Este martes 6 de octubre, Carolina Basualdo defendió en una reunión conjunta de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados un proyecto de su autoría que busca garantizar que las cooperativas puedan ser consideradas micro, pequeñas y medianas empresas y acceder, cuando cumplan con los parámetros establecidos, a los beneficios del régimen «MiPyME».
“El énfasis debe estar puesto en la escala económica de la cooperativa”, sostuvo la legisladora, y explicó que estas organizaciones “producen, prestan servicios, contratan trabajadores, invierten, poseen activos, y asumen riesgos económicos, aun cuando no tengan una finalidad lucrativa”.
El proyecto propone modificar el primer párrafo del artículo 2° de la Ley 24.467 para establecer que, al definir las características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas, se incluya expresamente a las cooperativas. Hacia el final de la reunión, los bloques presentes firmaron un dictamen de consenso/unificado, que integra el proyecto de Basualdo como asi tambien otras iniciativas similares para que el recinto trate proximamente una modificación de la Ley 24.467.
La iniciativa “no crea un régimen MiPyME específico para cooperativas ni establece beneficios especiales”, sino que busca «que puedan ser evaluadas bajo los mismos criterios objetivos que el resto de las empresas: personal ocupado, ventas y activos».
¿Qué implica acceder al régimen MiPyME?
El Certificado MiPyME acredita oficialmente la condición de micro, pequeña o mediana empresa y constituye la puerta de entrada a distintos instrumentos de promoción, financiamiento y beneficios impositivos. Entre ellos se encuentran el pago del IVA a 90 días para micro y pequeñas empresas, la compensación del impuesto al cheque contra el Impuesto a las Ganancias según la categoría, determinadas condiciones diferenciales en las contribuciones patronales, facilidades y prioridades en determinados trámites fiscales, determinados regímenes de exclusión de retenciones, beneficios vinculados a las exportaciones y acceso a financiamiento y programas de asistencia, además de otros instrumentos que cada régimen específico puede establecer. Estos beneficios no se aplican automáticamente, ya que cada régimen puede establecer requisitos adicionales y depender de la categoría de «MiPyME».
La legisladora señaló que el conflicto se originó a partir de modificaciones reglamentarias que en el año 2023 incorporaron el requisito de “ánimo de lucro” a la definición utilizada para el régimen, lo que dejó a las cooperativas fuera de la categoría tradicional de empresas MiPyME y las ubicó como “formas asociativas de MiPyMEs”. En determinadas situaciones, esto implica que deban acreditar la condición MiPyME de sus asociados, generando dificultades para distintos tipos de cooperativas.
“No podemos utilizar la forma jurídica de una organización para desconocer su realidad económica”, afirmó. Y agregó: “Lo único que estamos pidiendo es igualdad de tratamiento”.
La legisladora explicó que esta situación alcanza especialmente a cooperativas de servicios públicos, vivienda, consumo, trabajo y producción agropecuaria, entre otras. “Lo que proponemos es muy sencillo: que una cooperativa pueda ser considerada MiPyME por su dimensión económica, no por la forma en que está constituida”, sostuvo.
Basualdo remarcó además que el proyecto no modifica los criterios utilizados para determinar el tamaño de una empresa. Las cooperativas deberán seguir cumpliendo con los parámetros objetivos establecidos por la legislación, como personal ocupado, ventas y activos.
La diputada destacó la relevancia del cooperativismo en el país y su impacto en las comunidades. “A lo largo y ancho de nuestro país, las cooperativas son parte fundamental del motor económico de ciudades y pueblos, porque generan trabajo, porque brindan servicios, y porque hacen a la fortaleza del tejido social”, expresó.
Según datos del INAES citados durante su exposición, existen más de 18 mil cooperativas vigentes en Argentina, de las cuales casi 1.400 se encuentran en la provincia de Córdoba.
“Si reconocemos a las cooperativas como actores estratégicos para el desarrollo económico y productivo, lo lógico entonces es garantizarles igualdad de acceso a las políticas generales de promoción empresarial”, expresó.