Tras el trágico caso de un niño que murió luego de ser atacado por un perro, vuelve a ponerse en debate la tenencia responsable y el cumplimiento de las normas que regulan la presencia de animales potencialmente peligrosos. En Alta Gracia existe normativa municipal y, además, rige una ley provincial específica.
El trágico fallecimiento de un niño luego del ataque de un perro generó nuevamente preocupación y abrió el debate sobre la tenencia responsable, la prevención y el control de animales potencialmente peligrosos.
En este contexto, Carolina Romagnoli, titular de ADMA señaló que la peligrosidad de un perro no está determinada exclusivamente por su raza, sino que intervienen distintos factores relacionados con su crianza, socialización, contexto y características físicas.
“Los perros no nacen peligrosos, la raza sola no define si un perro va a morder o no”, explicó Romagnoli, conmocionada aún por lo ocurrido como la sociedad de Alta Gracia, quien destacó que existen determinadas situaciones que pueden favorecer conductas agresivas.
Entre ellas mencionó la presencia de una hembra en celo en cercanía de un macho sin castrar, el aislamiento permanente, permanecer atado, la falta de socialización con otros animales y personas y también la crianza orientada a generar conductas agresivas.
Sin embargo, aclaró que el tamaño y la fuerza del animal sí pueden determinar la gravedad de las lesiones ante un eventual ataque. No es igual, explicó, la capacidad de daño de un perro pequeño que la de un animal de gran porte y mandíbula fuerte.
Qué normativa rige en Córdoba
La regulación de la tenencia de estos animales no depende únicamente de una ordenanza municipal. En la provincia de Córdoba se encuentra vigente la Ley Provincial 9.685, sancionada en 2009, que establece normas para la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
La legislación no se limita exclusivamente a determinadas razas, sino que contempla también características como la contextura física, la fuerza mandibular, la capacidad de provocar lesiones graves y determinadas conductas agresivas.
Entre las principales obligaciones que establece la normativa se encuentran:
En la vía pública, los perros alcanzados por la regulación no pueden circular sueltos y deben hacerlo con bozal adecuado y cadena o correa no extensible de hasta 1,50 metros.
No pueden ser conducidos por menores de 16 años, ni por personas alcoholizadas o que presenten alteraciones psicofísicas que puedan impedir un manejo responsable.
En los domicilios, deben permanecer en espacios cerrados y seguros, con cercos o paredes resistentes que impidan que el animal pueda escapar.
La normativa establece además condiciones para los cercos, rejas y alambrados, de manera que el perro no pueda sacar el hocico hacia el exterior.
Otro de los requisitos establecidos es la contratación de un seguro de responsabilidad civil destinado a cubrir eventuales daños que el animal pudiera ocasionar.
También existe normativa municipal
En Alta Gracia existe además una normativa local que contempla distintas acciones vinculadas con el cuidado, control y salud de los animales, incluyendo campañas de prevención y educación sobre tenencia responsable.
La regulación municipal establece, entre otras cuestiones, el uso de collar, correa y bozal en la vía pública de acuerdo con las características del animal y contempla distintas acciones relacionadas con la prevención y el cuidado.
Según explicó Romagnoli, la normativa local no se centra exclusivamente en razas.
“Las normas siempre son perfectibles”, sostuvo, aunque consideró que también es necesario avanzar en una mayor difusión y control de las disposiciones existentes.
Responsabilidad compartida
Desde ADMA remarcaron que la prevención requiere un trabajo conjunto entre el Municipio, las instituciones y la sociedad, con especial énfasis en la educación y la tenencia responsable.
“Cuando decidimos sumar un animal a nuestras vidas es una experiencia maravillosa, pero requiere una gran responsabilidad y cuidados del animal y de la comunidad que integramos”, expresó Romagnoli.
La especialista también reconoció que, incluso tomando todas las precauciones, ninguna medida garantiza por sí sola que no pueda ocurrir una fatalidad, pero consideró fundamental trabajar sobre aquellos factores que sí pueden prevenirse y sobre el cumplimiento efectivo de las normas.
El debate vuelve a instalar así una pregunta central: ¿cómo fortalecer los controles y la responsabilidad de los propietarios para prevenir ataques y proteger tanto a las personas como a los propios animales?