El concejal Ricardo M. González presentó un proyecto de ordenanza que propone modificar el actual Código de Faltas de Alta Gracia para avanzar en la creación de un “Código de Convivencia Ciudadana” de alcance municipal.
La iniciativa plantea incorporar herramientas preventivas, educativas, restaurativas y comunitarias al régimen de faltas local y establecer nuevas regulaciones sobre distintas conductas que se producen dentro de la ciudad. Entre sus puntos principales aparecen los trabajos comunitarios como alternativa sancionatoria, la prohibición del consumo de alcohol en determinados espacios públicos a partir de las 00:00 horas y nuevas exigencias para propietarios, tenedores o cuidadores de perros potencialmente peligrosos.
González pertenece al PRO, preside el bloque Juntos por Alta Gracia e integra la oposición en el Concejo Deliberante junto a los concejales radicales Lucía Allende y Martín Barrionuevo.
Según pudo conocerse, la iniciativa habría encontrado una recepción favorable entre los distintos actores involucrados, con predisposición para avanzar en su análisis y trabajo conjunto ante la necesidad de actualizar las herramientas municipales vinculadas con la convivencia ciudadana.
La discusión no pasaría únicamente por incorporar nuevas sanciones, sino también por dotar al municipio de un marco más amplio para intervenir ante situaciones cotidianas que hoy requieren respuestas específicas desde el ámbito local.
Una herramienta municipal para regular la convivencia
La utilización de trabajos comunitarios como sanción no es una figura nueva dentro de la normativa cordobesa. El Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia ya contempla este tipo de medidas para determinadas contravenciones.
La novedad del proyecto presentado en Alta Gracia pasa por incorporar ese enfoque al régimen estrictamente municipal, modificando la Ordenanza N.º 7632 y generando nuevas herramientas para que la autoridad de faltas pueda intervenir y sancionar conductas reguladas por las ordenanzas locales.
En ese sentido, la propuesta establece como uno de sus principios que las disposiciones tengan una finalidad “preventiva, educativa, restaurativa y comunitaria”, promoviendo el respeto entre vecinos, el uso responsable de los espacios públicos y la convivencia pacífica.
Uno de los ejes centrales es la incorporación de las tareas comunitarias como sanción. Podrían aplicarse como pena principal o en reemplazo total o parcial de una multa, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, los antecedentes de la persona y las características particulares de cada caso.
Las tareas podrían cumplirse en instituciones públicas, establecimientos educativos, espacios verdes, centros comunitarios, dependencias municipales u otras entidades de bien público.
Entre las actividades previstas aparecen el mantenimiento de espacios públicos, la participación en programas sociales, ambientales o educativos, tareas de orientación comunitaria y otras acciones consideradas de utilidad pública.
El proyecto establece expresamente que estas actividades deberán respetar “la dignidad de la persona”, no podrán ser humillantes ni riesgosas y tendrán que desarrollarse bajo supervisión.
Cursos e instrucciones especiales
La iniciativa incorpora además un régimen de “instrucciones especiales”, que permitiría disponer la asistencia a cursos educativos o el cumplimiento de tratamientos terapéuticos, en este último caso previo informe médico.
En ambos casos, estas medidas no podrían superar las cuatro horas semanales ni extenderse durante más de cuatro meses.
El control del cumplimiento quedaría a cargo de la autoridad de juzgamiento.
Alcohol en espacios públicos después de la medianoche
Uno de los puntos más concretos del proyecto está relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
La propuesta plantea prohibir el consumo de alcohol a partir de las 00:00 horas en calles, plazas, paseos, parques, veredas, espacios verdes y demás lugares de acceso público dentro del ejido municipal de Alta Gracia.
De aprobarse, esa conducta pasaría a constituir una infracción municipal susceptible de ser sancionada por la autoridad de faltas local.
El proyecto contempla multas de entre 50 y 500 Unidades Fijas (U.F.) y/o tareas comunitarias de hasta 30 horas.
