Este jueves 16 de julio, el Senado de la Nación se prepara para debatir uno de los proyectos que más controversia ha generado en los últimos meses. Bajo el nombre de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional propone, entre otras modificaciones, derogar la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida como Ley de Tierras.
Para sus detractores, la discusión trasciende una simple modificación legislativa. Sostienen que lo que está en juego es el control sobre uno de los recursos más estratégicos del país: la tierra.
La normativa vigente, sancionada en 2011, establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales del territorio nacional, provincial o municipal. Además, fija restricciones sobre la adquisición de superficies ubicadas en zonas consideradas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a recursos hídricos o áreas de alto valor ambiental.
El proyecto que debatirá este jueves el Senado propone eliminar esas limitaciones. Si obtiene la aprobación legislativa, desaparecerán los topes actuales para la compra de campos por parte de extranjeros, habilitando un régimen mucho más flexible para el ingreso de inversiones sobre tierras rurales argentinas.
La propuesta abrió un intenso debate político, económico y social.
Quienes respaldan la iniciativa aseguran que las restricciones actuales desalientan inversiones, limitan el desarrollo productivo y afectan el derecho de propiedad. Desde esa mirada, eliminar los límites permitiría atraer capitales, impulsar proyectos agropecuarios, forestales, energéticos y turísticos, generando empleo y crecimiento económico.
Del otro lado, organizaciones ambientalistas, especialistas en soberanía territorial, sectores políticos y entidades sociales advierten que la derogación podría acelerar la concentración de tierras en manos de grandes grupos económicos internacionales y facilitar la adquisición de zonas con recursos naturales estratégicos, como ríos, acuíferos, humedales, bosques nativos y áreas de enorme valor ambiental.
El debate también pone sobre la mesa una discusión histórica en Argentina: hasta dónde debe llegar la apertura a las inversiones extranjeras y cuál es el rol del Estado en la protección del territorio nacional.
Para muchos, la tierra no representa únicamente un bien económico. Es un recurso finito, estratégico y esencial para la producción de alimentos, el acceso al agua, la conservación ambiental y el desarrollo de las futuras generaciones. Por eso, consideran que flexibilizar su venta implica una decisión con consecuencias que podrían extenderse durante décadas.
La sesión prevista para este jueves será seguida con atención por gobernadores, productores rurales, organizaciones ambientales, cámaras empresarias y distintos sectores políticos, ya que su resultado podría modificar de manera significativa el régimen de propiedad de las tierras rurales en Argentina.
Más allá del desenlace legislativo, el debate vuelve a instalar una pregunta que atraviesa la historia del país: ¿la tierra debe ser considerada únicamente una propiedad privada o también un recurso estratégico cuya protección forma parte de la soberanía nacional?