicios que eventualmente puedan acreditarse.

¿Qué deberá determinar la Justicia?

Entre las medidas solicitadas se encuentra el requerimiento del expediente administrativo completo del emprendimiento Balcones del Sur, la identificación de los funcionarios que intervinieron y la obtención de informes de los organismos provinciales involucrados.

También se solicita preservar documentación física y digital, registros y comunicaciones institucionales que puedan resultar relevantes para esclarecer los hechos.

La presentación busca establecer si las exigencias administrativas respondieron a razones legítimas o si fueron utilizadas para impedir o dilatar injustificadamente el avance del proyecto.

Otra controversia que llega a la Justicia

La denuncia incorpora un nuevo frente de cuestionamientos a la administración municipal de Toledo, en un contexto de controversias públicas alrededor de la localidad.

Esta vez, el conflicto gira en torno a un desarrollo urbanístico, decisiones administrativas y la eventual responsabilidad penal de funcionarios municipales.