El presidente de FECESCOR y CONAICE explicó que el municipio no tiene facultades para decidir quién presta el servicio eléctrico y que la audiencia pública convocada para este sábado no es vinculante. También se refirió a la deuda municipal, reveló que la Provincia ofreció asistencia económica para alcanzar un acuerdo y advirtió sobre las consecuencias de profundizar el conflicto.
En medio del conflicto entre la Municipalidad de Anisacate y la cooperativa local, y a pocos días de la audiencia pública convocada por el gobierno municipal para debatir un eventual traspaso del servicio eléctrico a EPEC, Luis Castillo, presidente de FECESCOR y de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (CONAICE), realizó una serie de precisiones sobre las posibilidades reales de concretar esa medida.
En diálogo con Mi Valle Medios, el dirigente, de extensa trayectoria en la representación del cooperativismo eléctrico cordobés, fue categórico al ser consultado sobre si un municipio tiene facultades para decidir que el servicio pase de una cooperativa a EPEC. «No, absolutamente ninguna», respondió.
Castillo explicó que la federación conoce el conflicto de Anisacate y que incluso participó en reuniones con autoridades provinciales, municipales y del ERSeP para intentar acercar posiciones. Sin embargo, diferenció la posibilidad de que el municipio convoque a una audiencia pública de las facultades que tiene para intervenir en las decisiones de una cooperativa.
La audiencia pública no puede decidir el traspaso
El titular de FECESCOR aclaró que se trata de una instancia no vinculante y no de una asamblea de la cooperativa. «El municipio tiene toda potestad para convocar aquellas cuestiones que puedan ser de interés público», sostuvo.
No obstante, remarcó que las cooperativas son entidades privadas sin fines de lucro, cuyos propietarios son sus asociados, y que las decisiones sobre su funcionamiento deben adoptarse dentro de los mecanismos establecidos por la legislación y sus respectivos estatutos. «Cualquier situación que se plantee de esta característica lo tendrá que resolver la cooperativa en el marco de la ley de cooperativas, en el marco de su estatuto, en una convocatoria de asamblea ordinaria o extraordinaria donde los socios puedan participar», explicó.
Y agregó: «En una asamblea van a decidir la vida de la cooperativa aquellos que son socios, que son sus legítimos dueños, pero no el municipio».
¿En qué circunstancias podría EPEC hacerse cargo del servicio?
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la posibilidad de que EPEC reemplace a la cooperativa como prestadora del servicio eléctrico. Castillo explicó que el contrato de concesión tiene todavía 13 años de vigencia y que un eventual cambio de prestador no depende de la voluntad del gobierno municipal ni de una resolución surgida de una audiencia pública.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que esa convocatoria derive en una solicitud de traspaso a EPEC, respondió: «No hay ninguna posibilidad». Según explicó, el contrato de concesión establece que otras cooperativas tendrían prioridad para hacerse cargo de la distribución, incluso mediante una asociación entre varias entidades.
«En lo que es el servicio propiamente dicho eléctrico, el contrato de concesión establece con toda claridad que la prioridad la tiene una o varias cooperativas que se asocien para tomar ese distrito e ir a prestar el servicio», señaló.
De esta manera, diferenció las decisiones que pueden adoptar los socios sobre el futuro de la entidad de las condiciones que regulan la prestación del servicio eléctrico.
La deuda municipal y el ofrecimiento de la Provincia
Otro de los puntos relevantes de la entrevista fue la deuda que la Municipalidad de Anisacate mantiene con la cooperativa. Castillo reveló que FECESCOR actuó como intermediaria en reuniones gestionadas a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, con participación de autoridades y del ERSeP, para intentar alcanzar un acuerdo.
En ese marco, aseguró que existió un ofrecimiento del Gobierno provincial para brindar asistencia económica al municipio. «Incluso había un ofrecimiento de la Provincia de, digamos, conceder algún tipo de subsidio o crédito al municipio para que pagara la deuda que tiene con la cooperativa y, a partir de allí, asumir el cumplimiento del pago mensual de sus servicios como todo usuario», detalló.
El dirigente explicó que los municipios tienen obligaciones de pago por la energía que consumen y que cuentan con mecanismos de recaudación destinados, entre otras finalidades, a afrontar los gastos de alumbrado público.
También señaló que las cooperativas actúan como agentes de percepción de tributos municipales incluidos en las facturas eléctricas, recursos que posteriormente deben transferirse a los gobiernos locales.
Sobre la judicialización del conflicto, Castillo advirtió que la acumulación de intereses y honorarios podría incrementar la deuda y terminar perjudicando económicamente a los habitantes de Anisacate.
«No la va a poner ni el presidente de la cooperativa ni el Consejo de su bolsillo, ni el intendente ni los concejales de su bolsillo. La va a terminar pagando la gente».
Las diferencias tarifarias entre EPEC y las cooperativas
Durante la entrevista, Castillo también se refirió a las diferencias tarifarias entre EPEC y las cooperativas eléctricas, uno de los principales temas que atraviesan el debate en Anisacate. Explicó que se trata de una problemática que alcanza a toda Córdoba y que está relacionada, entre otros factores, con las diferencias en la cantidad de usuarios y la extensión de las redes de distribución.
«Hay una desigualdad de mercado que indudablemente hace una desigualdad del precio. No es un problema de Anisacate, es un problema de toda la provincia», afirmó.
El dirigente explicó que FECESCOR viene trabajando con el Gobierno provincial para reducir esas diferencias y avanzar hacia un esquema tarifario más uniforme. En ese sentido, mencionó una reunión realizada en agosto con representantes de casi 150 cooperativas y la presentación de petitorios ante los ministerios provinciales.
«Personalmente sostengo que debe tener el mismo precio en Tulumba que en Huinca Renancó», expresó. También planteó la posibilidad de establecer un fondo compensador que permita garantizar los recursos necesarios para las cooperativas que prestan servicios en mercados más pequeños.
Un llamado al diálogo para resolver el conflicto
Hacia el final de la entrevista, Castillo insistió en la necesidad de que las autoridades municipales y cooperativas retomen el diálogo, respetando las atribuciones de cada institución. «Nosotros sostenemos que municipio y cooperativa tienen que trabajar de la mano. Cada uno haciendo lo que le corresponde y respetándose cada uno», manifestó.
El dirigente aseguró que FECESCOR está dispuesta a colaborar para acercar posiciones y encontrar una solución que evite profundizar el enfrentamiento. «Nosotros no tenemos ningún ánimo de confrontar con nadie. Queremos ayudar», afirmó.
También expresó su intención de participar en una mesa de trabajo con las autoridades municipales para abordar las diferencias y buscar una salida institucional. En ese sentido, recordó que el servicio eléctrico de la Cooperativa de Anisacate alcanza también a otras localidades de la región, como Dique Chico, Valle de Anisacate y Villa La Bolsa, por lo que el conflicto trasciende los límites del municipio.
«Es la obligación que tiene el intendente y es la obligación que tiene el Consejo de Administración de juntarse, dialogar, respetarse, tomar la mejor decisión en beneficio de todos los vecinos de Anisacate o de cualquier localidad de la provincia de Córdoba», concluyó.