La presentación judicial apunta contra Sergio Marín y posibles funcionarios involucrados. Los concejales Ivana Toledo y Pablo Burgos denuncian presuntas amenazas, presiones sobre vecinos y utilización de recursos públicos para impulsar su destitución. La causa ya tendría número de expediente en la Fiscalía de Río Segundo. El abogado Roberto Bujedo advirtió que podrían sumarse nuevos testimonios.
El conflicto político de Toledo dio un giro que podría tener importantes consecuencias judiciales. Lo que comenzó como una disputa entre el intendente Sergio Marín y dos concejales que se alejaron de su espacio político terminó con una denuncia penal que incluye acusaciones de extrema gravedad: presuntos aprietes a vecinos, amenazas vinculadas al suministro de agua, condicionamientos en la atención médica y entrega de medicamentos, y hasta ofrecimientos de dinero a cambio de firmas.
Los concejales Ivana Toledo y Pablo Burgos confirmaron a Mi Valle que acudieron a la Justicia para solicitar que se investigue al jefe municipal y a quienes pudieran haber participado de estas maniobras. «No estamos hablando de diferencias políticas. Estamos hablando de presuntos aprietes, amenazas y presiones indebidas que se habrían ejercido sobre las necesidades más básicas de la gente», expresaron los ediles.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo y, según confirmó el abogado patrocinante, Dr. Roberto Bujedo, ya cuenta con un número de expediente asignado.
Agua, salud y medicamentos: las acusaciones más graves
Uno de los aspectos más delicados de la presentación judicial tiene que ver con la presunta utilización de servicios esenciales como herramientas de presión política.Los denunciantes sostienen que existirían elementos documentales, audiovisuales y testimoniales sobre vecinos que habrían sido presionados o engañados para acompañar con sus firmas el proceso de revocatoria contra los concejales.
«Amenazar con cortar los servicios, por ejemplo, como el agua, y condicionar los servicios médicos y los remedios en los dispensarios a cambio de una firma o de un favor político constituiría un delito penal», señalaron en el video difundido públicamente.
También denunciaron posibles ofrecimientos de dinero y facilidades para realizar trámites públicos a cambio de adhesiones. De comprobarse, estas conductas podrían exceder ampliamente una controversia entre oficialismo y oposición, para involucrar presuntos delitos cometidos desde la función pública.
El abogado Bujedo precisó que solicitaron investigar posibles hechos de «abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, coacción, peculado de bienes y servicios y supuestas dádivas».
La revocatoria contra los concejales, en el centro de la denuncia
El origen inmediato del conflicto es la decisión de Marín de impulsar una revocatoria de mandato contra Ivana Toledo y Pablo Burgos, quienes llegaron al Concejo Deliberante como parte del armado político que lo llevó a la intendencia en 2023 y luego se distanciaron de su gestión.
El intendente cuestionó públicamente a ambos por lo que denominó «transfuguismo político» y los responsabilizó por el freno de proyectos que considera fundamentales para Toledo, entre ellos una obra de gas natural y la frustrada radicación de Mercado Libre.
Sin embargo, para los denunciantes, el problema no se limita a las diferencias políticas, sino a la forma en que se habría promovido la revocatoria y obtenido el acompañamiento de los vecinos.
Bujedo sostiene que la Ley Orgánica Municipal 8102 establece que el derecho de revocatoria popular pertenece al electorado y cuestiona que el propio intendente haya asumido públicamente el impulso del procedimiento destinado a remover a los legisladores que no acompañan sus iniciativas. «La presentación no responde a una disputa política ordinaria, sino a la puesta en conocimiento de la Justicia de hechos de gravedad institucional que ameritan una investigación penal», explicó el letrado.
La investigación deberá determinar si existieron irregularidades en la promoción del procedimiento y, especialmente, si se utilizaron recursos municipales o mecanismos de presión para conseguir adhesiones.
Piden proteger a los vecinos que declaren y no descartan ampliar la denuncia
Otro punto central es el temor que, según los denunciantes, existiría entre algunos habitantes de Toledo para contar lo ocurrido. Por esa razón, el abogado confirmó que solicitaron medidas de reserva y protección de identidad para quienes aporten información a la causa.
«Entendemos que a partir de esta instancia judicial muchos vecinos encontrarán el respaldo necesario para dar a conocer situaciones similares que hasta ahora no se animaban a manifestar», manifestó Bujedo.
El patrocinante también anticipó que no descartan ampliar formalmente la denuncia si aparecen nuevos testimonios o elementos probatorios. En el video, los concejales hicieron un llamado directo a quienes consideren haber sido afectados: «No tengas miedo. Comunicate con nosotros. La ley te protege y estamos aportando testimonios a la causa», expresaron, al tiempo que invitaron a los vecinos a comunicarse de manera privada.
Un conflicto político que ahora deberá responder preguntas judiciales
La relación entre el Ejecutivo y parte del Concejo Deliberante de Toledo arrastra enfrentamientos desde hace tiempo. Pero la presentación penal introduce una dimensión distinta: determinar si, en el marco de esa disputa, se cometieron delitos contra vecinos o se utilizaron bienes y servicios del Estado con fines políticos.
Por el momento, las acusaciones forman parte de una denuncia cuya existencia fue confirmada por los presentantes y su abogado. No constituyen hechos judicialmente probados ni implican una declaración de culpabilidad del intendente. Será la Fiscalía la encargada de evaluar las pruebas y resolver los pasos procesales que correspondan.
Marín había defendido públicamente la revocatoria como una herramienta institucional frente a lo que considera obstáculos para su gestión. Esa postura, sin embargo, no constituye una respuesta a las nuevas acusaciones penales.
La cuestión que ahora deberá esclarecer la Justicia es especialmente sensible: si detrás de la búsqueda de firmas hubo vecinos que recibieron presiones vinculadas con el agua, la salud, los medicamentos o los recursos municipales. Y, según anticipó la representación legal de los concejales, la denuncia podría no ser la última presentación ante la Fiscalía.