La Justicia Federal declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Economía que eliminó la obligación de informar de manera oficial y en tiempo real los precios de los combustibles en todo el país.
El fallo fue dictado por el juez Alejo Ramos Padilla, quien dejó sin efecto la Resolución 717/2025 impulsada por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La medida había derogado el sistema vigente desde 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas, permitiendo así conformar una base de datos pública para que los consumidores pudieran comparar valores y denunciar irregularidades.
En su resolución, el magistrado sostuvo que eliminar ese mecanismo representa un retroceso en el derecho de los consumidores a acceder a información clara, adecuada y veraz.
Además, rechazó el argumento del Gobierno de que los precios pueden consultarse en los surtidores o mediante aplicaciones de las petroleras. Según explicó, esa información se encuentra dispersa, depende de cada empresa y no permite realizar comparaciones de manera sencilla entre las distintas estaciones de servicio.
El juez también advirtió que, en un contexto donde las petroleras aplican cambios de precios con mayor frecuencia mediante sistemas de “micropricing”, resulta aún más necesario contar con una herramienta pública, uniforme y actualizada.
La demanda había sido presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que cuestionó la eliminación del sistema por considerar que reducía la transparencia del mercado y debilitaba el control estatal.
Con este fallo, la Justicia entendió que el Estado debe garantizar un mecanismo oficial que permita a los consumidores acceder fácilmente a la información sobre los precios de los combustibles.