En el marco de la “Semana Provincial de Clubes Deportivos”, realizada en el Centro de Convenciones de Córdoba, la diputada nacional Carolina Basualdo presentó, junto al gobernador Martín Llaryora, un proyecto de ley destinado a proteger los bienes esenciales de los clubes deportivos y las asociaciones civiles sociales sin fines de lucro, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus actividades y preservar su función social en las comunidades.
La iniciativa, ingresada formalmente a la Cámara de Diputados y girada a comisiones, propone establecer un régimen de protección para los bienes muebles e inmuebles, las instalaciones, el equipamiento y otros activos indispensables para el funcionamiento de estas instituciones. En particular, contempla la inembargabilidad de aquellos bienes afectados de manera directa y permanente al cumplimiento de su objeto social, para evitar que una situación económica o judicial termine poniendo en riesgo la continuidad de un club y el espacio comunitario que representa.
“Un club no es solamente una cancha, un salón o un edificio: es una inversión colectiva que una comunidad construye durante generaciones. Allí se forman chicos, se encuentran las familias, se crean vínculos y se generan oportunidades. Cuando un club pierde sus instalaciones esenciales, no pierde solamente un inmueble: pone en riesgo una parte fundamental de la vida de todo un barrio o pueblo”, sostuvo Basualdo.
La propuesta parte de reconocer que el patrimonio de los clubes es mucho más que un conjunto de bienes materiales: es el resultado del esfuerzo de generaciones de socios, familias, dirigentes y trabajadores que, mediante cuotas sociales, actividades solidarias y trabajo voluntario, hicieron posible sostener estas instituciones.
La dimensión de esta realidad se refleja en los datos del Relevamiento Nacional de Clubes y Entidades Deportivas (RENACED). Según un informe de 2023 del Observatorio Social del Deporte, elaborado junto con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con el relevamiento de datos a cargo de la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), se identificaron 11.870 clubes y entidades deportivas en Argentina y se estimó que sus participantes activos sumaban aproximadamente 4,9 millones de personas.
El estudio también señala que el 61% de las entidades identificadas son clubes pequeños con personería jurídica activa y otro 20% son clubes pequeños sin personería jurídica activa. Además, el 39,7% de los participantes son menores de 18 años y casi tres de cada cuatro personas que concurren a clubes realizan allí actividades deportivas, lo que evidencia el papel de estas instituciones en la formación deportiva y la integración comunitaria.
A su vez, según una encuesta del Observatorio del Deporte “Táctica”, durante 2024, el 70% de los clubes relevados debió organizar actividades extraordinarias —como rifas, ferias y festivales— para generar recursos y afrontar sus gastos cotidianos.
Estos datos muestran tanto la relevancia social de los clubes como las dificultades que enfrentan para sostener sus actividades. En ese contexto, la protección jurídica de sus instalaciones constituye una herramienta para preservar espacios que cumplen funciones deportivas, recreativas, culturales y de integración social.
“El informe RENACED identificó casi 12.000 clubes y entidades deportivas en nuestro país y estimó que alrededor de 4,9 millones de personas participan activamente en ellos. Además, cuatro de cada diez participantes son menores de 18 años. Estamos hablando de instituciones que acompañan el crecimiento de nuestros chicos, generan vínculos y ofrecen oportunidades en cada comunidad. Si a eso le sumamos que siete de cada diez clubes relevados tuvieron que organizar actividades extraordinarias para afrontar sus gastos, queda claro que necesitamos herramientas concretas para protegerlos. No podemos permitir que una deuda ponga en riesgo años de esfuerzo colectivo”, afirmó la diputada nacional.
El proyecto establece la creación del “Registro Nacional de Entidades Deportivas y Sociales Protegidas”, en el que las instituciones deberán acreditar su personería jurídica, identificar los bienes que buscan proteger y demostrar su afectación al objeto social, además de presentar la documentación contable y de autoridades correspondiente.
La protección propuesta no implica declarar inembargable todo el patrimonio de una institución. El régimen alcanzaría específicamente a los bienes esenciales que cumplan con las condiciones previstas, mientras que otros bienes, créditos o ingresos podrían continuar sujetos a medidas judiciales, según corresponda.
Asimismo, la iniciativa contempla la simplificación de los trámites de las asociaciones civiles ante organismos de la Administración Pública Nacional, con el propósito de reducir cargas burocráticas y evitar la presentación reiterada de documentación que ya se encuentra en poder del Estado. El régimen está dirigido a asociaciones civiles deportivas y sociales sin fines de lucro, con personería jurídica, que promuevan actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales en el ámbito amateur.
“Queremos una ley que proteja lo que verdaderamente importa: los espacios indispensables para que los clubes puedan seguir cumpliendo su función. No se trata de desconocer las obligaciones económicas ni de impedir que la Justicia intervenga, sino de establecer una protección específica para que una dificultad financiera no termine con una institución que presta un servicio social irremplazable. Cuidar el patrimonio esencial de un club es cuidar las oportunidades de nuestros chicos, el encuentro de nuestras familias y la identidad de nuestras comunidades», remarcó Basualdo.
La iniciativa reafirma el valor de los clubes como instituciones que trascienden la práctica deportiva. En sus instalaciones también se desarrollan actividades culturales, talleres, apoyo escolar, propuestas recreativas, colonias de verano y acciones solidarias que fortalecen los vínculos comunitarios y amplían las oportunidades de participación.
“Los clubes son parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Allí aprendemos a compartir, a respetar reglas, a trabajar en equipo y a construir con otros. Por eso, defenderlos no es solamente defender el deporte: es defender la integración social, la igualdad de oportunidades y el derecho de cada comunidad a contar con espacios de encuentro y pertenencia. Proteger los clubes es también proteger los sueños de nuestras comunidades. El esfuerzo de generaciones merece una protección legal que esté a la altura de lo que estas instituciones significan para la Argentina”, concluyó la diputada nacional.
