La diputada nacional Carolina Basualdo presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone una reforma integral del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, incorporando herramientas tecnológicas, financieras y penales para fortalecer la prevención, el combate y la recuperación frente a incendios forestales y rurales.
La iniciativa se estructura sobre tres ejes centrales: la agilización del envío de recursos nacionales destinados al combate del fuego —beneficiando especialmente a las federaciones y cuarteles de bomberos voluntarios que intervienen en las emergencias — , la creación de un Sistema Nacional de Monitoreo y Alerta Temprana de Incendios con tecnología de última generación y la incorporación del delito de ecocidio al Código Penal.
“Los incendios ya no pueden abordarse únicamente desde la emergencia. Necesitamos una estrategia federal para gestionar el riesgo, que cuente con herramientas modernas para prevenir y que tenga capacidad para responder de manera inmediata cuando se produce un incendio forestal que pone en riesgo vidas y al ambiente”, sostuvo Carolina Basualdo.
Uno de los aspectos centrales del proyecto apunta a eliminar demoras burocráticas que hoy dificultan la llegada de fondos durante las emergencias. El proyecto modifica la Ley Nacional de Manejo del Fuego 26.815 para permitir transferencias automáticas de recursos a las jurisdicciones afectadas, habilitar contrataciones directas por urgencia y establecer mecanismos de control posteriores a la ejecución, priorizando la rapidez operativa durante el combate de incendios, estableciendo para ese fin un régimen de excepción.
“Cuando un incendio avanza no hay tiempo para esperar trámites administrativos. Cada hora perdida puede significar miles de hectáreas arrasadas, viviendas destruidas y vidas en riesgo. Los recursos deben llegar cuando se los necesita”, afirmó la legisladora. Además, señaló que la Nación adeuda a alrededor de 160 cuarteles de bomberos voluntarios de la Provincia de Córdoba fondos por más de 15.000.000.000 (quince mil millones de pesos), que están establecidos por ley mediante el Fondo Nacional de Manejo del Fuego.
La iniciativa también crea el Sistema Nacional de Monitoreo y Alerta Temprana de Incendios (SNMATI), una plataforma tecnológica que prevé la incorporación de imágenes satelitales de actualización permanente, inteligencia artificial, cámaras térmicas, drones, sensores de actividad eléctrica y modelos predictivos para detectar focos de incendio, monitorear el riesgo en tiempo real y anticipar el comportamiento del fuego en todo el territorio nacional. En ese sentido, Basualdo puso en valor la infraestructura con la que cuenta la Provincia de Córdoba, desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego y con el trabajo articulado con el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC), experiencia única en todo el país.
«Córdoba cuenta con 194 cuarteles de bomberos voluntarios con más de 5 mil hombres y mujeres, ETAC, Defensa Civil, Plan Provincial de Manejo del Fuego y 11 aeronaves entre aviones y helicópteros hidrantes, y con otros recursos estratégicos como monitoreo satelital, videovigilancia forestal, patrullaje de zonas de riesgo y con 33 pistas de aterrizaje en todo el territorio provincial, con un Gobierno Provincial que brinda todo su acompañamiento para que este sistema funcione adecuadamente», agregó
En materia penal, el proyecto incorpora la figura del ecocidio al Código Penal, estableciendo penas de prisión efectiva para quienes provoquen daños ambientales graves, extensos o irreversibles de manera intencional o con conocimiento de sus consecuencias. Asimismo, agrava las penas para quienes provoquen incendios en bosques nativos, áreas protegidas o zonas de alto valor ambiental.
Además, el proyecto incorpora instrumentos financieros innovadores, como seguros paramétricos y bonos, destinados a garantizar recursos inmediatos para bomberos y fuerzas de seguridad (viáticos, logística, etc.) y recursos para la posterior recuperación ambiental y de damnificados.
Basualdo explicó que la propuesta surge a partir de las experiencias registradas en los últimos años, donde los incendios forestales evidenciaron la necesidad de modernizar el sistema nacional de prevención y respuesta. “La Argentina necesita un esquema que combine prevención, tecnología, financiamiento ágil, y sanciones ejemplares para quienes destruyen deliberadamente nuestro patrimonio natural. En Córdoba tenemos una experiencia acumulada que se puede trasladar a todo el país”, concluyó.