El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, José “Pipo” Álvarez, participó este sábado de la audiencia pública convocada en Anisacate y dejó una fuerte defensa de la continuidad de la Cooperativa local. Luego, en diálogo con Mi Valle, fue más allá: sostuvo que hasta el momento no conoce ningún estudio técnico integral que demuestre que un eventual ingreso de EPEC significará menor costo o mejor servicio para los vecinos. También advirtió que el Municipio no tiene facultades para decidir unilateralmente el cambio de prestador y puso sobre la mesa una discusión hasta ahora poco abordada: qué ocurriría con el millonario patrimonio construido durante décadas por los asociados.
La audiencia pública de este sábado en Anisacate sumó una voz de peso nacional al conflicto que mantiene abierto el debate por el futuro del servicio eléctrico.
José “Pipo” Álvarez, presidente de FACE, llegó a la localidad para respaldar públicamente a la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Anisacate, pero también para reclamar que cualquier discusión sobre un posible reemplazo por EPEC esté sostenida en números, documentación y estudios concretos.
“No alcanza con decir que otro prestador va a ser más barato”, fue, en términos generales, el eje que atravesó su intervención.
Álvarez reconoció especialmente el esfuerzo económico que realizan las familias y comerciantes para afrontar las facturas y consideró legítimo que ese tema sea discutido. También planteó que la Cooperativa debe escuchar los reclamos y corregir aquellos aspectos que necesiten mejoras.
Sin embargo, marcó una diferencia central: una cosa es discutir costos, calidad de atención, inversiones o funcionamiento y otra es avanzar hacia la salida de quien actualmente presta el servicio sin demostrar previamente qué ventajas concretas tendría el cambio.
Durante su exposición reclamó una comparación real entre prestadores: mismo consumo, misma categoría de usuario, mismo período, subsidios equivalentes, impuestos y cargos incluidos.
Y lanzó una serie de preguntas que atravesaron toda su intervención: cuánto pagaría efectivamente una familia con EPEC, qué inversiones realizaría la empresa provincial, qué tiempos de atención ofrecería, quién asumiría los costos del cambio y qué ocurriría con trabajadores, redes y patrimonio.
“Antes de cambiar, comparemos”
Luego de la audiencia, Álvarez profundizó su posición en diálogo con Mi Valle y fue categórico respecto de uno de los principales argumentos que atraviesa la discusión.
Con la información a la que tuvo acceso FACE, aseguró que hasta el momento no conocen un estudio técnico integral que demuestre que el reemplazo de la Cooperativa por EPEC produciría una factura más baja o una calidad superior del servicio.
Según explicó, tampoco conocen una propuesta formal que precise qué cuadro tarifario aplicaría EPEC, qué categorías y subsidios contemplaría, qué inversiones realizaría, qué condiciones de atención garantizaría, qué sucedería con el personal o cuánto demandaría una eventual transición.
Para Álvarez, comparar facturas aisladas no alcanza.
La discusión, sostuvo, debe determinar concretamente qué componente de la factura disminuiría con el ingreso de EPEC y, fundamentalmente, quién está en condiciones de garantizar por escrito esa reducción.
“Antes de cambiar, comparemos”, sintetizó.
FACE: “No hay fundamento suficiente para desplazar a la Cooperativa”
El presidente de FACE también explicó a este medio por qué la Federación decidió respaldar a la entidad de Anisacate.
Entre los antecedentes mencionó la concesión provincial bajo la cual presta el servicio, el control de los organismos competentes y la información aportada por la propia Cooperativa respecto de su historial en la prestación.
Su planteo fue que, mientras no exista una evaluación técnica de la autoridad competente que determine incumplimientos graves y reiterados atribuibles a la Cooperativa, FACE entiende que no existe fundamento suficiente para plantear su desplazamiento.
Eso, aclaró, no significa desconocer las críticas de los usuarios.