Cuando el consumo derive en disturbios, ruidos molestos, daños a bienes públicos o privados, agresiones, alteraciones del orden público o situaciones que involucren a menores de edad, la sanción podría agravarse hasta el doble del máximo previsto.
En caso de reincidencia también podrían disponerse programas obligatorios de “concientización comunitaria, convivencia ciudadana o prevención de consumos problemáticos”.
Quedarían exceptuados de esta prohibición los eventos públicos, festivales, celebraciones y actividades que hayan sido expresamente autorizados por la Municipalidad.
Nuevas obligaciones para propietarios de perros potencialmente peligrosos
El proyecto incorpora además un artículo específico referido a los perros potencialmente peligrosos, en relación con el cumplimiento de la legislación provincial vigente.
La propuesta considera infracción circular con el animal sin bozal adecuado o sin una correa o pretal “no extensible, corta y reglamentaria”.
También se prevén sanciones para quienes no cuenten con el registro o identificación correspondiente o carezcan del certificado de aptitud psicofísica vigente.
Uno de los puntos destacados es la incorporación de la obligación de contar con un “Seguro de Responsabilidad Civil vigente”, contratado con una entidad aseguradora autorizada, destinado a cubrir los eventuales daños y perjuicios que el animal pueda ocasionar a terceros, tanto sobre personas como sobre bienes.
Además, se establece que estos perros no puedan ser conducidos por menores de 16 años, personas bajo los efectos del alcohol o sustancias, o personas que presenten alteraciones psicofísicas que impidan ejercer un adecuado control del animal.
La iniciativa también incorpora obligaciones vinculadas con las condiciones de seguridad de los espacios donde permanezcan estos perros y con la denuncia inmediata ante la autoridad municipal o policial en caso de extravío, sustracción o agresiones.
Multas, trabajos comunitarios y cursos
Para los incumplimientos vinculados con perros potencialmente peligrosos, el proyecto establece multas de entre 100 y 500 U.F., tareas comunitarias de hasta 40 horas y la posibilidad de realizar cursos de capacitación sobre cuidado responsable.
Las sanciones podrían aplicarse en forma conjunta, según lo determine la autoridad de juzgamiento.
En caso de reincidencia, la propuesta contempla incrementar “en un 100% los mínimos y máximos” de las multas y sumar la obligatoriedad de realizar adiestramiento básico de obediencia con profesionales matriculados.
Secuestro preventivo del animal
La iniciativa también contempla situaciones en las que podría disponerse el secuestro preventivo del perro.
Esto podría ocurrir cuando el incumplimiento de las medidas de seguridad derive en un ataque, lesiones a personas u otros animales, o cuando el perro sea encontrado suelto y sin control.
Para su eventual devolución, el titular debería acreditar la contratación y vigencia del seguro exigido, la inscripción en el registro municipal y la solución de las deficiencias edilicias o de seguridad que hubieran dado origen a la infracción.
Los gastos correspondientes a traslado, guardería y atención veterinaria quedarían a cargo del infractor.
Convenios con la Provincia
Finalmente, la iniciativa faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar los mecanismos necesarios para implementar y controlar las tareas comunitarias.
También contempla la posibilidad de celebrar convenios con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, sus ministerios y organismos dependientes, con el objetivo de ampliar los espacios donde puedan desarrollarse estas actividades y coordinar su supervisión.
Según los fundamentos de la propuesta, el objetivo es modificar la lógica exclusivamente sancionatoria del actual régimen de faltas e incorporar herramientas de carácter “preventivo, educativo, restaurativo y comunitario”.
Con una primera recepción favorable para avanzar en su análisis, el proyecto comenzaría ahora una etapa de debate, aportes y eventuales modificaciones dentro del Concejo Deliberante antes de determinarse si finalmente las nuevas disposiciones son incorporadas a la normativa municipal.