Por el contrario, consideró necesario atender reclamos por calidad, comunicación, atención o inversiones y sostuvo que la defensa del sistema cooperativo también obliga a mejorar aquello que deba ser mejorado.
¿Puede Anisacate decidir el traspaso?
Otro de los puntos más fuertes de la exposición estuvo vinculado a las facultades del Municipio.
Álvarez sostuvo que Anisacate puede promover el debate, recibir reclamos, solicitar información, plantear objeciones y gestionar ante organismos provinciales, pero afirmó que no puede decidir unilateralmente que la Cooperativa deje de prestar el servicio y sea reemplazada por EPEC.
Según la posición desarrollada por FACE, un eventual cambio requiere la intervención de las autoridades provinciales competentes, los organismos regulatorios y todas las instancias administrativas, contractuales y patrimoniales correspondientes.
En ese marco, Álvarez también relativizó el alcance jurídico de la audiencia pública.
La calificó como una herramienta importante de participación ciudadana para escuchar opiniones y reclamos, pero remarcó que sus conclusiones no significan por sí mismas el traspaso del servicio ni reemplazan los procedimientos necesarios para producirlo.
Es decir: lo ocurrido este sábado puede tener un fuerte peso político e institucional, pero no define automáticamente quién prestará el servicio eléctrico en Anisacate.
La otra gran pregunta: ¿de quién son las redes?
Hay un aspecto del debate que, para FACE, resulta central y que podría convertirse en uno de los puntos más complejos ante cualquier intento concreto de modificación del servicio: el patrimonio de la Cooperativa.
Redes, transformadores, vehículos, terrenos, edificios, equipamiento y otras instalaciones fueron construidos y adquiridos durante décadas con recursos de la entidad y aportes de generaciones de asociados.
Álvarez fue contundente en este punto: ese patrimonio no pasa automáticamente a manos municipales, provinciales o de EPEC por una audiencia pública ni por una decisión política.
Un eventual proceso debería determinar qué bienes pertenecen a la Cooperativa, qué inversiones todavía no fueron amortizadas, qué infraestructura fue construida con distintos aportes, qué deudas y obligaciones existen y cuál es el valor actual de reposición de todo el sistema.
A eso se suma otra cuestión sensible: los trabajadores.
FACE sostiene que cualquier proyecto serio de traspaso debería especificar qué ocurrirá con los puestos laborales, la antigüedad, las condiciones de empleo, los contratos y las eventuales indemnizaciones.
Una discusión que ya excede a Anisacate
El conflicto local comienza, además, a insertarse en un debate más amplio sobre el futuro del sistema cooperativo eléctrico cordobés.
Álvarez evitó afirmar que exista una decisión general del Gobierno provincial destinada a desplazar cooperativas y reemplazarlas por EPEC. Sin embargo, reconoció que FACE observa con preocupación distintas discusiones que vienen apareciendo en localidades de Córdoba.
Por eso anticipó que la Federación buscará precisiones acerca de si existe una política de reorganización de las áreas actualmente atendidas por cooperativas, si EPEC recibió algún pedido para analizar específicamente su ingreso a Anisacate y qué garantías existen sobre el respeto de las concesiones y del patrimonio de las entidades.
La discusión, por lo tanto, quedó planteada en otro nivel.
Ya no se trata solamente de determinar si la factura que recibe un vecino de Anisacate es alta o baja. Esa preocupación existe y FACE la reconoció expresamente.
La pregunta que dejó flotando Álvarez este sábado es mucho más amplia: si se pretende cambiar un sistema que lleva décadas funcionando, cuáles son los estudios que demuestran que el que viene será efectivamente mejor, cuánto costará esa transformación y qué ocurrirá con todo lo que los asociados construyeron durante años.
Hasta que esas respuestas aparezcan sobre la mesa, FACE dejó en Anisacate una posición inequívoca: respalda la continuidad de la Cooperativa, exige que se corrija aquello que deba corregirse y reclama que cualquier alternativa sea demostrada con números, documentación y garantías concretas.
